Ayer se reunió la mesa de negociación tripartita que nuclea a Petrobras y la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para discutir la realidad y posibilidades del sector, en conflicto desde hace años. La empresa, que se declara en una situación económica crítica, busca suprimir áreas de trabajo y denunciar unilateralmente convenios colectivos firmados con los trabajadores.

El dirigente sindical Alejandro Acosta dijo a la diaria que las conversaciones no prosperaron. “Confirmamos lo que preveíamos: lamentablemente, la empresa lo único que hizo fue reiterar su intención de suprimir a partir de la semana que viene los convenios colectivos, que establecían cierta estabilidad laboral mediante capacitaciones y posibilidades de reubicación en caso de cambio de condiciones en el mercado, y enviar a 56 trabajadores [de más de 70] a seguro de paro en octubre”, contó.

En tanto, los trabajadores expresaron en un documento –que presentaron al MTSS– siete razones que “demuestran que no es posible prescindir del personal actual”. Por un lado, la “obligación de realizar inspecciones periódicas” de acuerdo a las reglamentaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que sostienen que “se debe realizar con personal propio y no con tercerizadoras –como fue planteado por la empresa al Ministerio de Industria [Energía y Minería] a un costo de un millón de dólares por año–”.

También lo fundamentan dada la “obligación contractual de mantener y reparar las acometidas internas y los medidores”, según establece el contrato de concesión y siendo que la empresa sostuvo que “era imprescindible su aplicación como parte de la política corporativa”. En este sentido, notan que “la empresa opta por cortar el gas a los usuarios si se producen escapes en cuatro edificios con sitios de medidores inseguros”, lo que “en un fin de semana puede suponer [un corte de] hasta 72 horas” para estos.

Por otro lado, sostienen que el plan comercial acordado en el último convenio asegura la “reparación de filtraciones en cañerías de usuarios con un producto químico importado de Alemania –que actualmente está en la empresa pero nunca se implementó–, promoción de incorporación de usuarios con dos usos y conexión de usuarios en ‘bocas ociosas’, convenio con FUCVAM [Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua] y llamadas salientes del call center a los usuarios”, entre otras.

En tanto, denuncian que se está produciendo un “alto número de escapes en redes, nichos, alcantarillas e internos”, que “deben ser atendidos en tiempo y forma, según el contrato y pliego de condiciones”. Y previenen que, tal como en 2014, “puede ocurrir otro episodio de sobreodorización que redunde en miles de escapes a atender y que como en ese momento lleve a necesitar a todo el personal existente y con capacidad operativa”. Por último, que este invierno –“mucho más largo e intenso que el año pasado y similar al de 2016”– se ha producido un incremento “sustancial” de la facturación –“20% más como mínimo”, según el sindicato– por mayor venta de gas y, por ende, “queda demostrado que la baja de la facturación no puede usarse como elemento para promover seguros de paro y eliminación de partidas salariales”.