“Se han degradado las condiciones laborales de técnicos y funcionarios, las que exponen a los trabajadores de la salud mental a sobrecarga, frustración, estrés, conflictos y conducen a eventuales situaciones de error médico y burn out”, expresan la Asociación de Psiquiatras del Interior (API), la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (SUPIA) en un comunicado conjunto que emitieron el martes. El reclamo se dirige a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que, según los psiquiatras, “no adjudica recursos humanos ni materiales suficientes para brindar una atención de calidad mínimamente aceptable”.

En la carta reclamaron que hay varios departamentos en los que ASSE no tiene psiquiatras, y que eso ha sobrecargado a especialistas de otros departamentos. Afirmaron que en Montevideo y el área metropolitana “los psiquiatras trabajan en peores condiciones y con menor remuneración que en el sector mutual, y atienden población cuyo contexto socioeconómico limita las posibilidades de intervención”. “El hospital Vilardebó se encuentra colmado”, plantearon, porque hay personas que tienen orden judicial de internación sin que requieran largas internaciones, y hay pacientes crónicos con estadías de largo plazo que no deberían estar en un hospital de agudos, pero no hay lugares de egreso.

Denunciaron que las internaciones de niños y adolescentes son prologadas “por ausencia de dispositivos de egreso”, como centros de día, y que eso provoca “iatrogenia”, que es el daño a la salud causado por un acto médico. Agregaron que en el interior no hay guardia de retén en psiquiatría pediátrica, que los pacientes deben ser trasladados al Pereira Rossell, y que en policlínicas hay “largas listas de espera”. Además, las sociedades denuncian que hay problemas de disponibilidad de medicamentos. Acusan que “falta autoridad y presencia” de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, y señalan una “disociación” con las redes de atención primaria y con las autoridades centrales.

Consultadas por la diaria sobre esta situación, autoridades de ASSE dijeron que recibieron el miércoles el escrito y que aguardarán el informe de la Dirección de Salud Mental para emitir opinión.

Condiciones laborales y asistenciales

Rafael Sibils, presidente de la SPU, declaró a la diaria que perciben esta situación desde hace dos o tres años. El reclamo se hace en medio de la aplicación de la nueva Ley de Salud Mental, que apuesta a la atención oportuna y a evitar las hospitalizaciones. “La ley va en un sentido y, sin embargo, lo que está sucediendo está yendo en el contrario”, reclamó Sibils. Según él, la falta de especialistas en ASSE “es un problema más de condiciones de trabajo que de remuneración”, porque están sobrecargados.

Como solución, proponen no eliminar los cargos de los psiquiatras que se jubilan y restituir a los integrantes que se van de los equipos de salud mental: “A muchas personas se las cambia de lugar; por ejemplo, se pone a un asistente social a organizar tareas administrativas”. Agregó que la agenda de pacientes ya no la manejan los psiquiatras, sino que se hace a nivel institucional y que “parece más destinada a cumplir con metas estadísticas que a otra cosa”, reclamó.

Sibils pidió que la Dirección de Salud Mental tenga más jerarquía. Sucede que de esa dirección dependen técnica y administrativamente los trabajadores del Vilardebó, de las colonias psiquiátricas, del Portal Amarillo y de atención a los privados de libertad, pero el resto de los equipos de salud mental dependen administrativamente de las unidades ejecutoras –hospitales o policlínicas–.

Mónica Silva, integrante de SUPIA, comentó a la diaria que salvo las clínicas que contrata el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, nunca existieron dispositivos de egreso para niños, y que es necesario tener casas de medio camino u hospitales de día.

Según Silva, hay “un incremento de las dificultades psicoemocionales en los niños y adolescentes” que se hace evidente en el “elevado número de suicidios y de muertes violentas en la juventud”. Planteó que “los recursos a nivel de territorio son absolutamente insuficientes”. Agregó que para implementar la ley “se necesita una muy buena gestión de recursos y recursos” pero que “la salud mental siempre ha sido el hermano pobre de la salud”, y en ello señaló el peso de la estigmatización. Pidió pensar la dimensión social de los problemas: “Es imposible pensar sólo en una policlínica con médico, un enfermero y un recetario”, reclamó. “Tenemos posibilidades de hacer un montón de cosas, no es tan complejo, estamos dispuestos, hay que generar la escucha”, planteó.

El psiquiatra Ángel Valmaggia, presidente de la comisión de contralor de la Ley de Salud Mental, dijo que la carta no llegó todavía a la comisión. A título personal, dijo a la diaria que la falta de especialistas “es un tema preocupante” y que “es necesario resolver si queremos que la Ley de Salud Mental tenga un valor y se lleven adelante las propuestas”.