La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores empezó a tratar este lunes un proyecto de ley para regular la entrada y la salida de personal militar extranjero en el territorio nacional, una semana después de que el Frente Amplio (FA) aprobara en el Parlamento, junto con la mayoría de la oposición, el ingreso de diez efectivos de las fuerzas especiales de Estados Unidos para un evento conjunto de capacitación denominado J-CET.

Durante la anterior administración la bancada del FA cuestionó este tipo de ejercicios de tropas militares internacionales en el país, cuya autorización le corresponde por disposición constitucional a la Asamblea General. Sin embargo, la semana pasada los legisladores del oficialismo acompañaron la autorización, que había sido enviada por el entonces presidente Luis Lacalle Pou, “por una cuestión de diplomacia y por no generarle problemas al gobierno que está iniciando”, según argumentó en sala la senadora del FA Bettiana Díaz.

En diálogo con la diaria, Díaz, que forma parte de la Comisión de Defensa Nacional, señaló que bajo la normativa vigente “el Parlamento muchas veces tiene poca información con respecto al tipo de ejercicios” que llevan a cabo militares extranjeros en el territorio nacional. Apuntó que existe “un tema de tiempos” y de “información que fluye entre el [Poder] Ejecutivo y el [Poder] Legislativo”. Por eso, sostuvo, “parte de lo que viene a solucionar el proyecto de ley es justamente alistar una serie de informes con los que debería contar el Poder Legislativo para poder tomar una decisión informada”.

Con respecto a los plazos, el proyecto –que fue presentado en la pasada legislatura– establece que, “en los casos de ejercitaciones combinadas”, el Poder Ejecutivo tendrá que enviar la solicitud de autorización al Parlamento “en la primera semana de marzo de cada año”, con “un programa de ejercitaciones que cubra un año corrido desde el 1º de setiembre”.

Por cualquier otro ejercicio que no haya sido incluido en este programa, el Poder Ejecutivo deberá remitir la solicitud “con una anticipación no menor a cuatro meses de la fecha prevista de iniciación de la actividad”. De todos modos, el proyecto también establece que, ante “circunstancias excepcionales”, el Poder Ejecutivo podrá enviar la solicitud “con la mayor antelación posible, indicando expresamente las razones de la urgencia”.

Por otra parte, la iniciativa establece que las solicitudes deben incluir “información detallada” sobre las maniobras militares a realizarse en el país, como sus “fuentes de financiamiento” y sus fundamentos políticos, estratégicos y operativos.

“Hoy el riesgo que tenemos es el de tomar decisiones conociendo a medias cuáles son las actividades en las que están nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó Díaz. La Comisión de Defensa Nacional resolvió este lunes enviar el proyecto al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) “a fin de recibir su opinión al respecto del mismo”.

En el oficialismo estiman que la iniciativa se tratará en comisión en el transcurso de mayo. Consultado por la diaria, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el senador nacionalista Javier García, señaló que la oposición esperará la respuesta de las actuales autoridades del MDN para fijar una posición.

Reunión entre Lazo y Cardama por los buques OPV

Por otra parte, la Comisión de Defensa Nacional recibió este lunes una nota del astillero español Cardama Shipyard, que tiene a su cargo la construcción de dos buques Offshore Patrol Vessel (OPV) para mejorar la capacidad de vigilancia de la Armada Nacional. La compra de estos patrulleros oceánicos fue concretada por el gobierno anterior a un costo total de 82,3 millones de euros.

Díaz señaló que la comisión resolvió que “no era pertinente que el Parlamento recibiera a la empresa antes que el Poder Ejecutivo, sobre todo, por el proceso que ha tenido la discusión sobre Cardama en estos últimos dos años, en los que incluso la Comisión de Defensa de la legislatura anterior tuvo dificultades para acceder al contrato”. La senadora del FA señaló que Lazo mantendrá una reunión con directivos de Cardama en los próximos días.

El proceso de adquisición de los buques OPV no ha estado exento de polémica. El astillero español seleccionado por el anterior gobierno nunca construyó este tipo de buques y, a mediados del año pasado, planteó la posibilidad de abonar la garantía del contrato “en efectivo”, lo que alertó a los legisladores del FA. Finalmente, la empresa española consiguió un aval bancario y se estima que la construcción de estos patrulleros oceánicos termine en este período de gobierno.

Consultada sobre este proceso, Díaz manifestó: “Nosotros todos los contratos que tenemos en toda la administración pública los estamos revisando”.