Poder Ejecutivo decretó que no se abra el corralito mutual hasta 2020

El viernes 16 el Poder Ejecutivo suspendió por decreto la apertura del corralito mutual en 2019, y aseguró que lo abrirá en 2020. Argumenta que “en la medida que las prácticas prohibidas relativas a la intermediación lucrativa persisten, la respuesta de la administración no puede ser otra que el diseño de un sistema de probada confidencialidad técnica y jurídica que impida la realización de las prácticas citadas”, y que para eso se necesita “un instrumento de rango legal” que “fortalezca la respuesta punitiva penal, extendiéndola a todos quienes intervienen en la cadena de responsabilidad”. Es el segundo año consecutivo que el Ejecutivo suspende la apertura del corralito que se hacía en febrero desde 2009; en esa decisión incidieron los casos de intermediación lucrativa que se conocieron en 2017 y por los cuales la Justicia ha procesado a 60 personas.

Tras la suspensión de 2018, las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) habían asegurado que trabajarían durante todo este año para habilitar la movilidad regulada en 2019 y, de hecho, eso se venía haciendo en la Junta Nacional de Salud (Junasa). “Hace tres meses que estábamos trabajando en reuniones citadas por la Junasa por el nuevo sistema de afiliaciones, que tenían que ver con un sistema que tenía trazabilidad, con identificación de huella dactilar mediante un mecanismo electrónico bastante complejo y que había hecho movilizar recursos humanos de afiliaciones para capacitarlos”, expresó, en diálogo con la diaria, Carlos Cardoso, presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior. Las mutualistas de Montevideo también venían trabajando en ese sentido y se habían comprometido a hacer las inversiones tecnológicas necesarias para contar con los mecanismos informáticos que impidieran la intermediación lucrativa. El viernes 16 se iban a presentar los nuevos lineamientos del nuevo sistema, y nada hacía pensar que no pudiera abrirse el corralito, pero la reunión se suspendió y se firmó el decreto.

¿Qué cambió?, le preguntó la prensa ayer al ministro de Salud, Jorge Basso. Respondió que el Poder Ejecutivo llegó a la conclusión de que con la herramienta pensada se minimizaría la intermediación lucrativa, pero que para eliminarla hay que extender el marco legal punitivo a toda la cadena de responsabilidades. Basso dijo que no le consta que se estén tramando nuevas estafas, pero que “todas las causas” de procesamientos por intermediación lucrativa de 2017 siguen abiertas, “y eso determina que tengamos que tomar mayores precauciones” para tener la certeza “de que ningún dinero se desvíe para promover la compra y venta de usuarios”.

En marzo de 2017, cuando se produjo la ola de procesamientos por intermediación lucrativa, el Ejecutivo negó que se estuviera ante una “megaestafa”. Al día de hoy, Basso mantiene esa posición, pero si bien en los últimos años de apertura del corralito no se cambiaba más de 4% de los habilitados, el MSP no puede precisar la dimensión de aquella estafa ni por qué evitar su reiteración pesa más que el derecho de los usuarios a elegir la institución en la que atenderse, reconocido por la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). De todos modos, hay quienes plantean, como Cardoso y Nelson Sena (representante del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada), que no es real que hasta ahora haya habido libertad de elección, puesto que para cambiar de institución, una persona tiene que haber estado por lo menos 36 meses afiliada a ella. Tanto Sena como Cardoso señalan que ese período es justamente el que alimenta la intermediación lucrativa, porque como las afiliaciones les dan ingresos seguros durante tres años, hay instituciones de salud dispuestas a comprarlas.

“Sorprende este decreto, y que en un año no se haya logrado crear mecanismos que den garantías para que la intermediación lucrativa no sea una realidad”, expresó en diálogo con este medio Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, que remarcó la necesidad de permitir la libre elección de los usuarios porque, entre otras cosas, es un estímulo para la mejora de la calidad. Grecco señaló que al inhabilitar los cambios “se ven beneficiadas instituciones que gestionan mal o están en la peor situación”, y recordó que un decreto no puede limitar lo que establece una ley (la de creación del SNIS).

Consultado sobre la falta de estímulos para aumentar la calidad asistencial, Basso se limitó a decir: “Si estamos pensando que hay intermediación lucrativa, de calidad tiene poco”.

Hay quienes piensan que el imprevisto decreto fue una decisión política motivada por el temor a que se constataran nuevas prácticas ilegales de afiliación en plena campaña electoral. Lo cierto es que las críticas ya se sienten, y el Partido Nacional cuestiona una vez más la incapacidad del Poder Ejecutivo para controlar la intermediación lucrativa –aunque tampoco pudo hacerlo la actual oposición cuando gobernó– y la falta de libertad de elección. Consultado sobre el costo político de esta decisión, Basso respondió que “cualquier decisión que tomamos es una decisión que sopesa el interés general”. Todo esto será tema de conversación en la interpelación pendiente que tienen Basso y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, por la llamada estafa al Fonasa.