Este martes, el Senado y la Cámara de Diputados trataron de forma grave y urgente y aprobaron de forma definitiva el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió a la cámara alta hace una semana para seguir trabajando en la situación del Casmu.

El documento original, compuesto por cuatro artículos, al que accedió la diaria, en los dos primeros planteaba ampliar el tiempo de la intervención por un año más, también las potestades de los interventores y eximir temporalmente las garantías para acceder al último tramo de 23 millones de dólares correspondientes al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, aprobado en 2024.

Los artículos fueron aprobados en el Senado por 25 votos en 28 y por 27 votos en 27, respectivamente. Sobre el primero, el senador nacionalista Javier García fundamentó su voto negativo en que “si bien es entendible la intención del Poder Ejecutivo, nos parece que opera como un cheque en blanco, porque no está referido sólo al Casmu, sino que a todo el sistema mutual” es decir que otorga “amplísimas facultades a los interventores, durante dos años, sobre cualquier institución de asistencia médica colectiva”. García agregó que en el cuarto intermedio previo a la votación presentó un sustitutivo que proponía aclarar que la propuesta se refiere sólo al Casmu, pero no tuvo respaldo.

Los dos artículos restantes fueron los que generaron mayores discrepancias entre los legisladores. De origen, ninguno tuvo apoyo y se presentaron dos sustitutivos que se votaron en bloque y recibieron 28 votos en 28.

El artículo 3 originalmente modificaba la ley de proceso concursal para que quedaran excluidos de ese régimen “el Estado, los entes autónomos, los servicios descentralizados y los gobiernos departamentales” y para que a “las entidades de intermediación financiera y a las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)” se les aplicara “el régimen legal específico de liquidación administrativa establecido para dichas entidades”.

Finalmente el texto aprobado dice explícitamente que “las instituciones integrantes del SNIS no podrán ser objeto de solicitud ni de declaración judicial de concurso ni de liquidación mientras se encuentren intervenidas por el Ministerio de Salud Pública [MSP]”, como forma de evitar que se repita lo que sucedió tras la intervención de Casa de Galicia, que finalmente fue liquidada.

El cuarto artículo del texto original proponía sustituir el cuarto artículo de la Ley 18.439 -que creó el fondo de garantías para la reestructuración de pasivos de las instituciones de asistencia médica-, en el que se establece que las instituciones que se encuentren en situaciones de insolvencia o con dificultades económicas y no logren viabilidad a juicio del Poder Ejecutivo quedarán sometidas a las disposiciones de la ley concursal. La redacción propuesta determinaba que “las instituciones que no logren viabilidad a juicio del Poder Ejecutivo quedar[á]n sometidas a las disposiciones sobre liquidación administrativa previstas por la legislación vigente”. Esto se modificó y finalmente el artículo votado se limita a derogar el cuarto artículo de la Ley 18.439.

Patricia Kramer, senadora por el Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Salud de la cámara alta e informante del proyecto, expresó en su exposición que si bien “se dice que el proyecto se presentó para salvar al Casmu”, lo que hace es “dar tiempo y las herramientas necesarias para que se restructure de forma saludable una institución emblemática e importante para el SNIS”.

El proyecto da cuenta de “una acumulación positiva, invita al sistema político a corregirnos” sobre lo ya legislado. “El Casmu es algo que hay que resolver; el proyecto plantea las condiciones para que podamos hacernos cargo”, agregó Kramer.

Afirmó que “corregir el plazo es impostergable si queremos arribar a una solución definitiva” y que el rol del MSP debe fortalecerse. El artículo sobre el último tramo del fondo de garantía no modifica el monto, sino que reconstruye la voluntad legislativa original, y los últimos dos artículos buscan prevenir una situación como la de Casa de Galicia (que concluyó con su cierre), proteger el derecho a la salud de los usuarios y los trabajadores, y no entender a las mutualistas como una empresa más porque no lo son, concluyó.

Satdjian: llama “la atención la urgencia”

En la sesión en la cámara baja, que también ingresó el asunto como grave y urgente, el proyecto se aprobó por 95 votos en 97, con la negativa de Identidad Soberana. El diputado frenteamplista Luis Gallo sostuvo que el trabajo legislativo en torno a la institucionalidad del sistema de salud no debe terminar con este proyecto y exhortó a trabajar con el Poder Ejecutivo “en transformar algunas cosas para que no nos pase lo que ya nos pasó en el período anterior”, en referencia al cierre de Casa de Galicia.

El diputado Federico Preve, también del FA, consideró que “este proyecto trae algunas modificaciones que, entendemos, le dan mayor poder de contralor al MSP y da garantías para la utilización de los fondos”. Asimismo, agregó que el Parlamento debe estar “alerta” a “los informes de los interventores, a la reestructura de la institución y seguir muy de cerca, y lo vamos a hacer, porque así lo mandató la ley que se votó en la legislatura pasada”.

Desde filas nacionalistas, el diputado José Luis Satdjian, exsubsecretario de Salud Pública en el período pasado, afirmó que cuando las autoridades anteriores enviaron al Parlamento el proyecto de ley para acceso al fideicomiso, en agosto del año pasado, fueron “objeto de muchas críticas de la bancada que entonces era oposición y hoy es gobierno”. “Nos criticaban, por ejemplo, de no hacernos cargo, de pasarle al Parlamento la responsabilidad que era del MSP”, sostuvo. “Hoy estamos discutiendo también un proyecto del Casmu”, agregó.

Por otra parte, Satdjian sostuvo que llama “la atención la urgencia” del tratamiento, puesto que ingresó la semana pasada y se trató de forma grave y urgente en ambas cámaras este martes. El legislador consideró que no hay urgencia ni por el lado de extender la intervención, porque vence recién en julio, ni de tipo financiero, porque “esta plata que se está votando ya tiene destinatarios: no es para el funcionamiento del Casmu, no es para pagar sueldos; es para proveedores, para software y obras que el Casmu ya realizó”.

Satdjian se preguntó si “existe riesgo de insolvencia y si el oficialismo tiene esa certeza”, y “por qué el Ministerio de Economía y Finanzas no le otorga la garantía por decreto como el propio oficialismo sostenía el año pasado”. También cuestionó que de la forma que está redactado el proyecto, que no abarca solamente la situación del Casmu, “le estamos dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo de turno de poder intervenir las instituciones hasta por dos años”, cuando “un año es un tiempo prudente”. También anunció que en el futuro impulsarán modificaciones al artículo segundo, que deja por fuera de la ley concursal a las instituciones prestadoras de salud.

El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir informó que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, concurrirá este miércoles al Parlamento para responder a las inquietudes surgidas en torno al proyecto y en general sobre la situación del Casmu.