Es tiempo de desandar el encierro causado por instituciones como el hospital Vilardebó y las colonias de asistencia psiquiátrica que durante más de un siglo han trabajado de una forma que anula los aspectos más básicos de la vida de las personas. Quienes están allí internados se han olvidado de qué es cocinar, no eligen qué comer ni cómo vestirse, han perdido la libertad de deambular, la intimidad y en buena medida las riendas de su vida. En recuperar eso es que están trabajando ahora los equipos técnicos del Vilardebó y del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos, ex colonias Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi), que seleccionaron a los primeros 80 pacientes que pasarán a residir en las dos casas de medio camino y en las dos residencias asistidas que creará la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La Ley de Salud Mental, aprobada en agosto de 2017, establece que las instituciones asilares y monovalentes tendrán que cerrar en 2025, y eso corre tanto para el Vilardebó y Ceremos como para el sector privado, que tiene sanatorios psiquiátricos; todos deberán crear estructuras alternativas. ASSE, que tiene la mayor cantidad de personas internadas ‒alrededor de 1.000‒, está dando los primeros pasos, aunque a un ritmo inferior al que se había propuesto, ya que la última Rendición de Cuentas sólo asignó 40% de lo solicitado.
Las colonias y el Vilardebó consumen 70% del presupuesto de salud mental y la atención en la comunidad apenas 30%; para cumplir la ley y pasar al modelo comunitario, tiene que invertirse esa proporción. “La idea es poder avanzar con lo poco que tenemos, ir tomando decisiones claras para darle credibilidad a la ley, implementarla y operativizarla”, explicó a la diaria Gabriela Novoa, psicóloga que integra la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE. Con el presupuesto asignado, será difícil cumplir con la meta de disminuir 20% en 2019 y 15% en 2020 el número de personas internadas en las colonias y el Vilardebó.
El jueves 1º, ASSE hizo el segundo taller titulado “Líderes para la transformación y el cambio. Fortalecimiento del modelo comunitario en salud mental en ASSE”, que reunió a psiquiatras, psicólogos, enfermeros, abogadas y trabajadores sociales de los equipos de salud mental. En esa instancia participaron autoridades de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP) y dos consultores internacionales contratados por este organismo y por ASSE: el psiquiatra chileno Mauricio Gómez y el psicólogo español Miguel Castejón.
Otra lógica
María Celia Barrios, psiquiatra del Vilardebó, Rafaela Bentancor, psicóloga en Ceremos, Magda Moreira, licenciada en enfermería en Ceremos, y Sandra Pérez, licenciada en enfermería del Vilardebó y recientemente designada directora de la institución, dialogaron con la diaria acerca del proceso que se viene desarrollando en ambos centros. En cada uno se conformó un equipo de referentes que trabaja en el proceso de reinserción. Para hacer la selección, se centraron en dos perfiles: “Aquellos que tienen una autonomía media-alta y aquellos que tienen una autonomía media, que todavía requieren de otro sostén”, explicó Barrios. Las casas de medio camino son estructuras sanitarias de atención integral que cuentan con equipo técnico las 24 horas; en las residencias asistidas la supervisión es moderada y están pensadas para quienes tienen mayor grado de autonomía.
Novoa resumió las consideraciones que se están teniendo en cuenta: “la situación clínica de las persona, la situación legal [hay quienes han sido declarados incapaces] y la motivación de las personas y las familias, que es fundamental, porque después de tantos años que están viviendo en el asilo o en el hospital, pocas veces se les pregunta realmente qué es lo que quieren hacer y eso hay que construirlo también. La construcción de ciudadanía hay que empezar a hacerla desde antes”, expresó. Transmitió que el día anterior habían hecho una jornada en Ceremos, en donde se reunieron con los candidatos a egresar y con sus familias. “Las personas empiezan a plantear el deseo que tienen, los miedos, el miedo de la familia, el miedo al salir y a cómo van a estar en esos lugares; las personas están acostumbradas a tener una asistencia y a no a ser parte del proyecto de vida y, como cualquier otra persona, eso hay que construirlo”, afirmó.
Nuevos dispositivos
El MSP está redactando una ordenanza sobre las características de los nuevos dispositivos y el modelo de atención propuesto por la ley. Ariel Montalbán, responsable de Salud Mental del MSP, afirmó que “la red de servicios de salud mental forma parte de la red de salud general”, que se priorizará la atención ambulatoria y que se buscará que las hospitalizaciones, cuando deban hacerse, se hagan en hospitales generales. Se conformarán equipos interdisciplinarios en todos los niveles de atención. A nivel de adultos, habrá varios dispositivos de atención social: residencias asistidas, hogares protegidos, viviendas supervisadas, centros de inclusión laboral y centros para la inclusión educativa. Para garantizar la atención, habrá un equipo básico en el primer nivel de atención; equipos especializados que entre otras tareas asesorarán al del primer nivel; centros diurnos de rehabilitación psicosocial; dispositivos de atención móvil para personas en situación de exclusión social; centros de acogida para personas con alto nivel de consumo problemático; unidades de hospitalización domiciliaria, y de corta y mediana estadía. Incluye, también, dispositivos para atender a niños, niñas y adolescentes.
Novoa y las técnicas entrevistadas reconocieron el “paternalismo” ejercido por estas instituciones. “Generamos formas de relacionarse muy dependientes. Los pacientes nos preguntaban ‘¿quién nos va a dar la medicación?’. Es necesario que la propia persona pueda saber qué medicación está tomando, que no es la pastilla roja, la amarilla, sino que es tal medicación para tal cosa, que se implique en su proceso de recuperación y que de ahí exija determinadas cosas y pueda opinar sobre su proceso de tratamiento”, dijo Novoa. Gabriela López, psiquiatra y psicóloga de Salud Mental de ASSE, transmitió que los pacientes preguntaban si los dejarían salir de las casas de medio camino y de las residencias asistidas, y los familiares consultaban si podrían ir a visitarlos. “Nadie se plantea si para salir de tu casa o para recibir a alguien tenés que pedir permiso. Ahí te das cuenta realmente de la vulneración de los derechos con las estructuras cerradas”, señaló.
En Ceremos, los pabellones de egreso creados a comienzos de esta década serán el escenario para que los pacientes vayan recuperando los hábitos perdidos durante la internación. Al mismo tiempo, los equipos empezaron a revisar sus propias prácticas, para hacerle lugar al cambio de paradigma que marca la ley: “Estamos detectando otras necesidades de la población de ambos centros para pensar en dispositivos distintos que puedan contemplar a las personas que en esta instancia están quedando excluidas”, explicaron las técnicas.
El trabajo con las familias también es importante. Hay casos en los que “la familia se quedó con la imagen del familiar en un episodio crítico de descompensación y le cuesta visualizarlo en el proceso de recuperación. El proceso es interesante porque la demanda de irse del hospital es evidente, pero a eso se le suma la ambivalencia del temor y la incertidumbre del afuera. Sobre eso se está trabajando”, relataron.
A todo esto, es fundamental el rol de la comunidad, y más de una de las personas consultadas sospecha que ese es uno de los principales obstáculos. López comentó que las personas pasarán a vivir en un lugar que mejora las condiciones de dignidad, pero advirtió que “esas personas se tienen que mover en la comunidad y si la comunidad no los recibe o no se generan los espacios, en realidad la gente transcurre pero no se incluye, la inclusión implica otras cosas”. Por eso preocupa que sólo ASSE esté trabajando en la implementación de los cambios que marca la ley, que es interinstitucional, puesto que propone acciones para garantizar también el acceso a la educación, a actividades culturales, a la vivienda y al trabajo. Hasta ahora la interinstitucionalidad no ha avanzado.
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