La resolución cuestiona, entre otras cosas, que la magistrada Florencia Sorrondeguy no haya convocado a una audiencia después de que la joven denunciara a su expareja por violencia de género y solicitara medidas de no acercamiento.
Las organizaciones nucleadas aseguraron que hay mujeres que reportaron “irregularidades” en el funcionamiento del programa de monitoreo de los dispositivos y volvieron a exigir que el Estado destine más recursos para dar una respuesta “efectiva”.