“Estamos de fiesta, de color, de vida y de derecho, que es justamente lo que significa la salud mental pensada en clave de derechos humanos, que es lo que nos hace tener esta inclusión para que un estigma, una diferencia, un diagnóstico no nos haga vivir segregados”, expresó Alba Villalba, de Radio Vilardevoz, el sábado en la feria de salud mental que organizaron el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La feria reunió en la explanada de la Intendencia de Montevideo a una veintena de organizaciones de familiares y usuarios de salud mental, de instituciones asistenciales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de colectivos gremiales, profesionales y académicos, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre. Además de la exposición de los colectivos, que servían de excusa para conocerse e intercambiar, hubo una muestra fotográfica de la campaña “Salud mental: un derecho de todas las personas”, de Serpaj y la INDDHH, e intervenciones artísticas con músicos, títeres y payasos.
El clima era de alegría, pero también se expusieron reclamos, que podrían resumirse en dos grandes líneas: un pedido hacia la sociedad para que no estigmatice ni discrimine a las personas por cuestiones de salud mental y un pedido general de que se cumpla con la Ley de Salud Mental. Esta ley, que se aprobó hace tres años, dispuso un nuevo paradigma en la atención, que consiste en implementar intervenciones oportunas y a nivel de la comunidad –en lugar de las largas internaciones– el respeto de los derechos y un trabajo interinstitucional que garantice que las personas con problemas de salud mental accedan a una vivienda, al trabajo, a la educación y a la cultura. “Esto no es algo trivial, algo muy livianito; es muy difícil, eso ya lo sabemos, por eso se tienen que poner más las pilas para atender este tema. Eso es lo que pedimos los familiares y las personas que están afectadas en salud mental”, explicó Fanny Azpiroz, integrante del Grupo de la Esperanza, conformado hace cerca de 30 años por familiares de personas con esquizofrenia.
Estos reclamos fueron también expresados en la IX Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, que a las 18.00, cuando se levantó la feria, transitó por 18 de Julio hasta la plaza Libertad con cánticos como “¡Alerta, alerta que camina el antimanicomio por América Latina”, las pancartas que decían “Rayados estamos todos” y “Las almas repudian todo encierro”, entre otros mensajes que cuestionaban intervenciones como los electroshock o el cartel que llevaba una muchacha, que decía “Clonazepam para hoy, hambre para mañana”. La proclama de la marcha, redactada por el Frente Antimanicomial, la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, y el Observatorio Uruguayo de Derechos Humanos y Salud Mental, pidió el cierre de las instituciones monovalentes y asilares para 2025, como establece la ley, y la apertura de dispositivos alternativos y comunitarios como “las cooperativas de trabajo y vivienda, grupos autogestionados, centros diurnos, casas de medio camino, radios comunitarias y centros culturales”.
IX Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, el sábado 10 de octubre, por la avenida 18 de julio.
Foto: Federico Gutiérrez
Lejos del cierre
En el stand del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional Sicosocial (Ceremos), como se llaman hoy las colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, había dibujos que habían sido hechos en el Taller de Arte, a cargo de María Inés González, al que concurren entre diez y 15 personas. Uno de ellos es José Freitas, quien acompañaba el sábado a la tallerista. José mostró una historieta que hizo, en la que el personaje se llama Pocho: “Soy yo traspuesto en la colonia”, dijo. En diálogo con la diaria relató: “Me levanto, tengo que tomar la medicación, mientras espero el camión de la leche tomo mate, escucho la radio, fumo, tengo que entrar el pan, llevo los bidones de leche y la panera a los pabellones, después tengo que hacer el box y de ahí me voy al taller de rehabilitación. Después vuelvo a medicarme”, contó. José tiene 51 años; hace 24 años y medio que está en Etchepare, a donde llegó cinco años después de estar internado en el Vilardebó; vive en el pabellón 17, que fue inaugurado en 2007 como “de egreso”. A la pregunta “¿cómo puede mejorar la atención en salud mental?” respondió: “No creo que mejore. No creo que cambie nada. La gente está desechada, no le importa a nadie”, y habló del individualismo y del consumismo. “Yo soy realista”, aclaró.
Graciela Martínez es desde abril la directora de Ceremos (era la subdirectora desde 2017) y estuvo el sábado en la feria de salud mental. “Seguimos con el camino de desinstitucionalizar pacientes, que no solamente es que salgan, sino que las cabezas de los funcionarios, de las personas, se desinstitucionalicen. Esto es complicado, porque hay una tradición de dominación” y una visión del otro como alguien “muy infantilizado”, expresó. Considera que sería importante contar con operadores terapéuticos que trabajen en torno a los gustos de las personas para afirmar “el derecho a la identidad” o tener actividades: “inducir a que uno haga cosas de la vida que le puedan gustar y no estar esperando la comida y fumando”.
Dijo que se propone “trabajar diferente” con los programas de egreso: “que la gente dé pasos intermedios en recuperar aspectos que hacen a la vida diaria, lavarse la ropa, poder cocinarse algo, festejar, sugerir”, así como “viajar en ómnibus, votar, trabajar”.
En Ceremos hay 591 internadas (alrededor de 350 en Etchepare y unas 250 en Santín) y hay 102 que viven a cargo de cuidadoras en las localidades de la zona, algunos de ellos en residenciales –lo que cataloga como “un modelo perimido”– y otros en casas de familia. Especificó que de esas 600 personas “la gran mayoría son competentes” y podrían trabajar o vivir en otro lugar. González anunció que están trabajando en la remodelación de dos viviendas en Santa Lucía y una en Capurro (localidad situada frente a Ceremos) para que puedan ir a vivir algunos pacientes. “No se van a cerrar las colonias, jamás se plantea el cierre de las colonias, más allá de que la ley lo plantea, porque hay gente que ha vivido desde el Consejo del Niño, es imposible, es su casa. Pero hay otros que sí pueden interactuar de una forma diferente en la sociedad, con apoyo, y se van liberando”, sostuvo.
Consultado por la diaria acerca de la aplicación de la ley en el sector privado, Horacio Porciúncula, referente de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, respondió el viernes que no está pensado el cierre de los sanatorios privados, pero sí se modificarán. Con respecto a las mutualistas, comentó: “Vamos a intentar llevar adelante el cumplimiento de la ley en cuanto a la internación en hospitales generales y en forma lo más breve posible” y anunció que van “a reconvertir algunos lugares de atención de pacientes en forma un poco más prolongada en verdaderos centros de recuperación y rehabilitación”.