Todo comenzó por grupos de Whatsapp. Los trabajadores repartidores de pedidos de plataformas digitales –esos que también vemos en Montevideo con la mochila con forma de microondas a cuestas conduciendo una moto o bicicleta– esperan en puntos estratégicos de la ciudad el sonido del mensaje que indicará un potencial próximo viaje. Entre pedido y pedido charlan, se conocen e intercambian números de teléfono. En Buenos Aires, a raíz de un retraso en el pago de jornales y al percatarse de ciertas “injusticias” en las condiciones de trabajo, cientos de trabajadores de Rappi, UberEats y Glovo se unieron para crear el primer sindicato que agrupa a personal de estas plataformas. Roger Rojas, dirigente, y Juan Ottaviano, asesor legal del sindicato en formación, conversaron con la diaria sobre el proceso de constitución y su objetivo: la apertura de un diálogo tripartito.

“Al principio la red se creó como un grupo de Whatsapp más, para compartirnos cosas y también como contención frente a la inseguridad a la que estamos atados por estar trabajando en la calle”, contó Rojas, oriundo de Caracas quien llegó a Argentina a principios de año y, a pesar de ser abogado, se sumó a Rappi porque, esperando la reválida de su título, esta se presentaba como una salida laboral “rápida”.

Rappi, una compañía colombiana fundada en 2015 bajo el eslogan “Corremos por ti”, llegó a Buenos Aires en marzo. Hoy además también está en México, Brasil, Uruguay y Chile. Al principio contaba con unos cientos de usuarios –ID, como le llaman ellos–, hoy en día son 13.500, “y probablemente en pocos días ya pasen los 14.000”, afirma Rojas. La tasa de crecimiento, de clientes, de pedidos y de cadetes sigue una trayectoria exponencial.

Compiten con Rappi –la “mochila” roja– la estadounidense UberEats –“mochila” verde–, hija de la pionera de este modelo de negocios, la barcelonesa Glovo –“mochila” amarilla–, y en algunos países de la región también la uruguaya PedidosYa. Llaman a quienes trabajan en esta modalidad “rappitenderos” o “glovers”, por ejemplo, desvaneciendo la relación contractual.

En estas aplicaciones hay dos tipos de trabajadores: aquellos que lo agarran de “changa”, un par de horas al día o cuando lo necesitan, y quienes se dedican a tiempo completo y lo tienen como su principal fuente de ingresos. La mayoría, al menos en Buenos Aires, forma parte de este segundo grupo que además nuclea a personas que comparten ciertas características: 80% son inmigrantes, jóvenes, en su mayoría hombres y en el caso de las mujeres, jefas de hogar.

La estrategia de reclutamiento de estas empresas parte del eslogan “sé tu propio jefe”, pero más allá de esto, para el abogado laboral “existe un lazo de subordinación de estas plataformas con los repartidores que da cuenta de que no son cuentapropistas sino que son empleadoras y ellos trabajadores”. Esto lo justifica porque el contrato de trabajo entre las partes se produce –y cambia– de manera unilateral: “Parten de ciertas condiciones y cada tanto actualizan la plataforma y cambian la forma de organización del trabajo, por ejemplo, intensificando los controles”. Asimismo, Rojas resalta el hecho de que la asignación del trabajo se da “de manera dirigida, los pedidos y los viajes, lo cual subordina a los trabajadores”. Por otro lado, señala: “En nuestro marco regulatorio legal, como en el de la mayoría de la región, los trabajadores cuentan con ciertos derechos, los cuales estos empleados no perciben”.

Principios de la revolución

Lo primero fue una “protestita”, como la define Rojas, a principios de junio. La acción, motivada por pagos retrasados por un período mayor a un mes, convocó a “entre 50 y 60” trabajadores de Rappi, quienes se concentraron en la puerta de la oficina de la empresa en Buenos Aires. “Nos venían diciendo que la plata estaba en Colombia y que no había manera de acelerar”, pero el día del paro a las 19.00 “nos depositaron los haberes a todos, a los que fueron y a los que no fueron a la manifestación”. “Asumo que no querían ese tipo de presión mediática”, estimó.

En paralelo, el abogado manifestó que “la empresa negoció con un sindicato local –la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios– bastante pesado para que nos desestabilizaran”. La vía, según declaró, fueron “hostigamientos” y “amenazas” a “quienes estábamos liderando este proceso”.

Mientras tanto las condiciones de trabajo seguían cambiando y no para mejor. “Estábamos cada vez más conscientes de que no era justo y que éramos varios en la misma situación. Todos tomamos conciencia de que teníamos problemas en común”, recordó Rojas, como el motor que los llevó a movilizarse por segunda vez, buscando un mayor impacto.

El domingo 15 de julio fue el día clave. Organizados por los grupos de Whatsapp, más de 200 trabajadores definieron tres puntos de la ciudad para organizar movilizaciones simultáneas: Belgrano, Palermo y Recoleta. Se juntaron y en la plaza Armenia de Palermo –donde nació la aplicación en Buenos Aires–, Rojas comandó el acto leyendo las condiciones de contrato, “verificando que no se estaba cumpliendo casi ninguna”.

Eligieron el domingo a las 20.00 por tratarse de “la hora pico en el día más fuerte”. Se unieron “todos” los trabajadores que se dedican a este empleo de manera completa, 80% del total. Dijo que “colapsó todo y hubo pérdida de mucho dinero”, lo que “mostró a la empresa el poder que tenían los trabajadores”. El lunes, según Rojas, fueron a “protestar” a la oficina de Palermo y “ya nos estaban esperando. Nos recibieron enseguida”.

Sin embargo, la respuesta oficial de las empresas a la opinión pública fue un comunicado en el que negaban que existiera “precariedad laboral”. En los hechos, Rojas sostuvo que fue distinto: “Mientras que Rappi bloqueó a los que integraban el sindicato o asignó pedidos más lejos para desestimular el trabajo, Glovo se defendió un poco más: cortó las capacitaciones, o sea, dejó de ingresar gente y se incrementaron los montos de los bonos [premios que se establecen por llegar a ciertas metas] además de que crearon un seudoseguro [contra accidentes de tráfico] que no es efectivo. En tanto, UberEats se mantiene al ras, porque ellos son menos en relación a los otros”.

Además de las empresas, los propios trabajadores se percataron del poder de la unión, lo que marcó el inicio de un proceso de sindicalización que aún está en etapa de consolidación.

Armado de la herramienta sindical

El apoyo de otros trabajadores y organismos internacionales fue clave, ya que la iniciativa de fundar el sindicato no fue bien recibida en principio, aunque de un tiempo a esta parte los tratos están cambiando.

Rojas aprovechó algunos contactos de prensa y fue así como se acercó el estudio jurídico donde trabaja Ottaviano. “Nuestra primera aproximación fue casi periodística”, sostuvo el abogado, atraído por “el logro de llamar la atención de las empresas de una manera no sólo sindicalmente efectiva sino democrática”.

Para Ottaviano los “esfuerzos” de la huelga fueron “fructuosos” porque los empleados “lograron que les aumentaran la tarifa básica que les pagan por cada viaje”, pero aún quedan varios puntos a tratar. Sin embargo, afirma que el objetivo primario es “intentar institucionalizar el diálogo”.

Rojas manifestó que, al igual que la cantidad de repartidores de las plataformas digitales, también aumenta exponencialmente la de personas que contactan, vía redes sociales, a la asociación de trabajadores. “Se les está yendo el miedo que tenían trabajadores argentinos y en particular los inmigrantes a este tipo de movimientos”, observa. Por el momento, dijo que se puede hablar de “cientos” de acercamientos.

El nombre elegido por los empleados para la gremial fue Asociación de Personal de Plataformas, buscando jugar con la sigla: APP. El trámite ingresó a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a principios de octubre, el primer paso para lograr reconocimiento del Estado de la organización. Según Ottaviano “debiera de ser un mero trámite” pero aún no obtuvieron respuesta. “La administración está sufriendo algunos cambios que dificultan dar una respuesta rápida a la solicitud”, explicó.

En el caso de los inmigrantes, Rojas manifestó: “Legalmente estamos amparados por la ONU en base al principio de libertad sindical”. Dijo que “no necesitamos la formalidad” del Estado argentino, pero sí “exigimos que se siente con nosotros y con las empresas para atender nuestras demandas en una mesa de negociación”. “Lo principal es el reconocimiento. Somos seres humanos y lo primero [que reclaman] es que podamos hablar. Necesitamos que el diálogo se abra ya”, insistió.

La búsqueda de acercamiento a un orden de relación entre las partes que involucran a las plataformas digitales está ocurriendo en casi todos los países del mundo, y esta aparición en Argentina sirve como precedente. Mientras que la discusión en la mayoría de los casos pasa por “definir lo técnico, si [los empleados de las compañías] son cuentapropistas o trabajadores dependientes”, para Ottaviano “debería ser si se los va a proteger o no”.