A pesar de la negativa de la mayoría de la oposición política, el diálogo sobre protección y seguridad social organizado por el gobierno está en marcha: el martes fue la primera reunión de la Comisión Ejecutiva y este jueves tuvo lugar en el auditorio de la Torre Ejecutiva el primer seminario sobre la temática, bajo el título “Evidencia para repensar la protección social”.

La introducción estuvo a cargo del director técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE), Marcelo Bisogno, quien centró su exposición en las últimas proyecciones elaboradas a partir de los datos del Censo 2023. Bisogno señaló que el descenso estimado de 466.000 personas de la población uruguaya para 2070 marca “que vamos a ser menos aún y que vamos a ser más viejos”, lo cual, “desde el punto de vista socioeconómico, tiene una implicación muy importante”.

Bisogno indicó que la edad promedio actual pasará de 39 a 50 años en 2070; esto supone que “por cada persona de 30 años va a haber una de 70 años”. Según el director técnico del INE, existen “opciones económicas para mitigar esto”. A modo de ejemplo, mencionó “la edad de retiro”, la productividad y la educación. Se trata de “mitigantes que están disponibles”, aunque “con difícil manejo político”, ya que “las decisiones de ahora van a redundar en lo que pase en el futuro”.

PIT-CNT propuso dos alternativas para aumentar el financiamiento

Luego fue el turno de las seis organizaciones sociales que fueron convocadas al Diálogo Social por el gobierno. El economista Gustavo Michelin, uno de los representantes de las cámaras empresariales en la Comisión Ejecutiva, sostuvo en que “las necesidades sociales cambian”, lo cual exige una adaptación de las políticas públicas. Y esto, a su vez, “puede implicar cambios en instituciones con un arraigo importante, pero que fueron concebidas para otra realidad”.

Michelin, que formó parte de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que funcionó en el período pasado, aunque en representación del gobierno, destacó que Uruguay “tiene ejemplos en la introducción de reformas con seguridad”. Mencionó la reforma jubilatoria de 1995, que creó el sistema mixto, y también “la gestión descentralizada” del sistema de seguridad social.

“Vemos una virtud en la gestión descentralizada, vemos buenos resultados en la participación de instituciones privadas junto con la política pública”, expresó Michelin, y señaló específicamente “el caso del pilar 2”, en referencia al régimen de ahorro individual, así como “el caso de protección a la infancia con los centros CAIF”.

Michelin cerró su intervención exponiendo la “preocupación” que existe en las cámaras empresariales con respecto a que el diálogo social no desemboque en “el facilismo de ‘che, esto se soluciona poniendo más plata solamente’”. “Tenemos que tener inteligencia y diálogo para ver dónde están los puntos de encuentro y dónde destinamos los cartuchos que tenemos”, expresó.

Sobre un eventual aporte adicional del sector empresarial, Michelin manifestó: “No quiero poner palabras dramáticas…, pero, bueno, hay límites en los cuales el granito adicional, que parece muy poco, genera distorsiones y toma de decisiones”.

Distinto fue el enfoque de la exposición de Carlos Clavijo, uno de los representantes del PIT-CNT en la Comisión Ejecutiva. “Si no hay plata, ¿cómo protegemos en seguridad social?”, preguntó, y respondió que, para atender las dificultades que acarrean las últimas proyecciones, “fundamentalmente estamos hablando del financiamiento de la seguridad social”.

La central sindical ya tiene dos propuestas concretas para esto. Por un lado, gravar con un nuevo impuesto al 1% más rico de la sociedad uruguaya para mitigar la pobreza infantil, y, por otro, “cambiar la forma de tributación” en el sistema previsional.

Clavijo señaló que, al margen de que en Uruguay “el aporte de los trabajadores es el más alto de América Latina”, con aportes que duplican a los de los empresarios, actualmente el esquema de tributación “no alcanza”, porque, entre otras cosas, “está muy vinculado a la masa salarial”. En tal sentido, el PIT-CNT propone que haya una sustitución gradual de los aportes patronales por un impuesto sobre la renta.

“Acá el movimiento sindical viene a plantear algo importante y maduro, que es que la matriz de financiamiento cambie y que el aporte patronal ya no esté vinculado a la masa salarial, sino más a la ganancia, es decir, cuánto más ganas, más devolvés a la sociedad”, expresó Clavijo. A partir de este cambio, “el pequeño y mediano comerciante que apenas gana para sobrevivir va a aportar muy poco”, mientras que las empresas con mayores ganancias “aportarán más a la seguridad social”.

Por otra parte, Clavijo subrayó que, “desde el movimiento sindical, así como lo dice la Onajpu [Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay], nosotros siempre vamos a estar defendiendo una seguridad social solidaria, universal, intergeneracional, humana, pero también sin lucro”. “Estamos convencidos de que el sistema de ahorro individual privado se tiene que eliminar”, resaltó.

Red Pro Cuidados pidió no enfocarse únicamente en las prestaciones

El representante de la Onajpu en la Comisión Ejecutiva, Sixto Amaro, sostuvo que existe “una dicotomía” entre la “teoría”, que puede ser “amplia” y “progresista”, y la realidad de los jubilados y pensionistas. “Reafirmamos que los adultos mayores somos sujetos de derecho de la seguridad social”, expresó.

En cuanto a las expectativas con respecto al diálogo social, Amaro manifestó que la principal reivindicación de la Onajpu “es tener una seguridad social universal, solidaria y sin fines de lucro”. Afirmó además que “es fundamental considerar el financiamiento de la seguridad social”, así como “el sistema tributario”, para “seguir avanzando hacia una seguridad con mayores equidades internas”.

Aunque admitió que esto “no es un proceso fácil”, Amaro sostuvo que resulta “absolutamente necesario”, porque, de lo contrario, “terminaremos el diálogo con algunos parches que no generarán los cambios esenciales que el Uruguay necesita”.

Por su parte, la delegada de la Plataforma Infancias y Adolescencias en la Comisión Ejecutiva, Paula Baleato, consideró que el diálogo social debería “incorporar la equidad intergeneracional como eje rector” y “evitar caer en la lógica de oposición entre generaciones”. Sostuvo que la atención a la pobreza infantil “no puede verse como un costo que compita con otros derechos”. “Hay que buscarle la vuelta para abordar esta emergencia que tenemos”, añadió.

Silvia Areosa, representante de la Alianza por los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó en el seminario que “es necesario que el país tenga accesibilidad, oportunidades, formación y apoyos” para que las personas con discapacidad desarrollen su “potencialidad” y, al mismo tiempo, dejen de ser consideradas “como personas que son una carga para el hogar, la familia, los trabajos y el Estado”.

La delegada de la Red Pro Cuidados, Margarita Percovich, afirmó en su intervención que mejorar el sistema de protección social no supone únicamente “gastar más”, sino también “organizar los recursos que ya están instalados”. Dijo que “no se trata solamente de poner a la población objetivo”, como las infancias, porque en anteriores administraciones “ya tuvimos la práctica de centrarnos en las prestaciones, que fueron muy importantes para la disminución de las desigualdades, pero sabemos muy bien que no bastan”.