En medio de la polémica por la resolución del gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard, firmado por la anterior administración para la construcción de dos buques Offshore Patrol Vessel (OPV) por 82 millones de euros, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, compareció este martes ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, que tiene a estudio el proyecto de ley de presupuesto quinquenal.
En su exposición inicial, Lazo mencionó que entre los “compromisos asumidos” por las actuales autoridades por parte del anterior gobierno figuran “las OPV, los aviones Tucano, los cuatro contratos referidos a radares –dos en la Fuerza Aérea Uruguaya y dos en la Dinacia– y las inversiones en vehículos multipropósito del Ejército”. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, la ministra indicó que, para este año, todo esto implica pagos por un total de 74 millones de dólares.
El director general de Recursos Financieros del ministerio, Luis Lagaxio, señaló que, en total, el costo de las patrullas oceánicas adjudicadas a Cardama es de 100 millones de dólares. Mencionó que en febrero de este año se hizo un pago de ocho millones de dólares, y en junio, otro desembolso de 12 millones de dólares.
Asimismo, Lagaxio aportó en la comisión algunos datos sobre el funcionamiento previsto de los buques OPV, con base en información que fue proporcionada por la Armada Nacional. “El estimado en función de la información disponible era que, para que funcionen todo el año, a razón de diez días por mes, sólo en combustibles y lubricantes implicaría alrededor de 200 millones de pesos anuales cuando estuvieran las dos en funcionamiento, lo que significa triplicar el presupuesto actual en combustible que tiene la fuerza”, apuntó.
Al respecto, el senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Defensa Nacional Javier García, quien en el período pasado firmó justamente el contrato con Cardama, dijo en la comisión que “es lógico que cuando no se patrulla o no se hace una actividad el gasto es cero”. “Cuando se empieza a trabajar hay consumos que es necesario prever; creo que es una forma responsable de plantear el análisis presupuestal, lo que destaco mucho”, expresó, en referencia a la intervención de Lagaxio.
“Seamos civilizados, ¡por favor!”
No fue el único comentario que hizo García con respecto a los buques OPV. El senador del PN preguntó, por ejemplo, cuál es la posición de Lazo en torno a la reciente resolución del Poder Ejecutivo. “Como no hemos escuchado la opinión de la ministra, quisiera saber qué opina sobre esta rescisión y si ella entiende que hay margen para poder reencauzar [el contrato], en virtud justamente de la necesidad, en la que todos coincidimos, del patrullaje como interés nacional y por aspectos de la seguridad de nuestro país también”, expresó.
García también pidió información sobre “los antecedentes en materia de inspección y de auditorías de construcciones navales y de astilleros de las personas que están informando a la ministra” desde Vigo, España.
Antes de que Lazo pudiese contestar, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani señaló que el oficialismo había resuelto “no entrar en el fondo del asunto”, en vista de que el PN ya ha anunciado su intención de interpelar a Lazo por este asunto. En tal sentido, dijo que el FA está dispuesto incluso a interrumpir el tratamiento del presupuesto para llevar a cabo la interpelación. “Lo podemos hacer el día de hoy, mañana o cuando ellos definan”, apuntó.
Esto no le cayó precisamente bien al senador del PN Sergio Botana. “Estoy bastante sorprendido con lo que estamos viviendo. Yo nunca había asistido a una mordaza a un senador”, manifestó, y afirmó que las preguntas de García correspondían al tema de la comisión, es decir, el presupuesto, porque “estamos hablando de la inversión en las lanchas para hacer el patrullaje”. “Yo pregunto, ¿quién de los integrantes de la bancada de gobierno se siente con el espíritu de censurar las preguntas de un senador? Eso no se le ocurriría… A la dictadura militar, tal vez”, deslizó.
“¡Más respeto, señor senador!”, exclamó enseguida la senadora del FA Liliam Kechichian. “Si realmente cree que lo que está sucediendo hoy aquí es eso, no conoce nada de la dictadura”, aseveró. Kechichian sostuvo que la postura del FA no supone “nada de mordaza” ni “nada de taparle la boca a nadie”. “El mejor ámbito y más profundo para sacarse todas las dudas que pueda haber sobre un episodio concreto es una interpelación”, señaló.
El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry intentó encauzar la discusión. “Ya pasamos, no hace mucho, por un incidente desagradable en el Senado de la República; no revivamos malos momentos, seamos civilizados, ¡por favor!”, reclamó.
De todos modos, Bordaberry consideró que las preguntas que formuló García fueron pertinentes, dado que “si la ministra entiende que hay que rescindir el contrato, obviamente no se van a tener que pagar 70 millones de dólares más”.
En esa línea, el senador del PN José Luis Falero señaló que, “si de alguna manera ya hay una decisión, o por lo menos una mirada, de la señora ministra que haga pensar que esto que se anunció el jueves pasado sobre la rescisión del contrato se va a llevar adelante, podríamos pensar en redistribuir ese dinero dentro del presupuesto, porque, aparentemente, no se va a necesitar”.
Esto último fue celebrado por la senadora del FA Bettiana Díaz: “A mí me alegra mucho el anuncio por parte del senador Falero en cuanto a que quiere redistribuir los recursos que estaban previstos para Cardama. Me parece una muy buena noticia que el Partido Nacional anuncie eso en la comisión”.
Finalizado el intercambio entre los legisladores, Lazo volvió a tomar la palabra. Afirmó que su posición es la de la resolución final de la notificación del gobierno enviada el lunes al astillero español. La ministra leyó: “Con respecto a este tema, se han dispuesto acciones civiles, penales y administrativas pertinentes para la protección, defensa y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay”. Afirmó, además, que durante la interpelación responderá “absolutamente todo”.