Con los votos de todos los partidos, el Senado aprobó ayer el proyecto de Fondo de Garantía de Créditos Laborales, también conocido como proyecto de ley de insolvencia patronal. Este fondo, administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), será solventado por una contribución especial patronal de hasta 0,025% “de las partidas que constituyan materia gravada”.

El senador del Partido Comunista Juan Castillo fue el miembro informante y destacó que esta iniciativa suma un nuevo elemento al esquema de protección del salario y el trabajo. Recordó la suerte que corrieron “centenares” de trabajadoras y trabajadores de las empresas Frozen, Fripur, Tiempost, Calvinor, Molino Dolores y Olmos, entre otras, cuando estas cerraron. “En muchos de estos casos, las trabajadoras y trabajadores no han logrado cobrar lo adeudado” o les “tocó una parte muy menguada de su salario”, señaló.

El proyecto apunta a llenar el espacio vacío que se genera cuando las empresas quiebran y no se constata que posean el dinero necesario para hacer frente a los créditos laborales adeudados. A nivel mundial, explicó Castillo, la “fórmula adoptada para la garantía del pago de los créditos laborales es la de un fondo público, que se nutre de los aportes que hacen los empleadores, y su función es garantizar los salarios de indemnización en el caso de su insolvencia”. Este es, justamente, el mecanismo elegido.

Luego tomó la palabra Álvaro Delgado, del Partido Nacional, quien cuestionó la celeridad con la que se trató la iniciativa en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. De todas formas, en cuanto al contenido del proyecto, señaló que es “innovador”, pero marcó sus discrepancias con algunos puntos de la iniciativa. Para él, el fondo tendría que ser administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con “un órgano rector integrado por todas las partes: beneficiarios y aportantes”, y no por el BPS, ya que “así como está redactado, el fondo entra dentro del secreto tributario”. Para el senador, el otro “tendón de Aquiles” de la iniciativa es que el aporte de las empresas pequeñas va a solventar a las grandes. En este sentido, recalcó que le hubiese gustado “establecer un tope máximo en función de la cantidad de trabajadores que hay en plantilla”, porque en la forma en que está es “injusto”.

Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, advirtió que la iniciativa tenía “una deficiencia en su redacción” que la llevaba a ser inconstitucional. Según señaló, el artículo que definía la forma de financiación del fondo establecía que esta provendría de “una contribución especial” de las empresas, pero en realidad lo que se estaba creando era un tributo. “Cuando uno ve la redacción que se le ha dado, le estamos diciendo al BPS: ‘Si querés, cobrate una contribución especial’, pero cuando el organismo lo comience a implementar, se van a presentar acciones de inconstitucionalidad que se ganan ca-mi-nan-do”, señaló.

Más allá de ese aspecto formal, Bordaberry destacó “con total y absoluta franqueza” que no estaba de acuerdo con el proyecto. “Acá podemos discutir si es bueno que aquellos empleadores que cumplen con sus obligaciones financien el incumplimiento de quienes no cumplen”, dijo, y apuntó que esa es una cuestión de fondo. Comentó también que las situaciones a las que se busca dar respuesta son como “la barbaridad que hicieron los de Fripur. ¿Se acuerda de lo que hicieron?”, le preguntó a Lucía Topolansky, quien presidía la sesión –en clara alusión al vínculo del titular de esa empresa, Alberto Fernández, con el ex presidente José Mujica–: “Cerraron, dejaron clavado a un pueblo y los trabajadores no cobraron”.

Según indicó, no le parece mal ponerles una “prestación a los uruguayos” para que se paguen “las obligaciones de los Campiani [ex gerente general de Pluna] y los Fripur”. Sin embargo, criticó que el proyecto no exija a las empresas que estén en concurso. Con la sentencia firme dictada por la Justicia, dijo, “ya es suficiente”. Entonces “les estamos asegurando a todos los acreedores de Uruguay, con la independencia de que su deudor tenga bienes o no, que cuando inicien el proceso de ejecución se presentan acá y cobran”. “No va a alcanzar el 0,025%, porque todos los reclamos laborales se van a presentar acá”, afirmó.

El tema que más le preocupa, señaló, es “quién paga la fiesta”, porque “acá somos unos fenómenos, ponemos derechos y le pasamos la cuenta a otro”. A su juicio, los empresarios que “cumplen con las normas, que se esfuerzan y están al día” van “a poner más plata”, para “pagar la cuenta de quienes no lo hacen. ¡Lindo paisito Uruguay!”, ironizó. También se preguntó si la financiación no tendría que salir de otro lado. “¿No tendríamos que adelgazar un poco al Estado en vez de pasarle al sector privado esto? No, y dale que va, paga el otro”, enfatizó.

La bancada frenteamplista solicitó dos cuartos intermedios para considerar los reparos de Bordaberry, y luego la senadora Daisy Tourné comunicó que el oficialismo había resuelto hacerle algunas “mejoras” a la iniciativa. Se entenderá que hay insolvencia patronal cuando se verifiquen los créditos de la empresa y “se haya aceptado o rechazado el concurso y el trabajador no hubiere visto satisfecho su crédito laboral”, y se cambió lo referido a la creación del fondo para evitar la inconstitucionalidad. Esto determina que el proyecto deberá volver a Diputados.