En 2018 unos 300.000 migrantes centroamericanos solicitaron refugio en México, muchos de ellos en su camino hacia Estados Unidos. De noviembre a esta parte se calcula que tres millones de venezolanos se fueron de su país; 2,4 millones de ellos fueron acogidos por países de América Latina y el Caribe. La crisis migratoria afecta a los estados de diferentes formas, pero estos desplazamientos a gran escala pusieron en jaque a los sistemas de salud de los países de la región; los ministros de salud dejaron en claro que debían enfrentar estos problemas reforzando los sistemas a la interna y aumentando la colaboración entre los países. Por esto, a fines de abril la Organización Panamericana de la Salud (OPS) elaboró un documento de orientación sobre migraciones y salud que presenta cinco líneas de acción para mejorar tanto la salud de los que llegan como de la población que los recibe.
El documento señala que entre los mayores desafíos que enfrentan los sistemas de salud “se encuentran los recursos limitados en términos financieros, humanos y de infraestructura, así como las limitaciones legislativas”. Aclara que para superar los problemas se necesita “una comprensión amplia y de género sobre las contribuciones de los migrantes a las economías formales e informales”, y entender que la forma en que participan los migrantes en los sistemas sociales y de salud “puede mejorarse, reconocerse y protegerse”.
Entre los desafíos que llegan en materia de salud con los migrantes, la OPS identifica el aumento de enfermedades no transmisibles y el resurgimiento de enfermedades infecciosas como el sarampión, la difteria y la malaria, que estaban eliminadas o al menos controladas. La OPS señala que durante su trayecto, las poblaciones migrantes podrían estar en mayor riesgo de desarrollar o empeorar enfermedades no transmisibles, además de presentar desórdenes de salud mental y abuso de sustancias. Estas condiciones se pueden explicar por varias situaciones a las que se enfrentan los migrantes: la falta de continuidad en los tratamientos; el riesgo de contraer enfermedades transmisibles; ser víctimas de violencia sexual y de género, abuso y trata de personas; y la falta de acceso a un refugio adecuado, saneamiento y agua potable. Todos esos riesgos “se agudizan debido a las barreras de acceso a la salud durante el tránsito, en los países de destino y de origen o retorno”, señala el informe.
Orientaciones
Fortalecer la vigilancia sanitaria, la gestión de la información y el monitoreo. La OPS recomienda establecer sistemas de alertas y respuestas tempranas ante los riesgos sanitarios, y asegura que los estados deben fortalecer los equipos de vigilancia epidemiológica.
Mejorar el acceso a los servicios de salud para la población migrante y la de acogida. La OPS busca que se aumente el acceso equitativo a servicios de salud completos, oportunos y de calidad. Recomienda que se ponga “a disposición de los migrantes informaciones sobre servicios de atención médica que prestan todos los actores relevantes a niveles nacionales y locales” a organizaciones de sociedad civil, para evitar la duplicación de esfuerzos.
Mejorar la comunicación para contrarrestar la xenofobia, el estigma y la discriminación. La OPS sugiere que se brinde información precisa para evitar “percepciones equivocadas que existen entre las poblaciones migrantes sobre los impactos sanitarios de la migración”.
Fortalecer las alianzas entre países para comprender el estatus y proteger la salud de los migrantes. Propone que los estados tomen acciones conjuntas y den respuestas coherentes a políticas de salud pública multisectoriales, incluidos los impactos diferenciados en mujeres, niñas, niños, comunidades indígenas y afrodescendientes.
Adaptar las políticas, programas y marcos legales con el fin proteger la salud de los migrantes. Es fundamental que los migrantes estén protegidos por la ley; para eso recomiendan revisar la legislatura y modificar los marcos legales para abordar los derechos del migrante al más alto nivel posible de salud mental y física.