En 2024 se finalizaron 80.885 trámites de prestaciones, que es el 80% del total ingresado ese año, y para el 31 de mayo de 2025 el “stock” de estos trámites superaba los 58.000, de los cuales el 32% tiene antigüedad de más de un año y menos del 24% es menor a 90 días, según informó este lunes la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo.

“Estamos hablando de atrasos de prestaciones, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones no contributivas”, apuntó Pardo en una rueda de prensa, y señaló que esta situación se originó “a raíz de un modelo de atención que se implementó en el período pasado”.

Dijo que parte de este modelo de atención aplicado tiene relación con que “todas las personas generaran un usuario personal e hicieran trámites en línea”, lo cual “no es adecuado para todas las edades ni para todos los públicos que atiende el banco, en especial en el interior del país”, y agregó que en diferentes recorridas esto apareció como “una queja reiterada”.

Es por eso que anunció que el BPS va a “tomar acciones rápidas” para “revertir esta situación”. En primer lugar, se refirió a la contratación de 12 médicos adicionales, “bajo el régimen de contratación de obra”, para poder “acelerar” las juntas médicas. En ese sentido, otra de las medidas es la reducción de plazos para la evaluación médica, sumado a que en jubilaciones por incapacidad se pueda “sacar trámites redundantes que no estaban aportando valor”.

En cuanto a la jubilación común, habrá un nuevo criterio de análisis inmediato para estos trámites y, según Pardo, para “aquellas personas que ya tienen los requisitos, edad y años de servicio y que no están en actividad hoy”, se pasará a un trámite exprés. Esto consistirá en que “estas personas reciban una liquidación, y si luego tienen que hacer reconocimiento de servicios y agregar años, igualmente se les va a liquidar y después eventualmente se reformará el monto”.

Como otra de las medidas, de acuerdo con Presidencia, el BPS creará equipos de alto rendimiento que se dedicarán a los trámites que tengan especial prioridad, para así resolver casos que llevan un tiempo prolongado en espera. A su vez, según se indica, habrá una mejora en los trámites de pensiones por vejez e invalidez, para que estos procedimientos sean más comprensibles y se pueda facilitar información a los usuarios.

Además, de acuerdo con Presidencia, se hará un plan piloto para brindar una estimación jubilatoria, cuya proyección estará disponible a partir de agosto en la aplicación Mi Jubilación Estimada. “Hasta ahora el BPS no hacía cálculos a las personas que no querían jubilarse ya: lo que hacían era una cosa que se llamaba jubilación sin cese”, explicó Pardo, y detalló que si la persona está en actividad, cuenta con los requisitos y quiere saber cuál será el monto de la jubilación, “se le va a dar un cálculo proyectado”.

Esto, según la jerarca, “va a sacar un cuello de botella en una cantidad de trámites y, cuando la persona efectivamente quiera cesar, allí viene e inicia un trámite de jubilación”.

Consultada sobre esto, Pardo dijo que el tiempo de espera para la jubilación común tiene un promedio de 201 días, para la pensión por invalidez de 189 días, para la jubilación por incapacidad y subsidio transitorio de 252 días. Por lo tanto, señaló que “la situación es bastante generalizada”.

Pardo mencionó que “el atraso viene desde 2021”, por eso se llega a la conclusión de que tiene que ver con el modelo de atención. Sobre la información que recibieron en la transición, dijo que esta tenía que ver con “cuánto demoraba la liquidación de una prestación”, lo cual “cuando uno lo va a liquidar ya resolvió el trámite”, y este tiene “una etapa anterior”. “A nosotros nos interesaba mirar todo eso. Fue una tarea de estudio de los números del banco y la hicimos a través de diversos sistemas que tienen que ver con mirar los expedientes”, explicó.

Por último, la presidenta del BPS hizo mención a tres metas que tiene el organismo para 2025, que son la reducción de un 25% del stock de casos en proceso de valoración de incapacidad, con respecto al fin de 2024; la disminución de un 20% del stock de trámites activos de jubilación sin cese y reconocimiento de años de trabajo, con respecto al fin de 2024, y la eliminación de formularios redundantes y el desarrollo de aplicaciones digitales que puedan simplificar la gestión interna de los expedientes.