El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado de prensa en la tarde de este lunes en respuesta al informe que el Consejo Fiscal Asesor (CFA) de la cartera publicó la semana pasada, en el que expresó su preocupación ante el incumplimiento de la meta fiscal para 2024.

En el documento, las autoridades de la cartera comenzaron por manifestar su agradecimiento ante “el compromiso y la dedicación del CFA en sus labores” y realzaron “su rol en el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal”, para luego pedirle “un enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de la política económica”. El MEF consideró que la oficina debió tener en cuenta “los desafíos y limitaciones reales que enfrenta la administración pública”, con particular énfasis “en el último año de gobierno”.

Desde la cartera remarcaron que los “errores de pronóstico en la estimación de la inflación” que la CFA incluye entre las razones detrás de los niveles de incumplimiento fiscal “fueron inferiores” a estimaciones de analistas del Banco Central del Uruguay.

De todos modos, en el documento se argumenta que la “rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral” ante “la evolución adversa de la recaudación” que acusó la CFA no guardan relación con el año electoral cuando, en los hechos, lo que hizo la cartera “fue honrar los compromisos de gasto nominal asumidos”. Según detalla el comunicado, el gasto observado por la oficina “se mantuvo en línea con lo estimado en la Rendición de Cuentas de 2022” y permitió “asegurar la continuidad de los servicios públicos, incluso si ello significaba incurrir en desvíos respecto a las metas fiscales, por una menor recaudación”.

En esa línea, “recortar el gasto en un monto equivalente al desvío de los ingresos verificado en 2024” –que según el MEF equivale al 0,3% del producto interno bruto (PIB)– “habría significado afectar los servicios esenciales del Estado e incumplir compromisos legales asumidos”, así como “recortes mensuales incrementales en los presupuestos de los incisos a medida que la recaudación caía”, notaron las autoridades, algo que calificaron como “imprudente e inconveniente”.

“No hay discusión” por el uso de la cláusula de la salvaguarda

En relación con el tercer pilar fiscal, desde el MEF justificaron la activación de la cláusula de salvaguarda de la que el gobierno hizo uso tras acusar “sustanciales cambios en precios relativos”. Según manifestaron, es necesario “distinguir lo que el CFA aspira que la ley exprese y lo que la ley indica”, y valoraron que “no hay discusión” con respecto a la legitimidad de su uso, “al existir sustancial cambio de precios relativos”.

Para ello, se refirieron a “análisis teóricos alternativos” e “igualmente válidos” a los utilizados por el CFA a la hora de cuestionar la justificación brindada por el gobierno, y agregaron que “los argumentos del CFA omiten el impacto real del desvío inflacionario”, que “sorprendió a las autoridades y a analistas por igual” y redundó en “una pérdida fiscal” que excedió los 600 millones de dólares (0,7% del PIB). Esto consta en un estudio que solicitó la cartera que fue “compartido oportunamente con el CFA”, detalla la respuesta.

También expresaron su desacuerdo con las afirmaciones de la oficina en cuanto a que el cambio en precios relativos al que hizo alusión el gobierno “se conocía al inicio del ejercicio y al presentarse la Rendición de Cuentas de 2023”. Según notaron las autoridades, “el tope original del tercer pilar fue establecido en junio de 2023, antes de verificarse la fuerte caída de la inflación”, por lo que “los desvíos ocurridos a partir de entonces son los que explican la ampliación del tope legal del endeudamiento neto”.

De igual forma, recordaron que “hasta el final del año no estuvo claro cuál sería el valor anual del endeudamiento neto” y que sólo cuando se verificó que el endeudamiento neto no se vería contemplado en el “tope original” fue que “se procedió a gatillar la cláusula de salvaguarda”.

“No es esperable” que el déficit observado en 2024 “se reitere”

Más allá de las consideraciones sobre los niveles de déficit en 2024, en el comunicado las autoridades del MEF manifestaron que están de acuerdo con el CFA acerca de “la conveniencia de clarificar en la ley las condiciones que deben operar para la activación de la cláusula de salvaguarda”, ya sea “para el caso de sustancial cambio en precios relativos” o en el de “situaciones de recesión económica o crisis sanitarias y climáticas”.

Sí manifestó su desacuerdo con las afirmaciones sobre la sostenibilidad fiscal a futuro. Según consta en el documento de respuesta, “no es esperable” que el costo fiscal observado durante 2024 “se reitere en el corriente año”, ya que “la proyección fiscal pasiva 2025 presentada por esta administración a la ciudadanía y al gobierno electo muestra una mejora fiscal respecto del año previo”.

“El MEF entiende que, más allá de que el déficit fiscal en 2024 fue mayor al estimado por un magro comportamiento de la recaudación tributaria, en este período se ha fortalecido el manejo de la política fiscal con la implementación de una nueva institucionalidad fiscal, el menor crecimiento del gasto real anual de los últimos 20 años y la estabilización de la deuda pública”, concluye la respuesta.