En la edición de 2024 del índice de percepción de la corrupción (IPC), elaborado por la ONG Transparencia Internacional (TI), Uruguay subió tres puestos en comparación con el indicador de 2023 y se posicionó como el país menos corrupto de América, tras el descenso de Canadá, y se mantiene como líder entre los países de América Latina por cuarto año consecutivo.

El IPC evalúa y clasifica las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público de 180 países, en una escala que va de cero, equivalente a mucha corrupción, a 100, muy baja corrupción. El puntaje de Uruguay en este último informe es de 76, al igual que Estonia, que mantuvo su posición, y se ubica en el puesto número 13 del ranking.

En 2023, Uruguay había caído del puesto 14 al 16, con 73 puntos.

El ranking mundial lo lideran Dinamarca (90 puntos), Finlandia (88) y Singapur (84). En la región, siguen a Uruguay como países menos corruptos Canadá (75) y Barbados (68), “todas democracias relativamente estables con altos niveles de transparencia y participación”, destaca el informe. Estados Unidos descendió cuatro puestos y se ubica en el número 28 del ranking, con un puntaje de 65.

En el otro extremo del índice, “los Estados devastados por el crimen organizado y los abusos contra los derechos humanos tienen las puntuaciones más bajas”: Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).

“Uruguay destaca por instituciones sólidas y gestión de datos ambientales y canales efectivos de participación ciudadana. La confianza de los uruguayos en sus instituciones protegió al país de la polarización y el populismo que asolaban a muchos en la región, permitiendo elecciones presidenciales pacíficas con altos niveles de integridad”, expresa el informe de TI.

Desde 2012, 32 países han reducido significativamente sus niveles de corrupción, mientras que 148 países se han estancado o empeorado. Además, más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50.

TI remarca que las economías avanzadas del mundo dominan los primeros puestos del IPC de 2024. “Estos países se han beneficiado durante mucho tiempo de un sólido Estado de derecho, instituciones gubernamentales que funcionan y estabilidad política”, pero “sus sectores financieros y marcos regulatorios a menudo brindan oportunidades para explotar lagunas, lo que en última instancia socava los esfuerzos mundiales contra la corrupción”.

A los centros financieros occidentales como Suiza (81), Luxemburgo (81) y el Reino Unido (71), que han sido “históricamente objeto de escrutinio por facilitar el movimiento de dinero sucio”, se les han sumado en los últimos años centros no occidentales como Hong Kong (74), Singapur (84) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) (68).

Restricciones a la información pública y poderes judiciales débiles en la región

“El aumento de las restricciones a la información pública y la participación es uno de los retrocesos más significativos en toda la región”, indica TI.

Si bien la puntuación de Argentina se mantuvo invariable con respecto a 2023, 37 puntos, el informe señala que “un nuevo decreto redefinió los conceptos de información pública y privada”, lo cual limita el acceso de las personas a la información, “mientras que la cantidad y la calidad de las respuestas del Poder Ejecutivo a las solicitudes de información disminuyó”.

Otros casos destacados son los de El Salvador (30), donde una nueva ley de contratación pública limitó el acceso público a la información, y Guyana (39), en la que se señala que “la captura del Estado por parte de las élites económicas y políticas fomenta la apropiación indebida de recursos, el enriquecimiento ilícito y la delincuencia ambiental”, y que “aunque el país ha creado instituciones y leyes anticorrupción, la transparencia y la aplicación de la ley son muy bajas, y los ataques a voces disidentes, activistas y periodistas son cada vez más comunes”.

La debilidad y la “complacencia” de los poderes judiciales de la región son otros de los elementos que debilitan su percepción sobre la corrupción. “En toda la región, los tribunales débiles y opacos restringen la aplicación y la justicia efectivas”, señala el informe.

Se destaca el descenso de cinco puntos en la puntuación de México (26), “ya que el Poder Judicial no tomó medidas en casos de corrupción como Odebrecht y Segalmex, que implican violaciones de los derechos humanos y daños ambientales”. “A pesar de las promesas del expresidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción y devolver los activos robados al pueblo, sus seis años terminaron sin condenas ni activos recuperados”, indica TI, que también señala la caída de Estados Unidos (65) por críticas a su Poder Judicial.

Una amenaza para la acción climática

Este último informe del IPC hace hincapié en cómo la corrupción “socava los esfuerzos climáticos globales” y obstaculiza “el progreso en la reducción de las emisiones y la adaptación a los inevitables efectos del calentamiento global”.

“La corrupción está asociada con políticas ambientales más débiles y una menor capacidad para proteger el medioambiente. El fraude y los sobornos pueden desempeñar un papel crucial para permitir la explotación ilegal de los bosques, la vida silvestre y las pesquerías” con funcionarios del Estado “participando activamente en estas actividades ilegales”, señala TI.

La corrupción en las acciones contra el cambio climático afecta a todo el mundo, aunque de maneras diferentes en el Norte y el Sur globales. En el Norte global, “donde los países históricamente han contribuido más al cambio climático”, las industrias “a menudo utilizan su influencia política para bloquear políticas climáticas ambiciosas y dar forma a las negociaciones globales a su ventaja”, expresó la ONG, y puso como ejemplo a las empresas de combustibles fósiles, las que emplean el cabildeo o el lobby “para proteger sus intereses”.

Mientras tanto, principalmente en el Sur global, “la gobernanza débil y la supervisión en muchos países que reciben financiación climática” han llevado a la apropiación de fondos destinados a “ayudar a los países a hacer la transición a modelos económicos más sostenibles y a adaptarse a las amenazas que plantea el cambio climático”.