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Salto Sociedad
Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación, en Salto (archivo, julio de 2026). · Foto: Ariel Volpi

Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación, en Salto (archivo, julio de 2026).

Foto: Ariel Volpi

Grupo Reencuentro impulsa proyectos laborales y reclama que los privados de libertad cumplan sus condenas cerca de sus familias

La organización se reunió con autoridades de la Unidad 20 del INR y con el juez de Ejecución y Vigilancia para presentar sus objetivos.

El Grupo Reencuentro de Salto, una organización social y civil que trabaja en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias, mantuvo una serie de reuniones con autoridades de la Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y con el juez de Ejecución y Vigilancia, Paulo Aguirre, para presentar los objetivos de la asociación y plantear distintas iniciativas vinculadas a las condiciones de reclusión y la rehabilitación.

El referente de la organización, Luis Mendieta, dijo a la diaria que durante el encuentro se puso especial énfasis en la situación de las personas que son trasladadas a centros penitenciarios alejados de sus lugares de residencia. En ese sentido, el grupo plantea que puedan retornar a establecimientos más cercanos a sus hogares, para facilitar el contacto y el acompañamiento de sus familias.

Mendieta también informó que mantuvieron una reunión con el encargado de la Unidad 20, el suboficial mayor Fernando López, a quien le presentaron una serie de planteos que posteriormente serán trasladados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Educación y Cultura.

Durante el encuentro, López hizo referencia a las distintas propuestas de formación y capacitación que se desarrollan actualmente en la unidad penitenciaria. Entre ellas mencionó talleres de arte, teatro, música, corte y confección y herrería.

Según los datos aportados por el jerarca, actualmente hay unas 460 personas privadas de libertad en la Unidad 20 de Salto, de las cuales aproximadamente 370 participan en talleres y otras actividades.

En ese contexto, Mendieta adelantó que la organización llevará próximamente a Montevideo una serie de proyectos laborales para presentar ante distintos organismos del gobierno nacional. La intención es generar nuevas oportunidades de trabajo que contribuyan a los procesos de rehabilitación y reinserción social.

El referente de Reencuentro señaló que, si bien existe una participación importante de internos en actividades laborales y de formación, es necesario seguir ampliando las propuestas. “Cuantas más oportunidades haya, mejor”, sostuvo.

Por su parte, López manifestó su disposición a recibir y evaluar iniciativas que puedan resultar positivas para la población carcelaria. En ese sentido, indicó que existen propuestas que pueden ser consideradas y analizadas en función de las posibilidades de implementación.

Nuevos pabellones y denuncia

Consultado sobre los nuevos pabellones de la Unidad 20, que todavía no fueron habilitados, López explicó que la apertura está condicionada a la disponibilidad de recursos humanos. Una vez que se cuente con el personal necesario, se realizará una selección de internos para ocupar esos espacios, en el marco de la necesidad de descongestionar el interior del establecimiento.

Por otra parte, consultado sobre una denuncia por un presunto abuso que tomó estado público, señaló que todavía no se cuenta con información concluyente, debido a que el caso se encuentra en etapa de investigación. Indicó que las personas privadas de libertad denunciadas fueron trasladadas a otro centro penitenciario, mientras que el joven que habría sido víctima permanece en la Unidad 20, donde cuenta con medidas de contención.

Finalmente, Mendieta anunció que el próximo 18 de diciembre el Grupo Reencuentro mantendrá una reunión con el prosecretario de Presidencia, y con el senador del Frente Amplio Felipe Carballo y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El objetivo será presentar los proyectos de la organización y avanzar en propuestas que permitan ampliar las oportunidades laborales y fortalecer los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad.