El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, envió a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y a los integrantes de la Comisión de Seguimiento Carcelario un informe con más de 40 propuestas para avanzar en una reforma carcelaria, según informó en un comunicado de prensa este jueves. Petit entiende que la base para la continuidad de las reformas podría ser un “pacto de Estado”, de forma de sostener el proceso al menos durante diez años para tener “resultados relevantes”. Como lo ha planteado sistemáticamente, Petit aboga por un “sistema de medidas alternativas más vigoroso y continente” y por reforzar los programas de asistencia pospenitenciaria e inclusión en la comunidad.

“Siendo reducir la reincidencia a la mitad una misión posible con el grado de desarrollo social de Uruguay, e implicando ello miles de delitos menos por año, la transformación del sistema de sanción penal tiene un lugar ineludible en cualquier agenda de desarrollo social del país”, afirma Petit. No obstante, señala que las medidas de urgencia que son necesarias “superan los recursos logísticos, materiales, humanos y presupuestales actuales del Instituto Nacional de Rehabilitación”, por lo cual un compromiso de Estado debe ir acompañado de un refuerzo presupuestario para ejecutarlo.

Asimismo, y tal como lo ha denunciado ante el Parlamento y otros organismos en reiteradas oportunidades, Petit advierte sobre el impacto negativo en el sistema del incremento de las personas privadas de libertad, “sostenido en el tiempo pero incrementado desde 2020 (en lo que va del siglo, en promedio, la población carcelaria creció a un 6% anual, ha crecido a un 8% desde 2020 y la población de mujeres a un 18% anual), lo que ha generado en muchos sectores un hacinamiento que impide la rehabilitación y genera situaciones de hacinamiento y encierro contrarias a las normas”. La alta prisionización, recuerda Petit –Uruguay está entre los diez países del mundo con más presos–, “con bajo presupuesto y sin una inversión que acompañe el crecimiento, trae problemas de seguridad pública y de inserción social”.

Petit define algunas de las medidas como “urgentes”: la realización de un Plan Estratégico de reformas que “deberá tener una primera concreción en oportunidad de la Ley de Presupuesto”; la creación de un grupo ejecutivo ad hoc para dar respuesta a las necesidades más urgentes, en especial en el área metropolitana –por ser la zona que concentra más superpoblación penitenciaria y “situaciones de trato cruel, inhumano y degradante”–, como reparaciones edilicias, actividades socioeducativas, alimentación, funcionamiento, con el refuerzo de rubros necesario; transformar el Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado, independientemente de la creación o no del Ministerio de Justicia –a la que se comprometió el actual gobierno–.

Petit señala que las unidades penitenciarias 4 –ex Comcar–, 5 –Centro Femenino–, Penal de Libertad, Canelones y Maldonado son las que presentan las peores condiciones para la población privada de libertad. En ese sentido, señala que “los hechos de impacto letal se han concentrado en el Comcar, donde claramente, pese a las buenas acciones de sus autoridades para disminuir la violencia, cosa que en varias etapas lograron, la conflictividad hace eclosión periódicamente con un saldo muy grave y que, de no mediar a veces la actuación de los funcionarios u otros factores, podrían ser aún más graves”.

En otra categoría de medidas, pensadas en el corto plazo, el comisionado propone mejorar la atención de la salud y de las adicciones, la cantidad y calidad de la alimentación –“procediendo, si es necesario, a la privatización”–, obras en puntos estratégicos –por ejemplo, en los locales de visita–, actividades educativas y deportivas y aumentar las actividades dentro del sistema.

Para el mediano plazo, en lo que Petit define como un sistema “normalizado” en el que se deberían cumplir las Reglas Mandela –“en el sentido de lograr una convivencia parecida a la de la comunidad exterior”–, el comisionado plantea 19 acciones concretas de reforma, que implican a varios organismos, y que incluyen: que ASSE cubra toda la salud penitenciaria, que se cree un módulo de salud mental para pacientes crónicos, incorporar organismos y entidades de la sociedad civil de manera permanente en la prestación de servicios socioeducativos con fondos concursables, fortalecer y hacer más continente a la red de medidas alternativas, y crear una fiscalía penitenciaria.

Petit también insiste en la idea de crear “centros de integración social” o unidades a “medio camino” para personas que están por egresar del sistema o tienen delitos leves, reformular el esquema de atención a las mujeres privadas de libertad con una subdirección técnica nacional especializada, formalizar el trabajo de las personas presas y equipararlo normativamente con las normas nacionales todo lo que sea posible, y desplegar plenamente las posibilidades de la asistencia y apoyo pospenitenciario.

En lo que respecta a lo procesal, en aras de ir a un “uso racional de la privación de libertad”, el comisionado entiende que “debería restablecerse la redención de la pena por trabajo o estudio para algunos delitos cuyas penas sean graduadas acorde a su gravedad”, en particular incluyendo todos los delitos de estupefacientes, así como la aplicación de la suspensión condicional del proceso para aquellas infracciones mínimas o que tengan circunstancias que hagan contraproducente el desarrollo de un proceso y el acceso a la libertad anticipada para quienes han avanzado positivamente en el cumplimiento de su pena y en especial para quienes no han cometido delitos graves.