El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) visitó el jueves el Hospital Vilardebó. “Preocupa al MNP la sobrepoblación y hacinamiento en los cuartos fuertes de la sala 11”, expresó la INDDHH en Twitter, con el que anunció la visita e incluyó dos fotos: una muestra los añejos techos del edificio, construido a fines del siglo XIX, y en la otra se ve una sala de seguridad en la que ni siquiera hay espacio para estar parado, pues toda la superficie del piso está cubierta; hay cuchetas, camas de una plaza y, en el poco espacio libre que hubo en algún momento, un colchón en el piso y, sobre él, una persona durmiendo.
En los próximos días la INDDHH hará un informe con recomendaciones. En diálogo con la diaria, Wilder Tayler, director de la INDDHH, adelantó que están preocupados porque hay un “incremento significativo de la cantidad de internos en el Hospital Vilardebó”. “La capacidad del Vilardebó de absorber internaciones dispuestas por la Justicia ha sido desbordada”, dijo, y detalló que el Poder Judicial está ordenando internaciones pero no la salida, y que eso ocurre incluso con personas que tienen el alta médica.
Para intentar solucionar este problema, la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) –de quien depende el Hospital Vilardebó– se reunió en las últimas semanas con autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de la Fiscalía General de la Nación y de la INDDHH. Héctor Suárez, director de Salud Mental de ASSE, explicó a la diaria días atrás que una vez que el paciente judicial tiene el alta “el juez tendría tres días para tomar la decisión” para que egrese del hospital, pero que “a veces, por distintas causas, eso se demora más de lo adecuado y genera una estadía prolongada”. Agregó que eso repercute en esa persona pero también en el centro de salud, puesto que termina “quitándole” el lugar a otra persona. Según Suárez, luego del intercambio la SCJ emitió un comunicado para que todos los jueces de familia intenten cumplir con los plazos, y anunció que se creará una mesa de diálogo para mejorar la situación. Más de 40% de las personas internadas en el Vilardebó ingresaron por orden judicial.
Más encierro que salida
Según consiga el Informe Anual que presentó en junio la INDDHH ante el Parlamento, en 2017 el MNP concurrió cinco veces al Vilardebó para hacer visitas –algunas coordinadas y otras sin anuncio previo–, y fue dos veces al sector 6º B de la ex Cárcel Central, que depende del Vilardebó, porque desde abril de 2016 se hace allí la internación psiquiátrica de varones declarados imputables por cometer una infracción penal. En todas las visitas al hospital psiquiátrico, el MPN concurrió a las salas de seguridad 10, 11 y 16, las que incluyen, además, “cuartos fuertes” o “cuartos de contención”, que son celdas con puertas de rejas (como la que aparece en el tuit del jueves de la INDDHH) en las que se alojan personas que no se adaptan a la vida en los pabellones.
El promedio de días de internación en enero de 2017 era de 456 días en la sala 10, 426 en la sala 11 bis, 199 días en la sala 11 de contención, 98 en la sala 16 y 39 días en el sector 6º B de la Cárcel Central.
En sus consideraciones finales, la INDDHH expresó que “junto a las graves condiciones de habitabilidad preocupó al MNP la naturalización del encierro como práctica de control, exclusión y castigo para las personas con padecimientos mentales. Se constató que las respuestas institucionales actualmente no logran aún encontrar abordajes que permitan atender a las personas con trastornos psiquiátricos complejos en un marco de respeto a sus derechos y con proyectos individualizados”. Aclaró que le llama “padecimiento mental complejo” a “aquel al que se sobreagregan otros factores de vulnerabilidad, como la pobreza estructural, la desvinculación social y familiar y la judicialización de distintas conductas disruptivas o infractoras”. Recomendó atenderlos desde una perspectiva multidimensional, integral e integradora comprometida con los derechos humanos.