La implementación del impuesto mínimo a la renta global –dirigido a las empresas multinacionales con una facturación anual superior a los 750 millones de euros– fue una de las primeras innovaciones del presupuesto quinquenal en ser adelantadas por el Ejecutivo. Fue planteada a la diaria, en junio, por el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, como un tributo que las empresas reclamaban poder pagar en Uruguay, en lugar de en los países donde están ubicadas sus casas matrices. Rápidamente, se convirtió en uno de los elementos del presupuesto más criticados por la oposición, incluso antes de que el Poder Ejecutivo lo remitiera al Parlamento; y, en el poco más de un mes desde que comenzó su tratamiento, surgieron otras voces críticas, como la de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay.

Esta semana, durante su segunda comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, el equipo económico liderado por el ministro Gabriel Oddone planteó la exoneración del pago del impuesto para las empresas que operan en zonas francas de Uruguay y cuya casa matriz se ubica en un país que no forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En la comisión Oddone hizo referencia a conversaciones que han mantenido con ese organismo internacional, que promueve la aplicación del tributo, por las cuales, “hemos logrado que la OCDE reconociera que en Uruguay hay regímenes preexistentes, en los cuales el país tiene compromisos con empresas establecidas en nuestro territorio, que hacen que tengan compromisos de estabilidad tributaria garantizados por ley, que para nosotros constituyen una restricción inviolable”, expresó el ministro, según consta en la versión taquigráfica.

Las zonas francas son áreas delimitadas dentro del territorio nacional en las que se otorgan determinados “beneficios fiscales y ventajas aduaneras” a las empresas que allí se instalan, las cuales se comprometen a “contribuir a los objetivos del régimen de zonas francas de Uruguay, que son generar empleo, inversión y contribuir a las exportaciones del país”, explicó Enrique Buero, presidente de la Cámara de Zonas Francas, en entrevista con la diaria Radio.

En Uruguay hay 15 zonas francas autorizadas: 12 están operativas y 3 están en distintas fases de construcción, indicó. Algunas de ellas corresponden a grandes proyectos industriales –UPM1, UPM2 y Montes del Plata– a los que se les otorgó una zona franca específica y tienen una doble condición: “Ser desarrolladores de zona franca y ser una empresa de plaza que paga todos sus impuestos y provee infraestructura”, explicó Buero.

Buero: “La neutralidad la termina definiendo la empresa que tiene esos derechos adquiridos”

Con base en distintas estimaciones, Buero señaló que en Uruguay hay alrededor de 50 empresas multinacionales con facturación, a nivel global, igual o superior a los 750 millones de euros, pero no todas ellas provienen de países que hayan suscrito el acuerdo con la OCDE para la implementación del tributo.

El presidente de la cámara sostuvo que la discusión sobre el impuesto “es mucho más amplia” que el número de empresas que alcance: es sobre “cómo estamos defendiendo y cuidando la seguridad jurídica de Uruguay, las reglas de juego claras, el respeto por los contratos vigentes, que es el principal activo que tiene Uruguay para salir a captar inversión en el extranjero”, afirmó.

Buero consideró que el tributo “es inoportuno”. En primer lugar, porque “no es el momento de que Uruguay acelere en implementar este impuesto”, cuando sólo 53 de los 143 países que adhirieron lo han hecho; en segundo lugar, porque “la OCDE no tiene facultades vinculantes sobre Uruguay”. “Estamos todos convencidos de que esto es un desafío a la competitividad para captar y retener inversiones”, aseveró.

A su vez, planteó que en los términos en los que se prevé implementar el impuesto, la cámara entiende que “no se está dejando en claro el respeto por los contratos vigentes, los derechos adquiridos, las reglas de juego claras”, lo que “termina siendo incluso más preocupante”.

Sobre las modificaciones planteadas por el equipo económico, Buero señaló que debe “estar a texto expreso en la ley que se respetarán los derechos adquiridos o los contratos vigentes” de las empresas que están amparadas por la Ley de Zonas Francas. Asimismo, que si el impuesto se aplica, las empresas que quieran pagarlo en Uruguay “entren en una conversación con el gobierno” para “desistir de sus derechos adquiridos”.

La cámara considera que no es correcto que se imponga el artículo. Por el contrario, entiende que es válido que una empresa, por las razones que sea, decida: “A mí me sirve pagar este impuesto en Uruguay, tengo un contrato vigente con derechos adquiridos, pero estoy dispuesto a dejarlo de lado y firmar un nuevo contrato con este impuesto ya vigente”, planteó Buero.

“Si queremos implementar este impuesto y vamos adelante con la implementación del impuesto, [debemos] hacerlo de una manera en la que Uruguay no ponga en duda que es un país que respeta los derechos adquiridos y la seguridad jurídica de las inversiones”, reafirmó.

“No se le puede dar a este impuesto un efecto retroactivo y un efecto que vaya contra lo que claramente la Ley de Zonas Francas establece en blanco y negro”, agregó. Más allá de la comparecencia en la comisión, el presidente de la cámara reafirmó que la redacción del presupuesto no da certezas de “cómo, ni cuándo, ni con qué alcance” se implementará, por lo que afirmó: “No nos aporta demasiado en materia de seguridad jurídica, en tener las cosas claras y por escrito en una ley”.

Desde el gobierno se ha defendido que el impuesto consiste en localizar en Uruguay un tributo que las empresas ya pagan en sus casas matrices, por lo que tiene una especie de efecto neutro en materia de carga impositiva. “Es una competencia entre la DGI [Dirección General Impositiva] del país y la DGI de otros países del mundo”, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hace unas semanas en la diaria Radio.

Para Buero, si bien es “una aproximación razonable al tema”, el problema de fondo es que “hay que respetar los contratos vigentes”. “A nuestro entender, en la medida en que haya derechos adquiridos y contratos vigentes en Uruguay, la neutralidad la termina definiendo la empresa que tiene esos derechos adquiridos, y esa es la manera correcta en que se tiene que manejar Uruguay en este tema”, sostuvo.