“Abuso y exceso de poder” fueron las palabras que utilizó la directora de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda, Marcia Senattore, con relación a la gestión de la cabildante Irene Moreira, que adjudicó viviendas de forma directa cuando se desempeñaba como titular de la cartera. Pese a nuevos elementos que incriminan a Moreira, que se suman a lo que informó el nuevo ministro, Raúl Lozano, el 1º de marzo, para el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos –esposo de Moreira–, “las conclusiones son las mismas que las del primer día”, por lo que “no hubo ninguna acción ilegítima”.

Según Manini Ríos, no hubo “ninguna acción de mala fe” ni “ningún perjuicio al Estado” por parte de Moreira. “Lo que se hizo, se hizo dentro de una normativa vigente. Podrá arrojar la investigación que hubo una interpretación errónea, que fue lo que la propia exministra dijo públicamente que pudo haber ocurrido”, sostuvo el precandidato, quien agregó que “cuando el servicio dijo que tal pedido no calificaba, no se siguió adelante. Ella pidió que quedara en el expediente para que hubiera cristalinidad”.

Este martes fue entrevistado en Desayunos informales el ministro Raúl Lozano, que fue quien pidió la investigación tras la salida de Moreira de la cartera. Lozano dijo que las funcionarias a cargo del estudio le aseguraron que no había ilegalidad, pese a las irregularidades, lo que quiere decir que no estarían dispuestos a presentar una denuncia penal.

“No tuve conocimiento de la investigación hasta que llega a mis manos y ahí se me crea esa duda [de si debía elevar una denuncia]. Ahí llamo a la investigadora y me dice que de ninguna manera: una cosa es el abuso de funciones, que sí puede ser catalogado como delito, y otra es abuso de poder”, afirmó. A su vez, sostuvo que “solamente” se entregó una vivienda de arrendamiento con opción a compra. “Las otras cinco son de adjudicación temporal, transitoria y son revisables o revocables. De ellas, tres renunciaron o se les revocaron, y las otras dos son por casos de violencia de género”, apuntó.

Exdirector de Vivienda: se “confirma” que las adjudicaciones “estaban por fuera de todo procedimiento”

Por su parte, el exdirector de Vivienda del Frente Amplio Salvador Schelotto dijo que con estos nuevos elementos “quedan claras algunas cosas”: la primera es que se “confirma” que las adjudicaciones que se habían realizado “estaban por fuera de todo procedimiento”. Schelotto recordó que esto trató de ser desmentido y se apuntó a algunas normas que “supuestamente” amparaban algo que “es absurdo, que no existe”, en alusión al “cupo” de la ministra para adjudicar viviendas, basado en una resolución de 2009.

“Claramente, esto no es así y queda confirmado. En todo caso, se hace referencia a algo muy distinto, que es que en algunos programas del ministerio se hace una reserva de unidades para poder ser usadas en lo que se llama 'emergencia habitacional crítica', es decir, para asignar a familias o a personas que están en una situación de las que hay que sacarlas de inmediato; y con un informe social, con un expediente, con una derivación técnicamente validada e institucional, pueden acceder a una solución transitoria o definitiva”, indicó.

Para Schelotto, esta regulación, que tiene que ver con “cosas absolutamente distintas a las que se manifestaron” en las adjudicaciones de la ministra, “no tiene un sustento conceptual, no tiene correlación y queda claro en esta investigación”. Por lo cual, dijo, queda de manifiesto, “más que una discrecionalidad de la jerarca, una arbitrariedad que excede a sus competencias”.

Finalmente, señaló que esto deja de manifiesto, por un lado, un “desconocimiento”, y por otro, una “inexperiencia” en la gestión pública, porque genera “procedimientos paralelos, absolutamente distorsionando todo lo que es la igualdad de los postulantes ante una posible adjudicación”.