Este miércoles la Embajada de Estados Unidos en Uruguay publicó un nuevo informe sobre trata de personas que concluyó que el gobierno “no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”. La sede diplomática es liderada por el empresario uruguayo-estadounidense Lou Rinaldi, quien presentó sus cartas credenciales al presidente Yamandú Orsi el 30 de setiembre.

No obstante, el informe también advirtió que se están tomando “medidas importantes para lograrlo” y que la administración demostró “haber trabajado más en el tema en comparación al período del informe anterior”, que se elaboró en 2024 y ubicó al país en la “lista de vigilancia” del nivel 2. En la medición actual Uruguay logró abandonar la zona de riesgo.

La embajada destacó hitos positivos como el hecho de “condenar a más tratantes”, identificar “hombres adultos víctimas de trata con fines de explotación laboral”, coordinar la “prestación de servicios a víctimas con organismos internacionales”, “tomar medidas para reducir la vulnerabilidad de los migrantes” y “derivar a mujeres víctimas a oficinas territoriales” y a otras redes de contención.

También celebró las capacitaciones que brindó el Ministerio del Interior (MI) y el intercambio de información entre funcionarios policiales “con homólogos extranjeros de Argentina, India y Venezuela”, así como algunas de las acciones que implementó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por intermedio del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas (CNTE), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Inmujeres, distintas ONG y la Fiscalía General de la Nación, que “ordenó a sus unidades de violencia basada en género que priorizan la investigación de delitos de trata”.

Sin embargo, señalaron las acciones cuya implementación aún está pendiente, como “buscar continuamente indicadores de trata en poblaciones vulnerables”. También alertaron sobre la ausencia de condenas por delitos de trata con fines de explotación laboral y por la utilización de “procedimientos operativos que no incluyeron lineamientos adecuados para apoyar a víctimas de sexo masculino y víctimas de trata” con ese fin. Advirtieron, en la misma línea, que el gobierno “no tuvo ningún servicio especializado para hombres” ni “refugios exclusivos para víctimas de trata”, sino que el Departamento de Migrantes del Mides ocupó este rol en el primer caso y se emplearon hoteles, refugios u hogares para otras poblaciones en el segundo.

En el apartado sobre prevención del informe advirtieron que “el plan de acción nacional 2022-2024” del CNTE “venció a fines de diciembre de 2024” y el organismo “no tuvo un presupuesto de funcionamiento”. También indicaron que el gobierno “organizó una cantidad limitada de actividades para promover la concientización” y presentó la trata “como un subtema en programas más amplios”. Al mismo tiempo, evaluaron que hay una mayor vulnerabilidad ante la trata en el interior del país, “donde el trabajo de monitoreo y lucha tiene un alcance limitado”.

Frente a este panorama, impulsó una serie de “recomendaciones”, entre ellas aumentar el número de servicios y refugios, “especialmente para víctimas varones y personas del interior del país”, y mejorar la búsqueda de indicadores de trata en “migrantes, trabajadores afiliados al régimen cubano y miembros de tripulación a bordo de buques pesqueros de bandera extranjera que se encuentren en aguas o puertos uruguayos”.

También aconsejaron intensificar la capacitación de funcionarios policiales “para comprender la diferencia entre la trata y otros delitos”, verificar su definición legal y asignar un presupuesto específico para luchar contra el fenómeno, así como crear una “base de datos centralizada para sistematizar el registro de estadísticas” de este crimen.

Desfase legal y acciones punitivas

La embajada analizó el marco legal uruguayo en la materia e hizo algunas consideraciones. Si bien respaldó la severidad de las penas, puntualizó que la ley establece la “fuerza, el fraude y la coerción” como agravantes y no “elementos esenciales del delito”, algo que “es contrario al derecho internacional”.

Al mismo tiempo, hizo un raconto de las acciones judiciales que el gobierno impulsó para someter a los tratantes ante la Justicia y proteger a las víctimas: consignaron que en 2024 hubo 20 investigaciones de trata, 41 tratantes condenados, 286 víctimas de este delito identificadas (32 hombres, 44 mujeres y 210 menores), nueve permisos de residencia a víctimas, se repatrió a otras 20 y se iniciaron al menos “tres investigaciones por delitos de trata con fines de explotación laboral”, pero sin condenados.

Respecto de casos específicos, advirtieron por la “cantidad considerablemente mayor de víctimas masculinas” y señalaron un caso en el que se encontraron “28 víctimas venezolanas sometidas a trabajo forzado en una mina en Artigas”. También aludieron al caso del exsenador Gustavo Penadés al referirse a “un alto funcionario que sigue en prisión preventiva mientras continúa la investigación lanzada en 2023 por su presunta participación en la explotación sexual comercial de menores y que puede considerarse un caso de trata según el derecho internacional”. Asimismo, señalaron que el gobierno “no informó novedades sobre la formalización, en 2021, de tres funcionarios policiales por presuntos delitos de trata”.