Este martes la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió a la sanción aplicada a cuatro jerarcas de la Armada Nacional –entre ellos el excomandante en jefe Jorge Wilson– por faltar a la verdad en el intercambio de información sobre el segundo pago correspondiente al contrato con el astillero español Cardama, destinado a la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV). En ese marco, también se cuestionó el hecho de que se haya tomado de forma unilateral la decisión de realizar el depósito.

Lazo dijo a Informativo Sarandí que la sanción surgió del trabajo de un equipo de “confianza” designado por la ministra, encargado de “recopilar la información necesaria para el proceso que llevó a la adjudicación”. En esa línea, luego de comunicarse con la jefa de cartera, este mediodía el coordinador de la bancada de Senadores del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, convocó a la prensa para referirse al tema.

Informó que Lazo será recibida el próximo lunes por la bancada oficialista, instancia en la que también participarán algunos diputados frenteamplistas que integran la Comisión de Defensa Nacional. Se espera que en ese encuentro la titular de Defensa pueda brindar información “más precisa” acerca de la sanción sobre los jerarcas militares.

Caggiani recordó que la compra ya se había cuestionado desde el FA, y ahora, ante las “contradicciones” en las versiones de estos altos militares, “es importante” que los legisladores puedan “conocer de primera mano esta situación” y “evaluar qué acciones parlamentarias o institucionales se pueden seguir en adelante”.

“Creo que todo esto es un cúmulo de irregularidades importantes”, enfatizó Caggiani. Acotó que todo nació con la “compra directa a un astillero naval que no tiene experiencia”. Sobre la efectivización del segundo pago del contrato, el legislador dijo que se realizó “por lo menos de manera poco clara”. Comentó que Lazo, entonces ministra designada, no se enteró de esto hasta los últimos días de marzo.

“Es importante que la ciudadanía conozca nada menos que el uso de estos recursos, que son muy importantes, que se financian con sus impuestos”, agregó. Sobre qué va a pasar con el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el astillero, Caggiani indicó que “Uruguay siempre ha sido muy respetuoso de los contratos”, aunque reconoció que en último término la decisión final la deben “valorar” las autoridades del Ministerio de Defensa.

Javier García celebró que se mantenga la compra

El exministro de Defensa y actual senador nacionalista Javier García se refirió en rueda de prensa a lo que está sucediendo en la cartera. Manifestó que sobre las sanciones recibidas por los mandos de la fuerza no tiene “información oficial”, por lo cual reconoció no poder dar “una opinión de fondo”. Sin embargo, sí expresó que tanto el excomandante Wilson como los otros oficiales sancionados “son excelentes profesionales”, que “han llevado adelante con el resto de los oficiales de la Armada una renovación de la flota muy importante”. “Después de la gestión de ellos, se deja a la Armada con capacidades que no tenía cuando empezó el proceso”, remarcó el exministro.

Más allá de lo que está sucediendo con los mandos de la Armada implicados, García valoró la confirmación por parte del gobierno de que continuará con el proceso de compra de los patrulleros oceánicos. “Es una buena noticia porque este es un tema que se había discutido bastante en el período anterior”, enfatizó el legislador.

“Va transformándose en una política de Estado porque Uruguay tiene necesidad de garantizar su soberanía, su mar, sus riquezas, evitar el crimen organizado y perseguirlo”, complementó al respecto García. Agregó que esto debe ser valorado en el marco de “la renovación más importante que se haya hecho en la historia del país en un período de gobierno” de la flota de la Armada.

En cuanto al proceso de construcción del artillero, manifestó que, de acuerdo a la información que posee hasta el momento, “se ha cumplido con todos los plazos que establecía el contrato”.