Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó este martes de manera definitiva la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Se trata de un acuerdo internacional que es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que el Parlamento uruguayo trató pero no ratificó en cuatro oportunidades: durante los gobiernos de Luis Lacalle Herrera (1991), Julio María Sanguinetti (1997), Jorge Batlle (2002) y Tabaré Vázquez (2017).

El proyecto de ley de adhesión al PCT fue aprobado con los votos de los 21 legisladores presentes en sala. El senador del Frente Amplio (FA) Mario Bergara sostuvo que “es hora de avanzar” en un tema que “es cada vez más importante” y que “se viene postergando desde hace aproximadamente 30 años”. Dijo que la suscripción al acuerdo es “fundamental en la mirada del mundo actual y por donde un país como el Uruguay tiene que seguir avanzando”.

A grandes rasgos, el PCT es un acuerdo internacional, que ya ha sido ratificado por 157 países, mediante el cual se simplifica el proceso de patentamiento, dado que los estados adheridos al PCT inician en simultáneo el proceso de patentamiento cuando existe una solicitud de patente en una oficina de propiedad intelectual, evitando así repetir el trámite en cada país.

Bergara indicó que actualmente, “sin integrar este acuerdo”, los investigadores uruguayos “deben presentar una solicitud de patentamiento en cada uno de los países de interés, realizando cada uno de los trámites y pagando cada traducción, cada tasa, cada intervención de abogados”. En cambio, dentro del PCT, “se presenta una única solicitud, indicando en qué países interesa que se gestione” la patente, obviando así “una cosa engorrosa y costosa”, explicó el senador del FA.

Según Bergara, debido al sistema actual, “importantes desarrollos nacionales han sido patentados en otros países para aprovechar las ventajas” que otorga el PCT. Además, afirmó que la adhesión al tratado “no implica que Uruguay deba conceder patentes distintas de las que aprobaría sin ser parte del tratado”, es decir, “sigue rigiendo el criterio y la legislación nacional en cuanto al otorgamiento de patentes en nuestro país”.

Por último, el senador del FA apuntó que “las instituciones más relevantes” del área de la ciencia, la tecnología y la innovación, como la Universidad de la República y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, entre otras, “ven con buenos ojos este proceso”. El proyecto de ley había sido aprobado la semana pasada, también por unanimidad, en la Cámara de Diputados.

La aprobación del tratado en el Parlamento era uno de los principales objetivos que se había planteado el Ministerio de Industria para el último tramo del actual período de gobierno. En tal sentido, la titular del MIEM, Elisa Facio, expresó en X que la inclusión de Uruguay al PCT es “un reflejo del compromiso de nuestro país con la innovación y el desarrollo tecnológico” y “un hito fundamental para dar más oportunidades a nuestros inventores e impulsar la economía del conocimiento”.

Por su parte, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi celebró que el acuerdo se haya aprobado después de “30 años [desde] que estamos dando vueltas”.

“Presión tácita” y “mecanismo de dominación”

Pese a la unanimidad, hubo algunas advertencias sobre los eventuales efectos del PCT, y también algunos cuestionamientos directos. El senador del FA José Nunes (Partido Socialista) hizo “dos precisiones”. En primer lugar, afirmó que la adhesión al tratado “nos compromete como estado a una responsabilidad mayor”, por lo cual resulta necesario “fortalecer nuestras oficinas de patentes”.

“El tratado preserva nuestra autoridad nacional para reconocer los patentamientos, pero esa autoridad va a estar sometida a la presión tácita de quienes quieran patentar acá; si nosotros no fortalecemos nuestros recursos para estudiar el otorgamiento de patentes en función de nuestra visión nacional, vamos a terminar, como en otros temas, siguiendo la pauta de países mucho más poderosos, que no persiguen necesariamente nuestros intereses”, expresó Nunes.

En segundo lugar, el senador del FA señaló que “para que haya innovación tecnológica” no basta con registrar una patente, “sino que tiene que haber un desarrollo y una producción de eso que se inventa y se patenta”, lo que a su vez requiere “el respaldo de las políticas públicas”.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo que votó a favor del PCT “sin entusiasmo” y “con mucho desgano”. En su intervención, Domenech se remontó mucho más allá de 30 años atrás. Dijo que “en algún momento” fuimos “un gran estado”, pero “por ingenuidad nos comimos el verso del libre comercio y abrimos nuestro comercio, cuando éramos un gran estado que se autoabastecía”. A su entender, “estos tratados son una muestra de cómo los grandes poderes económicos del mundo someten a las pequeñas naciones como la nuestra”.

El senador cabildante sostuvo que, mientras Uruguay “no tome conciencia de la necesidad de la integración”, estará “sometido a estos condicionamientos que lesionan nuestras posibilidades de futuro”. “Son mecanismos de dominación instalados a nivel universal”, remató.

La advertencia de los laboratorios nacionales

A fines del año pasado, en el marco del tratamiento que tuvo el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología recibió a una delegación de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), encabezada por su director ejecutivo, Álvaro Martínez.

Aunque aclaró que la ALN no tenía una posición contraria en cuanto a la inclusión de Uruguay al PCT, Martínez alertó sobre las consecuencias que podría tener la aplicación del tratado en el país. Señaló que “en la realidad actual, sin PCT y sin nada, vemos que se solicitan patentes que no tienen altura inventiva”; a modo de ejemplo, mencionó que “se ha pretendido patentar un ibuprofeno con gusto, o sea, con saborizante”.

“¿Qué ocurre? Cuando ingresen productos por PCT -que es lo que nos preocupa-, si la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial [del MIEM] no tiene el criterio de aplicar en los tiempos que correspondan las condiciones que la ley uruguaya establece -que es novedad, altura inventiva y aplicación industrial-, se pueden colar patentes que no son patentes”, advirtió Martínez, y agregó que “ya en el régimen actual estamos viendo que se están colando y se pretenden colar estas cosas”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

Martínez apuntó además que 78,4% de los procedimientos de PCT son utilizados por Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y Alemania. “¿A quién beneficia esto? Vamos a ser bien claros: no beneficia a los países en desarrollo”, afirmó.

El abogado Ricardo Olivera, que integró la delegación de la ALN, añadió que, si bien el tratado “se plantea como dar una oportunidad a los innovadores uruguayos para acceder al mundo”, no hay que perder de vista que se trata de “una ruta de doble mano”, ya que el tratado autoriza a que “empresas del mundo usen este mecanismo para patentar en el Uruguay”.