Uno de los últimos decretos del año firmados por el Poder Ejecutivo volvió a instalar los Consejos Honorarios Departamentales y Locales, también conocidos como Judesa.
Originalmente, estos consejos se crearon a partir de la Ley 18.211, que estableció el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El proceso de instalación comenzó en 2011 y se concretó en 2012. Años después, en 2020, un nuevo decreto derogó el de 2011, modificando la integración, los requisitos para ser representante, los cometidos y las funciones de los consejos. La nueva estructura, más reducida, comenzó a implementarse en 2022 y se consolidó en 2024.
El decreto de 2011 establecía que el cometido de los consejos era “asesorar a la Junta Nacional de Salud [Junasa] en los asuntos que esta le confiera, formular respuestas y contribuir a evaluar resultados de la administración del seguro nacional de salud y promover la observación de los principios rectores y los objetivos del SNIS”. Esto incluía investigar y mantener informada a la Junasa sobre la situación de salud de cada departamento; difundir acciones para mejorar la salud de la población local; promover los acuerdos complementarios; recibir y analizar propuestas y reclamos, y fomentar la colaboración de instituciones sociales, entre otros.
En cuanto a la integración, el Decreto 237/011 establecía consejos departamentales presididos por el director departamental de salud, con representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Banco de Previsión Social (BPS), de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de prestadores privados y varios representantes de trabajadores –públicos, privados y médicos–, además de la participación de la intendencia.
El Decreto 315/020 simplificó la estructura: el consejo seguía presidido por el director de salud, con un representante del BPS, uno de ASSE, uno de prestadores privados, un único representante de los trabajadores del SNIS y un representante de los usuarios. Finalmente, el decreto del año pasado regresó a la estructura original.
Aportes hacia la complementación de los servicios a nivel departamental
En diálogo con la diaria, Zaida Arteta, directora general de coordinación del MSP, explicó que uno de los objetivos estratégicos de la actual administración sanitaria es la “descentralización y la participación de la comunidad y las organizaciones sociales” como “una de las claves de mejora del sistema”, favoreciendo el acceso y la equidad en salud. Destacó la importancia de dar lugar a gremios y a organizaciones no gubernamentales de ciudadanos.
Arteta señaló que el decreto de 2020 “bajó la diversidad” de la representación y que, en promedio, los consejos se reunían sólo 1,5 veces por año en cada departamento; en algunos casos se celebraban tres reuniones, en otros varias más y en algunos nunca funcionaron.
“Tenemos que escuchar a las personas para mejorar, pero además en la mesa departamental están sentados los representantes del MSP y de las instituciones de salud que integran el sistema”, explicó. Señaló que este espacio de intercambio es fundamental para “complementar los servicios a nivel departamental”, y mencionó ejemplos como la unificación de maternidades en el interior por la baja tasa de natalidad y la organización de las guardias médicas en zonas con pocos habitantes.
En diciembre se realizaron las primeras reuniones a nivel nacional con el decreto ya vigente, y ya está fijada la próxima ronda para febrero. “El objetivo es que se realice, aproximadamente, una reunión por mes, con una agenda de prioridades ambiciosa”, afirmó, incluyendo planes departamentales sobre salud mental, violencia y salud infantil. Estos son algunos de los temas que se detectaron como prioridad en la primera ronda de reuniones.
Arteta destacó que el “sector salud no estaba participando del Sipiav [Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia]”, y que ya se está trabajando en el fortalecimiento del primer nivel de atención. Se conformó una comisión que tiene un marco basado en las leyes del SNIS y busca trabajar en un cambio de modelo para implementar estrategias territoriales que permitan “resolver problemas en el ámbito local y reducir la necesidad de derivaciones al segundo nivel”. También se están considerando otras propuestas, porque “recién estamos empezando”.
La directora dijo que, a futuro, la complementación sanitaria puede requerir que se modifiquen normativas a medida que avance el proceso. Informó que la ley de urgencia y emergencia es un ejemplo de complementación; aunque existen problemas en su implementación y fiscalización, constituye un antecedente. Arteta señaló que hay espacio para mejorar la distribución de los recursos, lo que podría implicar nuevas normativas.