La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el viernes pasado el proyecto de competitividad y reducción de costo de vida, elaborado por el Poder Ejecutivo y presentado en el Parlamento por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 9 de julio. Está previsto que la iniciativa se someta a votación del plenario de la cámara alta este miércoles.
El senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani escribió en su cuenta de X que la iniciativa contó con un “gran apoyo de todos los partidos políticos”. “Un paso clave para desburocratizar el Estado, apoyar a las mipymes [micro, pequeñas y medianas empresas] y dinamizar la economía”, expresó. Desde la oposición, unos días antes de la votación en comisión, el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana destacó que el tratamiento del proyecto “demanda la atención del Senado”.
La gran mayoría de los artículos del proyecto fueron aprobados por unanimidad, algunos de ellos con cambios que planteó el MEF. A su vez, según supo la diaria, el PN y el Partido Colorado presentaron cerca de 45 artículos aditivos y sustitutivos, que requirieron una negociación entre el oficialismo y la oposición el jueves pasado, un día antes de que terminara la votación.
Las modificaciones propuestas por la oposición
En diálogo con la diaria, Botana, quien forma parte de la comisión, dijo que, si bien el FA aceptó la mayoría de los cambios propuestos, hay algunos que no tuvieron éxito. Mencionó, por ejemplo, un artículo que habilita el autodespacho aduanero; la oposición propuso que se agregue la posibilidad de que la persona que haga uso de esa modalidad pueda tener una constancia de egreso o una certificación de programas de educación media superior técnica o de diversos trayectos formativos impartidos en UTU, con contenidos específicos en la materia.
En lo que respecta a la formación, el Poder Ejecutivo había propuesto que la persona tenga idoneidad técnica en materia aduanera y comercio exterior, que se acreditaría con un título de estudios de nivel terciario, universitario o no, expedido por instituciones educativas por el Ministerio de Educación y Cultura, o con una prueba de conocimiento ante la Dirección Nacional de Aduanas.
Por otro lado, Botana definió como un tema “delicado” y “jodido” la propuesta de crear un Sistema de Finanzas Abiertas. Uno de los cometidos de este sistema es el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los usuarios sobre los datos personales vinculados a su participación en el sistema financiero y el sistema de pagos.
Al respecto, la oposición propuso que este fortalecimiento incluya el “derecho personal, absoluto e intransferible al secreto de la información personal de los ciudadanos, que en ningún momento y bajo ninguna forma podrán ser coaccionados, ni presionados, ni alentados, de forma alguna, a prestar su consentimiento a que se revelen sus datos personales”. Esto fue aceptado por el FA. No obstante, según señaló Botana, dado que la oposición no acompañó el bloque de artículos referidos al nuevo sistema, el sustitutivo finalmente no quedó incluido en la redacción.
Además, la oposición propuso agregar la disposición de que, cuando el usuario “no autorice el uso de información que sobre su persona exista en el sistema, deberá tener garantías de igualdad y no podrá recibir trato discriminatorio por parte de una agente del sistema”; en tal caso, “la persona aportará información que le sea requerida a los efectos de la operación que se trate, a partir de una solicitud específica”. Esto tampoco quedó en la redacción, pero Botana dijo tener la expectativa de que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, esté de acuerdo con el planteo y, por lo tanto, se pueda sumar al momento de la votación en el plenario.
Por otro lado, un artículo que generó algunas diferencias entre el FA y la oposición, pero al que de todos modos se llegó a una “solución”, es el número 141, que refiere a la habilitación de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo. Botana dijo que acordaron que el primer importador tenga un año de exclusividad para importar el producto antes de habilitar a los otros importadores. Según consta en la versión taquigráfica de la comisión del miércoles, el MEF presentó modificaciones al proyecto y esta fue una de ellas, según informó el subsecretario Martín Vallcorba.
“La idea es que esto opere como un mecanismo que no desincentiva el registro de los productos, otorgando durante el periodo de una año la ventaja de operar ese registro de manera exclusiva”, explicó el jerarca, y agregó que “esto depende del tipo de producto”, puesto que “el costo y la complejidad del registro no son iguales en todos los casos”.
Con todo, Botana dijo que la ley “enfrenta situaciones ventajosas” de “varias áreas de la vida del país”, para lo que el sistema político “se tiene que lograr reunir” y tener “unidad” para “derrotar esas cosas que no ha tenido”.