A 16 días del traspaso de mando, el presidente Luis Lacalle Pou firmó —el pasado jueves— el decreto reglamentario de la nueva Ley de Medios, que fue promulgada en octubre del año pasado y que derogó la anterior Ley de Medios aprobada en 2014 durante el gobierno frenteamplista de José Mujica. El designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, había cuestionado días atrás la oportunidad de este decreto, dado que el plazo máximo para la reglamentación de la ley era el 21 de abril de 2025.
Bajo el argumento de que “existen distintos extremos que es necesario reglamentar” como, por ejemplo, “las transferencias de licencias”, el actual gobierno reglamentó la nueva norma mediante un decreto de 57 artículos. Uno de ellos dispone que el Poder Ejecutivo podrá “excepcionar” el cumplimiento de determinados requisitos, previstos en la nueva Ley de Medios, para la transferencia de la titularidad de licencias de televisión para abonados. Puede ser una excepción, por ejemplo, el no cumplimiento del requisito de ser ciudadano natural o legal, o también el no cumplimiento del requisito de tener domicilio real y permanente en Uruguay.
Si bien la potestad del Poder Ejecutivo para avalar este tipo de excepciones está incluida en la nueva ley, no se explicitan los fundamentos. Al respecto, en el decreto se establece que las excepciones se otorgarán “cuando existan razones debidamente fundadas, conforme a los principios de igualdad, razonabilidad, sana crítica y proporcionalidad”.
Asimismo, la reglamentación dispone que, ante una solicitud de transferencia de licencia, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) deberá producir un informe sobre el pedido y elevarlo al Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 60 días; de lo contrario, si no existe un pronunciamiento de la Ursec en dos meses, “se entenderá que no existen objeciones al negocio jurídico de transferencia”.
El decreto también dispone que las licencias para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual no satelitales, que utilicen espectro radioeléctrico, tendrán un plazo de 15 años y podrán renovarse “por sucesivos períodos de 15 años”, “previa solicitud del interesado”.
Otro de los argumentos que adujo el gobierno saliente para la reglamentación es la necesidad de “establecer parámetros claros y transparentes para la aplicación del régimen sancionatorio previsto legalmente”. La nueva norma establece que para la cuantía de las sanciones el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta “la gravedad de las infracciones cometidas anteriormente”, así como el “perjuicio económico” ocasionado a los usuarios y “el beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción”.
A modo de complemento, el decreto establece que las sanciones “tendrán en cuenta los principios generales de derecho, la sana crítica, la reincidencia del infractor y la calificación de la infracción”. En el caso concreto de las multas, en el decreto se fijan los valores máximos: 300 unidades reajustables (UR) para el interior y 3.000 UR para la zona metropolitana. Esto supone un drástico descenso: en la anterior ley el monto máximo para las multas era de 10.000 UR.
“Es una de las leyes a revisar”, afirmó diputado del FA
En diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio (FA) Carlos Varela Nestier dijo que la firma de este decreto es coherente con “una serie de medidas de las últimas semanas que, desde todo punto de vista, comprometen la gestión del gobierno electo”. Varela Nestier afirmó que “la Ley de Medios es una de las leyes que seguramente deberemos revisar” en la presente legislatura, ya que el FA fue “muy crítico con la ley que se aprobó”.
La nueva ley aumentó el número máximo permitido de licencias por titular en radio, televisión abierta y televisión para abonados, eliminó los términos “monopolio” y “oligopolio” y ratificó el derecho de los cableoperadores a solicitar licencias para vender internet; también borró la declaración de que el espectro radioeléctrico es un “patrimonio común de la humanidad”, entre otras modificaciones.
Al igual que la Ley de Medios aprobada durante el gobierno del FA —que tardó casi cinco años en reglamentarse—, la nueva norma excluye expresamente la regulación de “los servicios y la difusión de contenidos audiovisuales que utilicen como plataforma la red de protocolo internet”, centrándose únicamente en la radio y la televisión.
Varela Nestier consideró que el abordaje de los medios digitales “es un enorme desafío que tiene el nuevo gobierno para legislar al respecto”. “Sabemos que hay ‘escapes’ de la legislación a través de las nuevas tecnologías, que por otra parte se van a seguir desarrollando y cada vez van a ser más dominantes”, expresó.
De todos modos, Varela Nestier señaló que la modificación de la normativa vigente “no es una prioridad inmediata” para los primeros días de la legislatura. “Todo eso debemos encararlo, pero a su debido tiempo, y teniendo en cuenta la particular integración de la Cámara de Diputados, que va a requerir mucha negociación para no empezar caminos que después se frustren”, expresó.