Los legisladores del Partido Colorado (PC) mantuvieron una reunión bicameral esta mañana para definir su postura final sobre el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, las propuestas de reasignaciones y las modificaciones del articulado, de cara a la votación en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que comenzó este lunes a las 13.00.
En una conferencia de prensa, los diputados colorados confirmaron su posición contraria a las modificaciones tributarias, como la aplicación del IVA a las compras web en el exterior y el impuesto mínimo global a la renta. El Partido Nacional (PN) ya había definido que no acompañará el capítulo impositivo, por lo que la negociación entre el oficialismo y Cabildo Abierto (CA) será determinante.
A diferencia del PN y CA, el PC no ha asegurado su apoyo a la votación general del proyecto y lo condiciona a la respuesta del oficialismo a sus propuestas. El diputado Gabriel Gurméndez sostuvo que el proyecto, tal como está, “no es de nuestra satisfacción” y que su partido tiene “exigencias que son ineludibles para nuestra definición hacia el jueves”, día en que comenzará la votación en el plenario de la cámara baja.
En diálogo con la diaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez lamentó que el oficialismo no haya tenido “ninguna intención de negociar con nosotros” y consideró que “habría sido bueno que se hubiera acercado para ver cuáles son las prioridades del Partido Colorado y ver si había coincidencia con esas prioridades”. Rodríguez –al igual que el nacionalista Sebastián Andújar en una rueda de prensa– afirmó que el gobierno “es mano”, incluso a “la hora de buscar los fondos”, porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el que “tiene que dar señales de que procura que todo el sistema político acompañe por lo menos determinadas políticas públicas que quiere implementar el gobierno del Frente Amplio”.
Los colorados propusieron una reformulación de los cambios propuestos para el sistema del secreto bancario, con el fin de que “se pueda garantizar los derechos de las personas” y, al mismo tiempo, que la Dirección General Impositiva, ante determinadas situaciones, “pueda acceder a esa información siempre que exista un procedimiento judicial que articule la defensa y siempre que exista la presencia de un juez”, explicó el diputado Conrado Rodríguez.
En cuanto al impuesto mínimo a la renta global –que grava con el 15% a las empresas multinacionales de facturación anual superior a 750 millones de euros–, el PC considera que debería “desglosarse” del proyecto de ley de presupuesto nacional y ser tratado en comisión, únicamente si se garantiza “el cumplimiento de las exoneraciones ya otorgadas y la seguridad jurídica que Uruguay ya ha brindado a los inversores”, en el marco del régimen de zonas francas, explicó Gurméndez.
El Ministerio de Economía y Finanzas planteó la semana pasada una modificación al tributo, por la cual se exoneraría del pago a las empresas que operan en zonas francas de Uruguay y cuya casa matriz se ubica en un país que no forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es el organismo internacional que promueve la aplicación de dicho tributo. El planteo de los colorados es que sean excluidas del alcance del tributo tanto las empresas que, a la fecha de la eventual entrada en vigor, se encuentren amparadas por los beneficios de las zonas francas, como aquellas que lo hagan con posterioridad, “siempre que no procedan a relocalizar, total o parcialmente, el pago del impuesto mínimo global en territorio nacional”.
Por su parte, el PN, manifestó Andújar, sostiene que no acompañará “todo lo que tiene que ver con reforma tributaria, con impuestos” ni planteará “en ningún momento desglosarlo o llevarlo a un trabajo de otra comisión”. “No es el momento del país para impulsar esas modificaciones; puede haber otro momento. Para nosotros, hoy no es. Entonces no vamos a plantear esa alternativa”, afirmó.
Con respecto a la negociación entre CA y el oficialismo, Andújar cuestionó que el primero condicione su acompañamiento a los tributos propuestos “a un apoyo a lo que es el escalafón de soldados militares para que tengan mayores ingresos”. Consideró que, si bien “está bien la reivindicación”, “no tiene nada que ver”.
Propuestas de reasignación del Partido Colorado
Por otro lado, el PC marcó las áreas del presupuesto que, a su entender, deberían ser reforzadas. “Hemos estado visualizando lugares donde entendemos que no se ejecutan todas las partidas, donde se pueden pasar a otros organismos donde realmente son necesarias”, acotó Rodríguez. Las áreas prioritarias para los colorados son: la educación –principalmente en cuanto a la descentralización y el acceso a becas en la educación terciaria–, el sistema de ciencia, innovación y tecnología, la seguridad pública, el sistema de justicia y el fomento del empleo.
Con respecto a la educación, el diputado Felipe Schipani afirmó que el presupuesto es “de recorte a la educación pública” y que, en ese sentido, “estamos planteándole al gobierno reasignar partidas para los tres entes educativos, para la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], para la Udelar [Universidad de la República] y para la UTEC [Universidad Tecnológica], sabiendo que vamos a estar lejísimos de lo que estos entes piden y se merecen”. sostuvo. Para la ANEP, los colorados proponen la creación de 40 cargos de maestros de apoyo para educación inclusiva entre Secundaria y la educación técnica, así como que se consolide un Plan Nacional de Alfabetización en Cárceles, para lo cual plantean la asignación de 600 horas docentes semanales mensuales a costo del cuarto grado. A su vez, el foco de las propuestas en materia de ciencia es que se fortalezca el presupuesto del Instituto Clemente Estable, a partir de la reasignación de partidas dentro del Ministerio de Educación y Cultura, y que se reasignen recursos a la Udelar.
En materia de seguridad, proponen asignar recursos durante el quinquenio para la incorporación de 1.000 efectivos policiales adicionales –500 en la Guardia Republicana–, crear un grupo de trabajo para la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación y asignar recursos para la inclusión en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística del módulo de Victimización.
En cuanto al sistema de justicia, atendiendo a la relevancia que tomó el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación a partir del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el PC planteó duplicar sus recursos de 17 millones de dólares a 34 millones, “reasignando parcialmente partidas asignadas”, por ejemplo, las del Instituto Nacional de Colonización, como propuso la semana pasada el senador colorado Pedro Bordaberry. En una rueda de prensa, el diputado del Frente Amplio (FA) Alejandro Zavala, sostuvo que descartan “de plano” la reasignación de recursos de Colonización. El PC también propuso la creación de nuevas fiscalías contra el crimen organizado, así como de juzgados especializados de género.
En cuanto al fomento del empleo, los colorados entienden que el MEF debe trabajar para extender a la industria nacional los beneficios fiscales otorgados a comercios de frontera recientemente, con el objetivo de “fortalecer la producción nacional frente a la competencia desleal que en diversos sectores de actividad queda en evidencia”.