Continúa el tratamiento del proyecto de ley sobre eutanasia en la Comisión de Salud y Asistencia Social de Diputados. Esta semana, tras la tensa sesión que tuvo participación de diputados ajenos a la comisión, los legisladores recibieron a la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de la República y al grupo Empatía Uruguay.

Por su parte, los integrantes de la cátedra expresaron en la comisión que como departamento no tienen “una opinión a favor o en contra de la eutanasia”, porque entienden “que es un tema de la moral privada de cada uno”, según explicó en diálogo con la diaria Hugo Rodríguez, el director de la unidad. En tanto, agregó que sí repararon en algunas cuestiones y que por lo menos tres fueron bien recibidas por los legisladores y podrían incorporarse al proyecto, sobre todo las que buscan delimitar con más precisión algunas cuestiones.

En este sentido, puntualizaron en la edad de las personas a las que abarcaría la propuesta, su nacionalidad, el certificado de defunción, el rol de la Fiscalía y el Código de Ética Médica.

“Si se quiere consagrar un derecho, nos parece inconveniente que se limite a los mayores de 18 años y no se contemple a los adolescentes maduros”, como se los considera para “cualquier otro acto médico”, manifestó Rodríguez. La adolescencia abarca desde los 13 a los 18 años y, dentro de ese margen, la “madurez” se define según cada caso. En el caso de la eutanasia, según Rodríguez, entrarían en la franja quienes estén en condiciones de comprender “la información y las consecuencias que tiene su decisión”.

A su vez, la cátedra considera inconveniente que el proyecto contemple que la eutanasia es un derecho “para toda persona” y no se haga alusión a que deban ser ciudadanos legales, naturales o habitantes establecidos en el país, como sí lo aclaran otras normativas como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Si se reglamenta dentro del sistema de salud y de forma “clara”, es bien distinto a que quede sin especificar y tome un “efecto indeseado que genere que el país sea un destino para practicarse la eutanasia para quienes no lo pueden hacer en su lugar de residencia”, explicó el catedrático.

Por otra parte, hay dos cuestiones del proceso que para los especialistas podrían revisarse: el certificado de defunción y el rol de la Fiscalía. Sobre el certificado, la redacción actual del proyecto indica que una vez practicada la eutanasia “se indicará la causa básica de la muerte y además se hará constar que la eutanasia fue su causa final”. En efecto, “la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural”. La Fiscalía se menciona en dos artículos: el primero dice que “si el Ministerio de Salud Pública entendiere que hubo un apartamiento grave del procedimiento legal, lo comunicará a la Fiscalía” para que actúe, y el segundo dispone que un integrante del organismo integre la comisión de revisión.

En principio, sobre el certificado, Rodríguez comentó que la sugerencia a los legisladores indica que esto “no está bien resuelto porque es una situación en la que para dar muerte se aplica una sustancia con el fin de provocar la muerte, lo que es difícilmente catalogable como natural” si se trata de la causa “directa” del fallecimiento. “Se debe buscar otra solución que no criminalice el derecho que se busca reglamentar”, plantean. En segundo lugar, la participación de Fiscalía nos parece “muy inconveniente porque está para cuestiones vinculadas a los delitos, no para controlar cómo se realizó el acto médico”.

Por último, se refirió a que el Código de Ética Médica prohíbe la eutanasia y lo considera un acto antiético. “Es verdad, pero también, dos artículos más adelante, obliga a los médicos a ayudar a morir a los pacientes de acuerdo a sus propios valores”; son dos cosas “difícilmente conciliables, sobre todo cuando se define la eutanasia de una forma muy amplia, como cualquier forma de acción u omisión que puede acelerar la muerte”, agregó Rodríguez.

“Esto es una inconsistencia, un problema del código, a lo que hay que buscar soluciones armónicas”, concluyó. Si bien el proyecto de ley propone modificar el código, Rodríguez manifestó que, sobre la modificación, la cátedra no tiene una opinión en particular.

En principio fueron “bien recibidas” las sugerencias en cuanto a delimitar a quienes abarcaría la normativa ante su eventual aprobación y la definición de “muerte natural” en los casos en que se practique la eutanasia. Para estos dos artículos los catedráticos acercarán a la comisión una redacción alternativa.

Eutanasia: “Hay gente real esperando la aprobación del proyecto”

También concurrió a la comisión de la cámara baja Empatía Uruguay. El grupo por este tema ya concurrió cuatro veces al Parlamento, tres a la comisión de salud de la cámara baja y una a la de la cámara alta.

“Llevamos cuatro planteos; el primero, y más importante, es no contraponer los cuidados paliativos” con la eutanasia, dijo Florencia Salgueiro, integrante del colectivo, a la diaria. “La experiencia internacional indica que se pueden hacer buenas leyes, con garantías, y lo experimentado hasta ahora es bueno”, agregó.

Agregó que “desde 2020 hasta esta parte todas las encuestadoras encuentran por lo menos el 50% de la aprobación” a la legalización de la eutanasia en el país. Ejemplificó que una encuesta de Equipos, realizada en 2020, indicó que los católicos la aprueban en un 83%. “Les recordamos a los legisladores que están para representar al pueblo y el pueblo expresa cierta opinión”, sostuvo Salgueiro.

A su vez, “hay gente real esperando la aprobación del proyecto” y “sus vidas no se rigen por los tiempos del Parlamento”. Por esto concurrieron a la comisión con el testimonio de dos personas que padecen enfermedades complejas y que están a la espera de la aprobación del documento: el de Beatriz Gelos, quien padece esclerosis lateral amiotrófica hace 17 años, y el de Pablo Cánepa, quien tiene 38 años y desde hace tres padece una enfermedad neurodegenerativa.

Estaba previsto que este miércoles concurriera una delegación del MSP a la comisión, pero la actividad parlamentaria se suspendió hasta nuevo aviso tras el fallecimiento del expresidente de la República José Mujica.

También resta que concurran a la comisión la Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el Instituto de Derechos Humanos de la facultad, el Centro de Bioética Rioplatense y Prudencia Uruguay.