Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó de forma definitiva, por unanimidad, el proyecto de ley para otorgarle al Casmu el acceso al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. El texto en consideración fue elaborado y aprobado, también por unanimidad, en la Cámara de Senadores, en la misma jornada.

Si bien la mayor cantidad de modificaciones a la propuesta inicial –presentada por el Poder Ejecutivo– se hicieron en la comisión, con la incorporación de las sugerencias del Frente Amplio (FA), este miércoles el texto tuvo algunas modificaciones relacionadas con la cantidad de días con los que el Poder Ejecutivo cuenta para pronunciarse respecto de los planes de reestructuración que la mutualista presentó hace casi un mes.

Mientras que en el proyecto votado en comisión se estableció que el plazo para que el Poder Ejecutivo se pronuncie sobre la propuesta sea de 120 días desde su presentación y que, “vencido el plazo sin pronunciamiento, se tendrán por aprobados los planes”, este miércoles el plazo se extendió a 180 días.

En el segundo y último artículo del proyecto aprobado, al que tuvo acceso la diaria, se le hizo un pequeño agregado respecto de la comisión de seguimiento –propuesta por el FA–, que agrega la participación de un representante del Sindicato Médico del Uruguay, además de un representante del Ministerio de Salud Pública (MSP), uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Casmu, uno de las organizaciones de usuarios de la mutualista y uno de la Asociación de Funcionarios del Casmu. Dicha comisión de seis miembros comenzará a funcionar una vez que el plan de reestructuración esté aprobado.

En el debate previo a la votación todos los legisladores coincidieron en la importancia de darle aprobación definitiva al proyecto para que el Casmu tenga lo antes posible acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, creado por la Ley 18.439, de diciembre de 2008, por la suma de hasta 2.184.367.134 pesos uruguayos, unos 54 millones de dólares.

El proyecto en discusión establece que el acceso será “de carácter excepcional y por única vez”, y sin modificación de la Ley 18.439. A su vez, la institución deberá “cumplir con la presentación de los planes de reestructuración de sus pasivos existentes, según lo establecido por la referida ley de Fondo de Garantía”.

En cuanto a la garantía, el proyecto agrega que en caso de que la institución “no pudiera constituir a favor del fondo otras garantías reales o de otra especie, se podrá eximir temporalmente, por única vez y en régimen de excepción, la exigencia” de este requisito establecido por dicha ley. Pero, “en oportunidad de la liberación de las garantías previamente constituidas a favor del fondo, las mismas automáticamente garantizarán la suma a que refiere el presente artículo”, es decir que a medida que el Casmu salde fideicomisos anteriores, deberá volcar las garantías liberadas al último fideicomiso pedido.

Las discrepancias con el accionar del Poder Ejecutivo respecto de la mutualista

Previo a la votación, los senadores coincidieron en que el acceso a la garantía significa “un respaldo” a la institución médica y asegura que la institución pueda continuar funcionando. Sin embargo, aunque son más las coincidencias que las diferencias, algunos legisladores manifestaron reparos sobre el accionar de las autoridades del MSP.

Desde la oposición, pese a dar luz verde al proyecto, varios senadores recordaron que hubo una serie de hechos anteriores a la situación actual y que en varias oportunidades se le manifestó al MSP la preocupación por las advertencias sobre la situación financiera que planteaban tanto los socios como los trabajadores de la institución desde hace por lo menos un año.

Por su parte, durante la discusión en la cámara alta, el senador blanco Sergio Botana, quien desde el inicio adoptó una postura crítica sobre el proceder del MSP con relación a la situación de la mutualista, manifestó que la resolución ministerial “que amenazaba con la intervención y dio diez días de plazo para solucionar la situación fue una jugada excesivamente arriesgada”, que “puede haber generado una corrida de socios y un retiro absoluto de los proveedores”.

También consideró un error que en la comparecencia del ministerio ante la Comisión de Salud Integrada con Hacienda la ministra de Salud, Karina Rando, manifestara que la cartera analizaba presentar una denuncia sobre testaferros dueños de empresas tercerizadas que tienen vinculación funcional con el Casmu, en el marco de conjunción de intereses. “No se correspondía con este debate, es una acusación gravísima que debe ser dirimida en la Justicia, porque todo eso va lesionando a la institución”, sostuvo Botana.

Por último, celebró que en el proyecto integrado no se les concediera más potestades a los interventores, como se había manejado durante el debate en comisión. “No conozco [interventor] que haya sacado una entidad de este tipo adelante, no tienen antecedentes, las intervenciones en Uruguay han terminado en la liquidación de las mutualistas”, sentenció. Además, sostuvo que “la intervención agrega costos y seguramente [los interventores van a trancar] algún pago”, por lo que hubiese preferido un plan con hitos que determinen los desembolsos”, resumió el senador.

El oficialismo sostiene que el problema financiero “tiene larga data”

La cámara baja aprobó sin modificaciones el proyecto sancionado por el Senado, y ahora sólo resta que el Poder Ejecutivo reglamente la ley. En sala, el diputado nacionalista Milton Corbo indicó que la ley establece una serie de requisitos para que las mutualistas accedan al fondo de garantía, pero, como el Casmu no cumplía estas condiciones, el gobierno “entendió que era necesario un proyecto de ley”. El legislador destacó “la importancia que tiene el Casmu” en el Sistema Nacional Integrado de Salud, con 180.000 usuarios y 7.000 trabajadores.

Corbo señaló que el problema financiero de la mutualista “tiene larga data” y sostuvo que “evidentemente hay un problema de gestión”, que “se pretende empezar a corregir” a través de la intervención sin el desplazamiento de las autoridades. No obstante, el diputado nacionalista consideró que al proyecto aprobado este miércoles le faltó “más potestades para que los interventores pudieran incidir más en la gestión de la institución”, dado que, en definitiva, “se están concediendo fondos públicos que obviamente hay que resguardar”.

El diputado frenteamplista Luis Gallo dijo que el Casmu atraviesa un “estado calamitoso” y aseguró que la oposición alertó “hace un año” sobre la magnitud de la situación a las autoridades del MSP, “que han sido omisas en tomar directivas más rápido”. Gallo afirmó además que “es increíble que estemos votando un fondo de garantía de casi 55 millones de dólares sin siquiera conocer el plan de reestructura que presentó el Casmu”. Con todo, el legislador señaló que el FA acompañó el proyecto porque “es lo posible”.

La diputada del FA Lucía Etcheverry, que es también socia del Casmu, señaló que la mutualista ha solicitado en “cinco oportunidades” acceder al fondo de garantía creado por la Ley 18.439, por un total de 121 millones de dólares. “La situación del Casmu no es reciente; viene con dificultades desde hace bastante tiempo”, resaltó.

Etcheverry aseguró que el Poder Ejecutivo “tenía una gama enorme de normativa para actuar de otra manera”, pero no lo hizo. Asimismo, advirtió sobre “un fantasma que nos sobrevuela a todos”, en referencia al cierre de Casa de Galicia, y sostuvo que en el Casmu existe “un camino de desprolijidad y de improvisación que es muy similar”.

“No es la solución que nosotros entendíamos era la mejor, [pero] es la posible. Lo hacemos por la responsabilidad con los 180.000 usuarios y los 7.000 trabajadores, y porque estamos absolutamente convencidos que una de las reformas estructurales que ha hecho que la salud no dependa del tamaño del bolsillo es la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud”, expresó Etcheverry.