Con los votos del Frente Amplio (FA) y la Coalición Republicana, integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente, la Cámara de Diputados aprobó en la noche de este martes el proyecto de ley que introduce un conjunto de modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia vinculadas a la inscripción de hijos e hijas. La iniciativa, que se había presentado por primera vez en diciembre de 2018, ya había sido aprobada en el Senado en abril de este año, por lo que la sanción fue definitiva. Se transformará en ley una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo.
“Esto sin dudas es un avance en materia de derechos, porque las leyes no son neutrales, también expresan concepciones sobre la sociedad y reproducen muchas veces relaciones de poder”, expresó al momento de la votación la diputada del FA Magela Rinaldi.
El proyecto establece que “el hijo habido dentro del matrimonio llevará los apellidos de los cónyuges en el orden por el que ellos opten expresamente”. La normativa vigente dispone que, por defecto, el hijo habido dentro del matrimonio “heterosexual” –término que en el proyecto se elimina– “llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre”, si bien se añade que “los padres podrán optar por invertir el orden establecido precedentemente siempre que exista acuerdo entre ellos”. Cuando se trató en la cámara alta, la senadora del FA Constanza Moreira apuntó que, “a más de diez años de la ley de matrimonio igualitario, solo el 3,4% de las inscripciones colocaron el apellido materno en primer lugar”, y sostuvo que “la escasa proporción de gente que utilizó el apellido de la madre no se debe a un tema de libre elección, sino a la cantidad de obstáculos que hay”.
Rinaldi señaló que la ley actual “expresa una tradición profundamente arraigada: la de colocar al varón en el centro y relegar a la mujer a un lugar secundario”. “Este proyecto viene a cuestionar esa lógica. No impone ni prohíbe que el apellido paterno vaya primero, sino que deja que sean las familias las que decidan”, puntualizó.
En el proyecto se agrega que, en caso de no existir un acuerdo entre los cónyuges, “el orden de los apellidos se determinará por un sorteo en el momento de la inscripción, que será realizado por el oficial de estado civil”. Asimismo, se establece que “el acuerdo respecto al orden de los apellidos se acreditará al momento de la inscripción del nacimiento mediante la manifestación expresa de la voluntad de ambos cónyuges ante el oficial de estado civil”.
A su vez, el proyecto dispone que, en caso de una adopción plena por parte de cónyuges o concubinos, “el hijo sustituirá sus apellidos por los de los adoptantes en el orden por el que ellos opten expresamente”. La normativa vigente también establece que, por defecto, el hijo llevará el apellido del padre adoptante en primer lugar y el de la madre adoptante en segundo lugar, salvo que haya un acuerdo común para “invertir el orden establecido precedentemente”.
En el medio de la discusión parlamentaria, Rinaldi destacó el trabajo del colectivo Dos Mamás, que convirtió “una experiencia de discriminación en un reclamo colectivo”. “Reclamaron algo elemental: que sus hijos e hijas pudieran ser reconocidos plenamente por las dos madres que los crían y que los aman; hasta ahora muchas tuvieron que casarse para evitar dificultades administrativas y otras debieron recurrir a la Justicia”, resaltó la legisladora frenteamplista.
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que los cambios aprobados este martes “son compartibles”, aunque no “revolucionarios”. “En todo caso, lo que hoy es una preferencia [...] se sustituye por la necesidad de un acuerdo”, señaló. Por su parte, la diputada colorada Paula de Armas afirmó que “el proyecto no introduce un cambio radical”, sino que “completa una evolución normativa” orientada a “la plena igualdad entre padres y madres”.
El proyecto fue sancionado con 70 votos a favor y dos en contra. Solo se opusieron los dos diputados de Identidad Soberana. Los representantes de Cabildo Abierto no estuvieron presentes cuando se votó.
A modo de fundamento, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle señaló que en la Constitución de la República se “parte de la base de la familia heterosexual con potencialidad de procreación”. “Se podrá decir que está mal, que evolucionó la sociedad, que hubo cambios que se deben atender, y quizás la gran mayoría del pueblo uruguayo esté de acuerdo”, reconoció, pero afirmó que para cualquier modificación de la carta magna “debería haber sido consultado el pueblo y no por el atajo de la ley”.