Con el voto afirmativo de dos edilas del Frente Amplio (FA), se aprobó este martes en la Junta Departamental de Rocha (JDR) un fideicomiso por 40 millones de dólares, a pagarse en 15 años, para ejecutar un “shock de infraestructura” en el departamento. El fideicomiso será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El fideicomiso fue votado por los 19 ediles del Partido Nacional (PN) y por las curules opositoras Susana Núñez, del sector Asamblea Uruguay, y Graciela Fonseca, del sector Baluarte Progresista. El ingreso del proyecto a la JDR ocurrió días después de que el FA presentara una contrapropuesta y se entablara una negociación con el gobierno departamental encabezado por el intendente nacionalista Alejo Umpiérrez.

El presidente de la JDR, Miguel Sanguinetti, afirmó que la contrapropuesta del FA era un “fideicomiso totalmente diferente al que el intendente les había ofrecido”. Las condiciones de Umpiérrez, mencionó el edil nacionalista, eran que el plazo y el monto del fideicomiso permanecieran igual, algo que la propuesta del FA modificaba “sustancialmente”. Por lo tanto, “había que darle un cierre a la situación”, y “por la positiva o por la negativa, ingresar el proyecto original”.

Desde el oficialismo se entendió que la negociación “había naufragado” en el momento en que el FA marcó “una conferencia de prensa para una hora después de que se reunía con el intendente a negociar”, dijo a la diaria Sanguinetti. Para el edil nacionalista, la conferencia “marcaba claramente que ya tenían una postura determinante tomada sobre el asunto, y así fue”.

“Cuando hacés una conferencia de prensa y anunciás lo que pretendés, no estás negociando: estás diciendo lo que quieres que se haga, estás cerrando la negociación”, dijo por su parte Umpiérrez, en declaraciones consignadas por el medio local InfoRocha.

En diálogo con la diaria, el senador del FA y exintendente rochense Aníbal Pereyra sostuvo que, así como Umpiérrez “hizo público su fideicomiso”, el FA pretendió dar a conocer su contrapropuesta. En ese sentido, consideró “preocupante” que el gobierno departamental afirme que “el motivo para no seguir las negociaciones es que el Frente le comunique a la población”.

El senador frenteamplista consideró que “Rocha se perdió la oportunidad de aprobar el fideicomiso con 31 votos” y sostuvo que la actitud del oficialismo denota “que nunca hubo interés de negociar”. En cambio, lo que buscó la intendencia fue “quebrar” al FA para conseguir los votos necesarios y poder decir que “el FA no quería votar y quienes votaron fueron unos héroes que van a salvar a Rocha”.

Fonseca, una de las dos edilas del FA que votaron a favor del fideicomiso, explicó a la diaria que había definido que votaría el primer fideicomiso que llegara a la JDR. “A mí quien me vota es la gente, y yo a la gente le debo obras, le debo todo lo que puedo hacer por ellos”, sostuvo. Si bien reconoció que la “agarró de sorpresa” la entrada del proyecto, explicó que, “dado el caso que no se llegó a un acuerdo, tomé la decisión” de acompañar el fideicomiso. La edila señaló que, tras su voto, recibió el respaldo de Humberto Castro, referente de su sector dentro del FA, quien le dio “totalmente su apoyo en todas las decisiones que tomara”.

Por su parte, a través de una carta publicada por Rocha Noticias, la edila del FA Núñez informó que, debido a las declaraciones públicas de algunos referentes de su sector, decidió “dar un paso al costado” y declararse frenteamplista independiente. En un comunicado, Asamblea Uruguay Rocha acusó a Núñez de “actuar a espaldas” del partido y del sector, y lamentó “que intereses ajenos al compromiso colectivo y al bienestar del pueblo rochense hayan derivado en una conducta política que rompe la confianza, vulnera los acuerdos y compromete el futuro financiero del departamento”.

En su carta, Núñez también repudió “las presiones, amedrentamientos, hostigamientos y faltas de respeto” que, tanto ella como Fonseca, “sufrimos durante la sesión de la Junta y posteriormente en redes sociales y grupos de Whatsapp”.

En tal sentido, Sanguinetti señaló que al momento de la votación “se dio un clima bastante enrarecido”, que derivó en “situaciones desagradables con actores externos a la Junta, integrantes de la Mesa Política del FA, militantes y personas que entraron al recinto de la sala” e increparon a las edilas. Sanguinetti contó que debió desalojar el recinto de la Junta cuando Ana Claudia Caram, actual subsecretaria del Ministerio de Turismo y referente del sector Asamblea Uruguay, “claramente hizo un hostigamiento visible a Núñez para que se levantara de la banca y dejara pasar al suplente”.

Sanguinetti sostuvo que la bancada del PN no tenía expectativas de que ediles frenteamplistas acompañaran el proyecto. En ese sentido, consideró “una valentía de ellas salirse de esa estructura rígida”.

Diferencias entre las propuestas

El fideicomiso establece que alrededor del 40% del repago provenga de los ingresos provenientes del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive), lo que permitiría pagarlo a los 12 años –es decir, tres años antes del plazo–, explicó Sanguinetti. La propuesta del FA, en tanto, planteaba dos etapas de ejecución, a diez años cada una, condicionando la segunda a “la previa y total finalización” de la primera etapa, así como a algunas condiciones financieras, como la “reducción del déficit acumulado a 400 millones de pesos en la rendición de cuentas para el período 2027”.

Al respecto, Pereyra dijo que era “un mecanismo de abatir el déficit, que es disparatado como está”. Para Sanguinetti, en cambio, eso “iba a ser realmente imposible de cumplir”, porque desde el período pasado “el Tribunal de Cuentas determina que los fideicomisos se imputan al déficit acumulado de la intendencia”, por lo que, “al tomar un fideicomiso por 20 millones de dólares, automáticamente el déficit de la intendencia iba a tener 800 millones de pesos dentro solamente de fideicomisos”.

El senador del FA consideró que “el gran motivo por el cual el intendente ni siquiera responde a nuestra propuesta” es que incorporaba un capítulo vinculado al control de calidad de obra, dado que bajo el fideicomiso del período anterior hubo “obras que se presupuestaron por 800.000 dólares y salieron 1.600.000 dólares”, como otras que “se proyectaron y no se hicieron por el sobrecosto desproporcionado”. En ese sentido, plantearon un mecanismo para que el fideicomitente “proporcione toda la parte de control externo de obra con técnicos”.

La contrapropuesta también modificaba algunas obras incluidas en el fideicomiso e incorporaba maquinarias para los municipios.