Este jueves los diputados Gustavo Salle (Identidad Soberana) y Juan Martín Jorge (Partido Colorado) se hicieron presentes en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez para presentar formalmente la denuncia anunciada por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). El documento apunta a una “aparente comisión” de los delitos de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público. En ese sentido, se solicita que “se inicie investigación penal sobre las personas que hayan participado en dicha operación”.

Además de las firmas de Salle y Jorge, el documento cuenta con el apoyo formal del diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi y el representante del Partido Independiente Gerardo Sotelo. Como informó la diaria, el diputado independiente permaneció evaluando su apoyo durante las últimas horas, y según se pudo reconstruir, decidió anexar su rúbrica “a último momento”.

Luego de la presentación de la denuncia, Jorge señaló en rueda de prensa que se trata de “cumplir un deber, una obligación”. “Estamos obligados como representantes a buscar siempre transparencia, velar por el cuidado de los dineros públicos”, aseguró. Sin embargo, el diputado colorado reconoció que haber llegado a la instancia no “causa gracia”. Remarcó que tanto él como Salle prefieren estar “pensando en proyectos de ley”.

Jorge apuntó que encontraron un “sinfín de irregularidades”, “más de 12 violaciones a las normas, desde la Constitución de la República, hasta los reglamentos internos de Colonización”. “El director de la oposición, Luca Manassi, pidió informes que fueron negados, eso de por sí es muy grave”, agregó el diputado.

“Hay un conjunto de comportamientos e indicios probatorios que ameritan que haya una investigación administrativa, porque la fiscalía lo que hace es investigación administrativa”, recalcó Salle. Sin embargo, aseguró que tiene “muy pocas esperanzas” de que fiscalía confirme la existencia de delitos, dado que se está “denunciando al Poder Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo”.

La investigadora

“Vamos a seguir siempre insistiendo con todo lo que sea investigación y transparencia”, comentó Jorge al ser consultado sobre la pertinencia de concretar o no la investigadora que había impulsado a nivel parlamentario. Sin embargo, reconoció que “la comisión investigadora carece de sentido”, porque se ha “elevado el mecanismo de control” con la denuncia penal. “Por declaraciones públicas que hemos visto en el día de hoy, aparentemente dada esta instancia, ya no estarían los votos para la investigadora”, agregó.

La respuesta al presidente del INC

“Nos entristece mucho que para algunos políticos de este país querer ayudar a los pobres sea considerado un delito”, dijo el presidente del INC, Alejandro Henry, al ser consultado por la diaria sobre la denuncia. Consultado por estas declaraciones, Jorge las catalogó como “populismo puro”. “Ni vamos a discutir a ese tipo de nivel”, agregó.

“Ese temperamento lo debió adoptar en el 2017, cuando el Frente Amplio le entregó patria a una corporación foránea”, comentó por su parte Salle, en referencia a UPM. Dejando claro que hablaba a título personal, el diputado soberanista apuntó que se le está entregando “una estancia de 32,5 millones de dólares a compañeros del partido, no a pobres”. Además, se refirió a que se está hablando de eso, a la vez que se entregó “un presupuesto bochornoso, de entrega de la patria” al Parlamento.

Los delitos

la diaria accedió a la denuncia presentada que, además de tener el anexo de las firmas de blancos e independientes, tuvo pequeñas modificaciones de redacción y de elementos que no cambiaron el fondo del asunto. En el caso del delito de abuso de funciones, se señala que la adquisición de la estancia María Dolores “se encuentra presumiblemente condicionada por fines ajenos a los intereses de la administración”. Se afirma además que, por el contrario, la compra se hizo en “homenaje” al expresidente José Mujica.

También se apunta a las diferencias entre el precio por hectárea que señalaban informes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (4.400 dólares) y el que efectivamente se pagó (7.300 dólares). Por último, se menciona que tanto el expresidente Viera como la directora Karina Henderson “se encontraban inhabilitados para integrar el Directorio, conforme al artículo 200 de la Constitución”.

Más allá de otros elementos planteados para señalar el abuso de funciones, esta nueva redacción hace referencia a que “el entonces presidente del INC, Eduardo Viera, ya había manifestado en reuniones gremiales su interés en la eventual adquisición de la estancia María Dolores, lo que demuestra que al momento de ejercer su función pública no actuó con la objetividad e imparcialidad que le eran exigibles”.

En cuanto al delito de fraude, se sostiene como principal argumento que la Ley 11.029 —que creó el INC— “habilita, en situaciones excepcionales, la adquisición directa de tierras, pero exige la aprobación de cuatro votos conformes del Directorio”. En ese sentido, se subraya que el acta de la sesión en la que se aprobó la compra da cuenta del voto conforme de sólo tres directores. Los otros dos, Luca Manassi y José Amy, votaron en contra. “Este extremo fue señalado por el Tribunal de Cuentas de la República”, recuerda la denuncia.

Asimismo, para hablar de falsificación ideológica se recordó que el 14 de mayo, cuando el directorio del INC ejerció el derecho de preferencia para la adquisición de la estancia María Dolores, “se dictó” la resolución sin contar con “el informe técnico preceptivo”. Asimismo se sostiene que luego se incorporó “un documento que se limitó a resumir las características físicas del inmueble y su entorno”. Ese informe, según se puntualiza, fue “agregado dos días después”, pero con “fecha antedatada al 28 de abril de 2025”, lo que es central para hablar del mencionado delito.

Por último, sobre la fundamentación del delito de conjunción del interés personal y público, la denuncia sostiene que el entonces presidente del INC “omitió declarar su calidad de colono en su currículum, y solicitó venia para intervenir en la adquisición de la estancia María Dolores, promoviendo la compra estando legalmente inhibido”. Este mismo argumento se aplica sobre Henderson, directora, que también siendo colona votó. En el caso de Viera, también se subraya que ocultó que tenía deudas con el INC.

La respuesta del FA

“Creo que judicializar la política es de los peores errores que los partidos pueden cometer, pero son errores que viven cometiendo”, opinó en rueda de prensa sobre la denuncia el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira. Agregó que “obstaculizar la justicia con estos asuntos parece absurdo, de política muy menor”.

Asimismo, profundizó que los informes con los que se cuenta hablan de que “se cumplió con la ley”. Además, aseguró que los agentes de Florida con los que ha hablado, tanto “productores” como el intendente, han sido “claros de que esta compra del gobierno uruguayo es positiva”.

Pereira planteó, sin embargo, que “hay gente que cree que esos campos son para determinada clase social y que productores de menores recursos o sin recursos no deberían estar en ese tipo de tierras productivas”. Aseguró que esto tiene que ver con “la forma de pensar tan conservadora que tienen algunos miembros del Partido Nacional”.

En conclusión, Pereira puntualizó que “el gobierno uruguayo de acuerdo a la legislación compró un campo que es de alta calidad y que va a servir para alojar muchos puestos de trabajo en el mismo predio y en la propia Florida”. “El Frente Amplio se comprometió con la ciudadanía uruguaya a otorgar 25.000 hectáreas de tierra, entregó 4.400 y va a entregar las 25.000; eso es cumplir con el pueblo uruguayo”, enfatizó. “Tienen que asumir que el Frente Amplio ganó con un programa”, sintetizó.