Ediles del Partido Nacional (PN) de la Junta Departamental de Rocha (JDR) denunciarán penalmente a Aníbal Pereyra y Flavia Coelho, exintendentes y candidatos del Frente Amplio (FA) de ese departamento, por la “contratación” de un asesor político para la campaña electoral de 2020 con recursos de la intendencia, según informó El País y confirmó la diaria a través de la resolución presentada el 1° de abril de 2025.

Según la resolución, el planteo fue realizado por el edil nacionalista Miguel Sanguinetti en una sesión de la junta, en la que presentó una moción para “remitir a la Justicia competente los antecedentes correspondientes a la contratación por parte de la Intendencia Departamental de Rocha” con el profesional.

En diálogo con la diaria, Sanguinetti adelantó que están “liquidando” los “aspectos formales” de la denuncia para presentarla este viernes o el lunes. Explicó que se trata de “una investigación que se hizo en la Junta Departamental por una serie de gastos en un asesor de publicidad que en realidad es un asesor en campañas electorales”.

El edil detalló que la intendencia lo contrató antes de las elecciones nacionales de octubre y noviembre de 2019 y previo a la elección departamental de 2020. “Todos estos indicios, para nosotros, determinaban que en realidad se había contratado por parte de la intendencia, pero estaba prestando servicios para el Movimiento de Participación Popular [MPP], que es el sector de Aníbal Pereyra”, continuó.

Asimismo, Sanguinetti expresó que esto “se veía reafirmado” porque “no había justificación en la documentación de la intendencia, en la documentación contable y demás” de que “se hubiese realizado una tarea por parte de este asesor en beneficio de la intendencia propiamente como institución”.

De acuerdo a lo que indicó Sanguinetti a El País, la denuncia también está dirigida a Coelho, ya que la candidata fue suplente de Pereyra y pagó “una o dos facturas presentadas por el asesor” y que desconocen si “tenía conocimiento del rol del experto o sólo firmaba órdenes de pago”.

Consultado sobre las pruebas que presentarán para respaldar la acusación de una malversación de fondos públicos, Sanguinetti respondió que lo que encontraron en la comisión investigadora formada en 2021 fue que “hay una simultaneidad entre cuando él [el asesor] está contratado por la intendencia y la campaña de Aníbal”, y la “documentación probatoria de la facturación en los períodos consecutivos previos a las elecciones y la ausencia de justificación dentro de la intendencia”.

“Lo que no hay es, en la intendencia, una demostración de ese trabajo que ellos dicen de gestión, de comunicación a favor de la intendencia porque no hay ninguna campaña publicitaria ni nada por el estilo que justifique que haya sido hecha por la intendencia”, planteó.

Sobre la justificación, Sanguinetti apuntó que desde la junta citaron “en más de tres oportunidades” a Coelho y Pereyra, pero que “se excusaron de asistir por temas personales”. “En definitiva, nosotros lo que hacemos es trasladar a la Fiscalía la denuncia para que sea la Justicia la que investigue el asunto”.

“Se está haciendo un manejo de información sobre supuestos”, afirmó edil frenteamplista

Por su parte, Pereyra, consultado por la diaria, afirmó que está aguardando a que los ediles hagan la denuncia para presentar una contradenuncia basada en el artículo 179 del Código Penal por calumnia y simulación de delito, cuyo artículo establece una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

El candidato a intendente dijo que cuando se formó la comisión investigadora, en 2021, envió una nota a la Junta Departamental para ser recibido, pero aseguró que eso no sucedió, y que en 2023 “la comisión resolvió archivar las acusaciones” y “no se llegó a una conclusión por falta de pruebas y de méritos”.

Más tarde, en octubre de 2024, según Pereyra, la investigadora se reinstaló y lo citaron para el 16 de octubre, cuando envió un correo para volver a manifestar su voluntad de concurrir a la comisión, pero no ocurrió. “Después la comisión se tomó un descanso justo, [durante el] verano, y la reflotaron en febrero, y ahora llegan a la conclusión de llegar a cerrar la investigadora”, señaló.

Para Pereyra, “se desprenden” tres elementos del informe de la Junta: el primero es que se indica la “ausencia de colaboración”, lo cual “es falso” ya que, según dijo, la comisión no lo puede comprobar, debido a que existen “sendas notas que reafirman lo contrario”; en segundo lugar, cuando se menciona el uso de fondos públicos sin justificación, se trata de “fondos públicos que ellos aprobaron en la Rendición de Cuentas y no hicieron ninguna referencia a esto”.

Por último, dijo que en el informe se mencionan contratos, y Pereyra solicitó ver “el contrato que la intendencia celebró con esta persona” que brindó los servicios. “Que me lo muestren, ¿dónde está? Tienen que llevarlo a la Justicia”, solicitó. En ese sentido, afirmó que “no hay contrato” y que “la intendencia compra servicios, en este caso a la empresa” de comunicación.

De esa forma, informó que la contradenuncia será a los ediles que votaron la denuncia, que fueron 16. “Vamos a esperar que hagan la denuncia y, ni bien hagan la denuncia, atrás vamos nosotros”, remarcó.

“Nosotros estamos en contra de la judicialización de la política”, aseguró, y resaltó: “Este camino no lo queremos recorrer, pero no tenemos más remedio, porque no estamos dispuestos a que se desprestigie la política”.

A su vez, el edil frenteamplista Pablo Larrosa destacó en diálogo con la diaria que “se está haciendo un manejo de información sobre supuestos” y que “no hubo asesoramiento” del profesional durante la campaña electoral.