En la tarde de este miércoles, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, visitaron La Huella de Seregni para reunirse con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio (FA). El aspecto central del encuentro fue el reciente anuncio del gobierno en relación con la modificación del contrato que preveía la construcción del proyecto Neptuno para la construcción de un paquete de obras alternativas.

Culminado el encuentro, el FA emitió una declaración en la que destacó que “respalda el acuerdo” al que llegó el gobierno con el consorcio Aguas de Montevideo. En ese sentido, se valoró que con el nuevo plan se “garantiza el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana y a la Costa de Oro a 2045 y ante eventos de sequía”.

El comunicado puntualiza que con esta modificación también se abre la puerta a dar “cumplimiento del compromiso establecido en el Programa del Frente Amplio” de construir la represa de Casupá “como obra central para el abastecimiento de agua potable”. Se informó además que “recientemente OSE realizó el llamado a precalificación de empresas para su realización”.

En diálogo con la prensa, Fernando Pereira, presidente del FA, subrayó como “tremendamente alentador” el hecho que el gobierno cumpla con lo planteado por la fuerza política. “El 'sabremos cumplir' acá está más que claro”, resaltó el referente partidario en alusión al eslogan de campaña del hoy presidente de la República, Yamandú Orsi.

Pereira recordó que a través de un proceso de diálogo con distintos actores -científicos, ambientalistas y productores agropecuarios- se había determinado la existencia de un “consenso amplísimo en lo poco eficaz que iba a ser el proyecto Neptuno y, al mismo tiempo, en las consecuencias ambientales que iba a tener para la región”. “Encontrar una alternativa que efectivamente brinde agua potable de calidad al área metropolitana sin hacer el proyecto Neptuno es la mejor noticia, no para los frenteamplistas, es la mejor noticia para los uruguayos y uruguayas”, remarcó.

Ante las declaraciones del secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, que consideró la decisión del gobierno como un “capricho monárquico”, Pereira remarcó que “si algo no es este gobierno, es monárquico”. En ese sentido, enfatizó que la administración de Orsi “habla con todo el mundo” y es de “puertas abiertas”. “En todo caso, el capricho estuvo en haber firmado un contrato luego de haber perdido una elección”, remarcó en referencia a la decisión del expresidente Luis Lacalle Pou sobre el proyecto Neptuno. En esa línea, Pereira también recordó que la administración anterior recibió del gobierno de Tabaré Vázquez el proyecto para realizar Casupá con su respectiva propuesta de financiamiento, pero decidió “hacer otra obra”. “Es inexplicable, nadie lo ha entendido hasta ahora”, comentó al respecto.

Las explicaciones técnicas

El ministro Ortuño fue el responsable por parte del Poder Ejecutivo de brindar ante el secretariado las explicaciones técnicas de las obras que se ejecutarán. En diálogo con la prensa, el jefe de cartera volvió a detallar que, en definitiva, lo que se desarrollará es la instalación de una planta potabilizadora con una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos diarios -como estaba previsto- en Aguas Corrientes. Se sumará también la construcción de una represa en el arroyo Solís Chico que aportará al sistema seis millones de metros cúbicos, así como también, en el mismo lugar, una planta potabilizadora con capacidad de procesamiento de 24.000 metros cúbicos.

El ministro de Ambiente aseguró que ambas obras implican “asegurar el abastecimiento de agua para la región metropolitana”, pero también, en la Costa de Oro, donde “hay lugares que aún hoy no tienen llegada del servicio de OSE”. Esto último, vinculado principalmente a las obras en el Solís Chico, tiene que ver con la situación de creciente aumento de la demanda desde el Arroyo Pando a Jaureguiberry.

“Frente a la eventual ocurrencia de una sequía incluso un 10% más grave que la que vivimos, estaremos en condiciones de responder”, aseguró, sobre el nuevo sistema proyectado, el secretario de Estado, teniendo en cuenta también la construcción de Casupá. En esa línea, Ortuño enfatizó que esta represa -que está por fuera de lo proyectado en el contrato con Aguas de Montevideo- es “la única obra que asegura el abastecimiento de agua potable en una situación de sequía”, dado que agrega 118 millones de metros cúbicos de reserva.

Para dar cuenta de la dimensión de Casupá, el ministro indicó que Paso Severino reserva 67 millones de metros cúbicos y Canelón Grande 18 millones de metros cúbicos. En el entendido de que la cuenca del río Santa Lucía es superavitaria, Ortuño remarcó que el desafío está en “guardar cuando hay [agua] para las situaciones de sequía”.

Lo que se viene

En el caso del nuevo paquete de obras comprendido en el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, Ortuño detalló que restan “estudios ambientales complementarios” que serán desarrollados en lo que resta de 2025, dando comienzo a las obras en 2026. En el caso de Casupá, el proceso va a implicar “dos rondas de selección de empresas”.

Luego de la precalificación de empresas, en 2026 se realizará el llamado a licitación y la adjudicación de las obras. Por lo tanto, Ortuño remarcó que el inicio se dará “sobre 2027”. El ministro adelantó que esto implicará “concluir” su período al frente de la cartera con la represa de Casupá construida.

Además, aseguró que, en cualquier caso, el gobierno va a “aplicar” las medidas previstas para el “cuidado de la calidad” del río Santa Lucía. En ese sentido, dijo que se deberá “declarar y establecer un área protegida” en los alrededores de la nueva represa “para cuidar el entorno ecológico de los ecosistemas del Alto de Casupá”.

Sobre los costos, Ortuño aseguró que lo previsto en el contrato ronda los 200 millones de dólares y que se definirá la cifra exacta luego de este mes, cuando se finalicen los trabajos que se están realizando para afinar “aspectos técnicos” con el consorcio Aguas de Montevideo. En cuanto a Casupá, el costo será de unos 130 millones de dólares, incluyendo las “eventuales expropiaciones”.