La escasa información y los prejuicios a los que deben enfrentarse las mujeres con discapacidad se han convertido en serias barreras para el acceso a la atención de su salud sexual y reproductiva.

Especialistas consultados por la diaria valoraron los avances de los últimos años, pero recalcaron que el sistema sigue muy desigual y limita gravemente la capacidad de estas mujeres para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sus derechos.

“Todavía hay mucho tabú”, afirmó en diálogo con la diaria Tatiana Vasconcelos, especialista para la inclusión de la discapacidad en Naciones Unidas Uruguay, quien lamentó que aún todo lo que gira en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad es un tema “poco abordado y conocido”.

“Es un tema invisibilizado, no hay información accesible, son pocas las mujeres que tienen conocimiento sobre los anticonceptivos, los métodos para la interrupción del embarazo no deseado o las enfermedades de transmisión sexual”, indicó Vasconcelos, quien además tiene una discapacidad visual y es usuaria de Perro Guía.

Por su parte, la directora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, Karen Sass, y la referente de la División de Regulación y de la Unidad de Género de la Dirección de Discapacidad, Antonia Irazábal, señalaron que si bien se han logrado avances importantes, “todavía queda mucho por hacer”.

Ambas jerarcas consideraron que hasta que no rompamos con los prejuicios instalados en la sociedad, no podremos eliminar las barreras más profundas que están arraigadas en el sistema de salud. “Es necesario pensar que las mujeres con discapacidad son mujeres, y para eso tienen derecho a acceder a todos los ámbitos, y que en algunos casos se necesitan algunos apoyos específicos y en otros el Estado tiene que ser garante”, afirmó Sass.

En la misma sintonía, el responsable del área de discapacidad de la Intendencia de Canelones, Federico Lezama, dijo a la diaria que la inequidad en salud sexual y reproductiva es significativa y apuntó a “la falta de autonomía y el desconocimiento de los derechos” como los problemas más recurrentes. “Las mujeres con discapacidad no se ven reconocidas en sus derechos sexuales y reproductivos, y ese es uno de los problemas más acuciantes”, afirmó.

También la edila y diputada suplente electa por el Frente Amplio, Fiorella Buzeta, se sumó al debate y coincidió, en diálogo con la diaria, en que si bien se ha avanzado en algunas áreas, resulta evidente que “tenemos un déficit” en materia de acceso a la salud. “Primero, no nos ven como mujeres, sino que lo que observan es la discapacidad, que pareciera que fuera la única condición que tenemos. Luego, cuando nos ven como mujeres, nos infantilizan”, reflexionó Buzeta, quien además es una reconocida militante por los derechos de las personas con discapacidad.

La legisladora electa apuntó entre las principales dificultades para el diseño de políticas efectivas la ausencia de censos detallados y de herramientas de evaluación unificadas, como un baremo único que hasta ahora no existía y fue recientemente aprobado. “En los registros estadísticos no hay un detalle sobre qué tipo de discapacidad tiene cada persona. Yo creo que debería hacerse un censo específico para poder desarrollar políticas públicas concretas porque no hay datos. Y ese es un gran problema”, agregó.

Carencias, prejuicios y otras barreras

Vasconcelos consideró que en los sistemas sanitarios “hay muchísimas carencias” y existen un “montón de prejuicios” en cuanto al derecho sexual y reproductivo de las mujeres con discapacidad.

“Cuando una mujer con discapacidad llega a una consulta porque está en búsqueda de información para interrumpir un embarazo no deseado o porque sospecha que puede tener alguna enfermedad de transmisión sexual, lo primero que entra en juego más allá de la objetividad médica que tiene que tener cualquier profesional de la salud son los prejuicios que existen en la sociedad de que las personas con discapacidad son seres asexuados”, indicó.

Siempre se piensa que cuando una mujer con discapacidad busca este tipo de información es porque alguien le hizo daño, sin comprender que, al igual que cualquier otra persona, tiene deseos sexuales y de formar una familia, agregó.

Aunque el sistema de salud ofrece una cobertura para las personas con discapacidad, aún existen importantes barreras que dificultan una atención adecuada y en condiciones de igualdad, consideró Lezama. “A las personas con discapacidad se las trata como niños, y ahí hay una incomprensión y una vulneración muy grande de sus derechos”, reflexionó.

Tampoco hay señalización accesible dentro de los organismos prestadores de salud, con lo que las personas con discapacidad por lo general se ven obligadas a depender de otros para poder acceder y desplazarse.

Con respecto a las barreras edilicias, los especialistas afirmaron que en muchos casos no existen rampas de acceso externas e internas, los ascensores son estrechos, los consultorios son pequeños y muchas camillas no tienen alturas regulables.

“Los consultorios son tan pequeños y tan estrechos que a veces ni siquiera permiten el ingreso de las sillas de ruedas. Los mostradores para solicitar órdenes están en una altura en las que las personas usuarias de silla de ruedas no llegan porque quedan muy abajo, con lo cual obligatoriamente necesitan asistencia”, dijo Vasconcelos.

“Quizás en este tema quienes tienen mayores desventajas son las personas sordas, porque hay muchos profesionales que no están tan afines con utilizar intérpretes de lengua de señas virtuales y no permiten este tipo de tecnologías durante su consulta, por lo que la misma persona sorda debe estar acompañada de alguien con conocimiento para poder acceder a la información”, añadió.

La falta de empatía

Vasconcelos aseguró que, en algunos casos, “hay muy poca empatía por parte de los profesionales de la salud a la hora de atender a un usuario con discapacidad”. “No se dan el tiempo de escuchar o de explicarle a la persona con discapacidad de forma más detallada lo que tiene o lo que necesita. Pasa mucho con los ciegos que cuando van a alguna consulta, deben soportar que el profesional de la salud le hable al acompañante y no a ella, que es quien está haciendo la consulta”, añadió.

Buzeta, por su parte, estimó que “claramente hay un tabú” que pone en riesgo la salud de las personas con discapacidad. “Por ejemplo, cuando llegas al consultorio en silla de ruedas, te dicen que no puedes subir a la camilla sola y esto se vuelve un problema para mujeres que asisten a hacerse un PAP, que es un derecho, ya que los exámenes ginecológicos son esenciales para prevenir cáncer y otras enfermedades”.

Otro modelo

Lezama y Sass coincidieron en que resulta indispensable contar con un nuevo modelo de atención médica que deje de asociar la discapacidad con la enfermedad. “Históricamente, el mundo médico ha tenido un papel muy importante en las valoraciones de la discapacidad, pero lamentablemente el actual modelo sigue asociando la discapacidad con una enfermedad. Pero por suerte será algo que iremos cambiando con el baremo único”, afirmó Sass.

En la misma línea, Buzeta entendió que “hace falta un acompañamiento mucho más humano y cercano” de parte de los médicos con las pacientes.

Violencia de género y reproducción

Buzeta e Irazábal remarcaron que, además de todo lo ya mencionado, las mujeres con discapacidad también deben enfrentar el grave problema de la violencia de género. “A veces parece que a las mujeres con discapacidad no nos pasa nada, porque estamos infantilizadas, somos asexuadas y se piensa que no se ejerce violencia contra nosotras. Y en realidad, es todo lo contrario. Muchas veces esa situación de vulnerabilidad generada por la discapacidad es la que permite que se ejerza violencia”, indicó Buzeta.

En el mismo sentido, Irazábal aseguró que la buena noticia es que las mujeres con discapacidad se están fortaleciendo colectivamente para hacerse cargo de su propia participación política.

Según el informe “Violencia de género y discapacidad. Análisis de los principales resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones en Uruguay”, realizado por Sol Scavino Solari y publicado en marzo de 2020, en el ámbito privado, las mujeres con discapacidad presentan una mayor prevalencia de violencia basada en género (55%) que las mujeres sin discapacidad (47%).

Irazábal y Buzeta también pusieron foco en que hay “todo un tabú” con respecto a la parte reproductiva, ya que automáticamente se considera un embarazo de riesgo en el caso de una mujer en situación de discapacidad y no se analizan otras alternativas.

“No todas las personas con discapacidad tenemos la misma situación. Hay tantas discapacidades como personas. Cada cual tiene sus estrategias, sus herramientas, ha sido rehabilitada de diferente manera, y está afectada su médula de manera diferente, por lo tanto, hay mujeres que podrían ir perfectamente al parto y no están ni siquiera contempladas”, indicó Buzeta.

Por su parte, Irazábal hizo hincapié en que la mujer con discapacidad no es vista como una persona con habilidades para la crianza. “Hay una tendencia a pensar que si la mujer tiene discapacidad, esto va a trascender hacia las generaciones subsiguientes y por tanto sus hijos e hijas van a tener también discapacidad y esto es visto como algo a problematizar. Además, son puestas bajo la lupa para entender cómo van a criar a sus hijos, invisibilizando que muchas veces las dificultades mayores están en la falta de otros derechos como contar con más gente para la crianza o con recursos económicos para hacerlo. Todo eso se borra y sólo queda reducido a si la mujer es apta o no para la maternidad por razón de su discapacidad”, manifestó.

“Es así que las mujeres con discapacidad terminan siendo las cuidadoras de los hijos de las otras mujeres. Porque son las que están en la casa, ya que sus vidas han quedado detenidas y por eso siempre están disponibles, porque nunca son vistas como mujeres trabajadoras”, añadió.

Prácticas a seguir

Lezama destacó como iniciativas alentadoras la Unidad de Salud para Sordos en Montevideo, que integra intérpretes y mediadores, y el Centro de Rehabilitación del Sur en Canelones (Cedesur), que aborda la salud desde un enfoque integral. Ambos casos son ejemplos de cómo adaptar los servicios a las necesidades de las personas con discapacidad para promover la autonomía de los usuarios.

Buzeta destacó que la Intendencia de Canelones acaba de inaugurar el Centro de Rehabilitación del Sur, estratégicamente ubicado en Las Piedras, el primer centro de referencia para la rehabilitación física de las personas con discapacidad.

Desde el gobierno nacional, Sass destacó que se ha trabajado intensamente en la elaboración de guías y capacitaciones en buenas prácticas para derribar estas barreras, especialmente en el ámbito de la salud. En colaboración con el Ministerio de Salud Pública y la Administración de Servicios de Salud del Estado se han implementado medidas como la incorporación de intérpretes de lengua de señas para mujeres sordas en consultas médicas y partos, así como acciones en el hospital Pereira Rossell para garantizar accesibilidad en los servicios.