Pasadas las 10.00 de este lunes comenzó la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en la Cámara de Diputados. La ministra fue convocada debido a la situación de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), quien hasta comienzos de este mes ejercía simultáneamente la presidencia del prestador público y cargos en tres mutualistas privadas, a los que renunció recientemente.

El miembro interpelante es el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. Para la oposición —con excepción de Cabildo Abierto, ya que, por ejemplo, el diputado Álvaro Perrone sostuvo que “cuando Danza toma la decisión de dejar lo privado, es un tema laudado”— el motivo central de la comparecencia es el artículo 200 de la Constitución, que establece que los directores de entes autónomos o servicios descentralizados no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”.

Bajo el entendido de que Danza violó ese artículo al mantener cargos en tres mutualistas privadas, la oposición reclama explicaciones de Lustemberg y eventualmente del propio Danza.

La antesala de la interpelación también estuvo marcada por debates sobre la anterior gestión del prestador público, entre ellos las compras de ASSE al Círculo Católico, asunto al que en los últimos días se sumaron nuevos elementos.

Sotelo sobre Danza antes de asumir la presidencia de ASSE: “Ya sabía que era incompatible y tomó la decisión de pulsear con la Constitución”

En su primera intervención, el miembro interpelante se refirió a la rescisión del convenio de ASSE con el Círculo Católico por compra de servicios, lo que “perjudica a uno de los competidores de las empresas para las que trabajaba” Danza. “Este acto de apariencia ilícita habría ameritado por sí solo la interpelación al no ser acompañado por medidas administrativas de parte de la ministra [de Salud Pública] para garantizar la imparcialidad del SNIS [Sistema Nacional Integrado de Salud]”, agregó. “La simultaneidad de Danza como presidente de ASSE e integrante de las empresas competidoras del Círculo Católico configuraba una situación de ejercicio que exige abstenerse de participar de instancias que afecten a estas entidades”, dijo.

Sotelo sostuvo que esto evidencia “pérdida de imparcialidad del Estado en el trato a los actores privados” y que el “MSP elogia y respalda públicamente al jerarca infractor ya que quienes lo designaron decidieron ignorar todas las recomendaciones y advertencias”.

En general, sobre la situación laboral de Danza cuando se lo convocó a la presidencia de ASSE, dijo que el gobierno “ni siquiera puede alegar que se enfrentaron a un hecho inédito” porque hubo por lo menos dos situaciones antes: en 2008 el cardiólogo Baltasar Aguilar renunció por la incompatibilidad con su actividad en cardiología clínica, y en 2012 Enrique Soto, al ser designado vicepresidente de ASSE, renunció a su actividad privada.

“Es evidente que estamos frente a un conflicto de interés que correspondería al menos una investigación”, reiteró el miembro interpelante. Agregó que en diciembre, cuando se le propuso el cargo, Danza “ya sabía que era incompatible y tomó la decisión de pulsear con la Constitución”.

También se refirió a los informes de distintas procedencias y dijo que, en base a ellos, “cualesquiera sean las respuestas [de Lustemberg] toda la línea argumental se desmorona ante las conclusiones de los documentos”. Reparó en algunos, por ejemplo, en el informe del MSP que no encontró incompatibilidad entre las funciones de Danza. Manifestó que “los criterios son engañosos desde el punto de vista argumental”.

En tanto, formuló algunas preguntas concretas para Lustemberg: en qué fecha tomó conocimiento de que Danza tenía vínculos laborales como internista en policlínica, si confirmó personalmente la información y, en este caso, si autorizó mediante acto administrativo a Danza para intervenir en la rescisión del convenio con el Círculo Católico; a su vez, ante una situación contraria, preguntó qué medidas tomó al conocer que el presidente de ASSE intervino en un acto que tenía prohibido por los artículos 9 y 31 del Código de Ética Pública. También consultó si el MSP realizó alguna evaluación de riesgo ético o jurídico de la decisión y si considera necesaria la anulación del acto administrativo de rescisión.

Por otra parte, sobre las tareas de Danza por fuera de ASSE, le pidió a la jerarca que explique cómo es posible que Danza renuncie en febrero a la jefatura de Medicina Interna de la Asociación Española y posteriormente declare allí un salario de unos 260 mil pesos. Por qué el currículum que presentó ante el Senado no menciona ser consultante pero sí los otros cargos que están prohibidos por la Constitución, y si comprende que “nada requería reproche si atendía oportunamente las advertencias de las cátedras, de la oposición, de juristas, así como los antecedentes de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica”.

Lustemberg: “Le hacen decir a la Constitución y a la ley algo que no dice”

Por su parte, Lustemberg respondió que Danza, cuando recibió el ofrecimiento del cargo en ASSE, “informó de forma completa y acabada sobre su situación laboral” como grado 5, consultante y director de la Revista Médica. También “describió lo real y completo desde el punto de vista funcional y patrimonial en las declaraciones juradas presentadas frente a Jutep”, por lo que “no es cierto que se haya ocultado información”.

Sobre la Jutep aclaró que el Poder Ejecutivo esperó el informe para pronunciarse definitivamente ante la situación de Danza “porque es [la dependencia] que tiene a su cargo la ética pública, la legalidad en el ejercicio de la función y los temas de corrupción”.

Por otra parte, se refirió a hechos específicos. Por ejemplo, en algunas oportunidades se vio en publicaciones en las redes sociales de ASSE que mostraban que, a la hora a la que debía estar cumpliendo horario para la Universidad de la República —“al que accedió por concurso”, aclaró la ministra—, Danza se encontraba cumpliendo funciones como presidente de ASSE. Ante eso, Lustemberg explicó que “se autorizaron reducciones horarias que permitieran el ejercicio simultáneo de ambas funciones y la tarea docente adoptó las tecnologías luego de la pandemia”.

El 15 de octubre el decano de la Facultad de Medicina de la Udelar, Arturo Briva, hizo referencia al régimen de trabajo en el caso de un docente grado 5. “La finalidad de la marca remota es adecuar el mecanismo de contralor horario a los docentes para el cumplimiento de sus tareas; la posibilidad de tareas virtuales es parte de la flexibilidad permitiendo un mejor control del horario del docente”, dijo la ministra, y agregó que la marca a distancia es parte de “un plan piloto cuya implementación se realizó entre julio y setiembre”. En el plan, todos los docentes tenían cinco días posteriores para informar inconsistencias y, en este marco, el 3 de octubre Danza informó que con el sistema “pueden haber imprecisiones en los horarios por inicio y fin de las actividades”, a lo que “el 29 [del mismo mes] Briva le respondió que en el caso de docentes titulares grado 5 es natural que muchas tareas, por ejemplo, de corrección de monografías, se cumplan fuera de la unidad académica”. En todo caso, es potestad de la universidad atender una eventual irregularidad, consideró Lustemberg.

Sobre lo que establece la Constitución dijo que, si bien “para algunos es objetiva y preventiva porque consideran que quiere evitar el conflicto; no tenemos el honor de compartir esta interpretación”, porque Danza “ingresó en la moralidad en el ejercicio de la función y quiso evitar las ventajas, provechos personales o beneficios; no puede tratarse de una interpretación objetiva y tiene importancia la manera en la que se ejerce la función”.

“Le hacen decir a la Constitución y a la ley algo que no dice”, criticó. “Danza ha demostrado haber cumplido con las exigencias como presidente [de ASSE] también en las tareas que en su momento desempeñó, abarcando el ser como el parecer”.

Aclaró que el presidente de ASSE “no intervino en contrataciones con los prestadores donde se desempeñó ni se generaron situaciones con conflictos de intereses”, entre otras cosas porque “no tiene a su cargo decidir ningún tipo de contratación y menos ejecutarla; tampoco como presidente de ASSE porque es algo que corresponde a los ordenadores de gasto y, al integrar un órgano colectivo, la decisión puede tomarse incluso sin la intervención de Danza”.

“Desde el principio informó su situación y pidió los informes con todos los elementos, previo a la venia [del Senado]”, reiteró.

Sobre la actualidad de Danza recordó que presentó renuncia a sus trabajos en la Asociación Española, Médica Uruguaya y en la mutualista Cams, de Soriano. En tanto, solicitó licencia en la Revista Médica mientras dure su mandato en ASSE. Si bien mantuvo su cargo docente, actualmente está de licencia.

Fueron decisiones que se tomaron luego de todos los caminos que correspondía transitar, de forma “transparente y honesta en el ejercicio de la función”, dijo Lustemberg, y consideró que Danza tiene “todas las credenciales necesarias para ser el presidente de ASSE: formación, capacidad técnica, profesional y ética, sus ganas de hacer cosas por la salud de las personas y ponderar lo público ante lo privado”. Agregó que tienen la “tranquilidad de haber actuado con coherencia a pesar de los feroces y desproporcionados ataques que recibimos”.