Lacalle Herrera sostuvo que la ley de caducidad “fue y es una amnistía” a los militares: “No se puede castigar y ahí terminó el asunto”

Este jueves, ya bien entrada la tarde, en el salón de eventos del edificio anexo del Palacio Legislativo tuvo lugar otro encuentro del ciclo de charlas organizadas por el senador colorado Gustavo Zubía, que tienen como objetivo criticar el trabajo de la Fiscalía en los procesos contra militares que cometieron delitos durante la dictadura. Esta segunda conferencia tuvo como título disparador “La justicia en debate” y se centró en “fiscalías ideologizadas”, “procesos sin garantías”, “denuncias falsas” y “culpables sin pruebas”.

En esta oportunidad, hubo seis expositores, entre los que se encontraban el senador nacionalista Sergio Botana y el contador, panelista de televisión y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Conrado Hughes. Pero la presencia estelar –y por eso habló al final– fue la del expresidente blanco Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995).

El exmandatario sostuvo que cuando en 1984 fue elegido presidente el colorado Julio María Sanguinetti, al finalizar la dictadura, “en una elección que se ha calificado como renga, el ambiente venía muy direccionado hacia los tupamaros”. Porque “había como una ola internacional que hablaba y clamaba por la amnistía”. Así las cosas, recordó que el Parlamento “votó una serie de leyes que pretendían cerrar una etapa”. Una fue la de amnistía (de delitos políticos, 15.737, de marzo de 1985), y otra, agregó, fue la de restitución de los funcionarios públicos (15.783, de noviembre de 1985).

“Es decir, son leyes que, tendiendo a lo general, seguramente, tienen aspectos puntuales de injusticia. La ley de amnistía es tremendamente injusta si analizamos algunas de las conductas y vemos a sus autores hoy figurando en la vida nacional. Y la ley de funcionarios públicos, que restituyó a todos, seguramente, muchos estaban bien dados de baja porque habían cometido faltas o no desempeñaban correctamente su función”, sostuvo.

Luego, Lacalle Herrera hizo una distinción entre lo que ocurrió a partir de 1963 (las acciones de los tupamaros) de lo que fueron “las revoluciones” del Partido Nacional (PN). “Las revoluciones de mi partido fueron para lograr derechos, reclamar y obtener el voto secreto, la representación proporcional y el respeto a las minorías. No fue eso lo que pasó a partir de 1963, así que no comparemos situaciones que no se pueden comparar”, insistió.

Agregó que a partir de aquel año “hubo un ataque contra la estabilidad institucional, una acción subversiva, que llevó a cometer los delitos que todos conocemos, pero que no recordamos”. “Es decir, una violencia ilegítima desde el comienzo”, acotó.

“Los izquierdos humanos”

Más adelante, Lacalle Herrera fue al núcleo de su discurso y se refirió a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848, de diciembre de 1986). Sostuvo que en el Pacto del Club Naval –en el que no participó el PN– estuvo “subyacente el tema de qué ocurría con la otra parte del conflicto, porque el conflicto era de dos”.

Luego citó al fallecido expresidente frenteamplista José Mujica: “Lo político por encima de lo jurídico”. “Muchas veces, tenemos que tener en cuenta lo político como un ámbito mucho más amplio que cuando tiene que bajar a la ley, que es más estrecha y debe ser acotada, porque uno se encuentra con las dificultades entre lo que se quiere y lo que se puede. Y de ahí surge ese texto”, señaló.

El exmandatario señaló que el entonces diputado blanco Héctor Martín Sturla, uno de los principales responsables de la redacción de aquella ley, “era un hombre muy inteligente”. Aseguró que, “desde el punto de vista jurídico”, con el artículo 1° de aquella ley, en la Facultad de Derecho se pierde el examen, pero “en lo político es una obra de bordado detrás de la cual estaba la voluntad de amnistiar a la otra parte también”. “Y sostenemos, los que allí estuvimos, en la cocina, en las tremendas horas que se vivieron de tensión, que fue una amnistía, y es una amnistía”, insistió.

El nacionalista sostuvo que con esa ley “se ha reconocido que el Estado no puede perseguir”. “¿Qué puede hacer? Recordar, pero esa no es una función estatal, sino de los involucrados en los temas en los que hayan sido afectados, los que sentimos alguna de las versiones de la violencia en nuestra propia persona; pero es la historia, no se puede castigar y ahí terminó el asunto”, insistió.

Agregó que, luego, “en esto que es una tendencia universal”, que más que los derechos humanos son “los izquierdos humanos”, el país “se vio encolumnado en una tendencia que no debió haber aceptado nunca, porque las cosas en nuestro país habían sido mucho más claras que lo que podría haber pasado en otro lado”

Entonces, Lacalle Herrera dijo que se debe iniciar “un revisionismo histórico en Uruguay” que implique “que se cuente la verdad”. Dijo que se están “juzgando episodios sobre una base no cierta, mentirosa o de verdad parcial, cuando la verdad era otra”.

Por último, subrayó que tres “de los importantes” beneficiarios de la amnistía, nueve años después (en 1994), “el día del [Hospital] Filtro estaban con armas, queriendo que hubiera un baño de sangre, los señores Mujica, [Jorge] Zabalza y [Eleuterio] Fernández Huidobro”. “Esa fue la manera con la que respondieron a la generosidad de la amnistía”, finalizó el exmandatario, entre muchos aplausos de los que colmaron la sala de actos del anexo.