A lo largo de los 15 años transcurridos desde que fueron convocados en 2005 por el primer gobierno del Frente Amplio (FA), los Consejos de Salarios abarcaron más sectores, incorporaron nuevas cláusulas, como las de género, y mantuvieron en cada ronda un alto porcentaje de acuerdo, superior a 85%. Esas conclusiones surgen del informe de transición que presentó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) al gobierno que asumirá el 1º de marzo.

En ese período se convocaron siete rondas de negociación colectiva, con participación del Estado, los empresarios y los trabajadores. En las dos más recientes, las que fueron convocadas durante la administración actual, los ámbitos laborales contemplados en los Consejos de Salarios pasaron de 160 en la sexta, que comenzó en 2016, a 250 en la séptima, que se inició en 2018. Esta ronda, que todavía está en curso, fue la mayor en la historia del país, señala el documento.

Según el informe del MTSS, de 2005 a 2016 también se fueron ampliando los contenidos de los acuerdos. Se multiplicaron por cinco las cláusulas de género, se crearon fondos de administración bipartita y se amplió la negociación en varias áreas estatales: gobiernos departamentales, Corte Electoral, Fiscalía General de la Nación, Poder Judicial, Policía Nacional y Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En todas las rondas de negociación se alcanzó un porcentaje de acuerdos que varió entre 85% y 90%, incluyendo los acuerdos tripartitos y los bipartitos, y sólo se resolvieron por decreto de 3% a 5% de los casos.

Según los últimos números oficiales, de mayo de 2019, en la ronda que todavía está en proceso se alcanzó 47% de acuerdos tripartitos y 38% de bipartitos, es decir, aquellos a los que llegaron las cámaras empresariales y los sindicatos, con la abstención o la negativa del Poder Ejecutivo. Esta séptima ronda cierra el año con diez negociaciones pendientes de resolución del MTSS, y se resolvieron por decreto 3,5% de los casos, debido a que alguna de las partes se ausentó o se negó a negociar. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con algunas patronales rurales, informó el ministerio. Hubo 11 casos en los que se llegó a un acuerdo por la aprobación del Ejecutivo y los sindicatos, y otros 11 que contaron con la aprobación del Ejecutivo y los empresarios. En total suman 10% los que se resolvieron de este modo. En otros cinco, que representan 2% del total, el Poder Ejecutivo tomó una resolución ante la negativa o la abstención de los otros actores.

Los Consejos de Salarios en el sector estatal tienen un capítulo específico en el informe. Allí se menciona el “acuerdo histórico en el Poder Judicial con gremios de funcionarios, jueces, fiscales, defensores, informáticos”, que involucra a un total de 4.500 trabajadores. Se enumeran convenios generales en la administración central, en empresas públicas y en “casi todas las intendencias”.

Mediante esta negociación se alcanzaron mejoras salariales, y también de condiciones de trabajo, acceso a licencias especiales y beneficios. Por ejemplo, se amplió el alcance de la cobertura en lentes y prótesis que hace el Banco de Previsión Social (BPS), se incorporaron cláusulas para prevenir conflictos y se creó un fondo social en la administración central.

Foto del artículo '¿Cómo evolucionaron los Consejos de Salarios en los últimos cinco años?'

Consejos en campaña

Los Consejos de Salarios fueron uno de los temas recurrentes de la campaña electoral de 2019. Antes de ganar las elecciones, el entonces candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou dijo varias veces que no va a dejar de convocarlos, y se preguntó si debía tatuárselo para que dejaran de ponerlo en duda. Pero también afirmó durante la campaña que “para que subsistan los Consejos de Salarios hay que hacerles adecuaciones”, y agregó: “No lo digo yo. Hoy hay sindicalistas modernos, que están viendo la jugada, que lo saben”.

A esas declaraciones, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, respondió durante un acto de la central sindical: “Si nos dicen que en el tripartismo no se va a negociar la totalidad de los salarios, se podrán tatuar ‘Consejos de Salarios’, pero el contenido va a ser muy pobre. Si alguien dice que hay que flexibilizar [esos ámbitos], naturalmente que va a haber un movimiento sindical que lo va a enfrentar”.

Otros números

El MTSS reconoce en su informe de transición que “se observa cierto deterioro en el empleo”. Pero señala, al mismo tiempo, que durante este período de gobierno la población de Uruguay se incrementó en 150.000 habitantes, desde 2005 “el número de trabajadores aumentó en 250.000 y los cotizantes al BPS en unos 500.000”. Destaca, además, un crecimiento de 55% en el poder adquisitivo de los salarios con relación a 2004, y afirma que “el Salario Mínimo Nacional está en el mayor nivel de su historia, alcanzando los 16.300 pesos en enero de 2020”.

La cartera también señala que la Inspección General del Trabajo hizo 80.000 inspecciones en todo el país, y menciona sus acciones en materia de seguridad y salud laboral, con campañas de información y capacitación. “En este aspecto destacamos las normas que regulan las condiciones de trabajo en la industria química, sobre consumo problemático de alcohol y drogas, obligación de capacitar a repartidores en motocicletas, salas de lactancia, servicios portuarios, entre otras”, afirma el ministerio. Se refiere también a que se llevaron adelante políticas para erradicar el trabajo infantil y terminar con el trabajo adolescente peligroso. De acuerdo con el informe, estas y otras acciones permitieron que la siniestralidad se redujera a un tercio en el período 2014-2018.

Durante la administración actual también hubo varios cambios institucionales y coordinaciones con otros ámbitos. Por ejemplo, se unificó la Dirección Nacional de Empleo con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, lo que permitió que el número de trabajadores y empresarios que fueron capacitados se multiplicara por seis, afirma el documento del MTSS. Mientras que en 2014 recibieron capacitación 18.000 personas, la cifra aumentó a 120.000 en cada uno de los últimos tres años.

Para promover el acceso al trabajo entre los jóvenes, se firmaron 10.500 contratos laborales, 7.200 en el sector privado y 3.300 en el público, en el marco de la Ley de Empleo Juvenil. También se contrataron 775 jóvenes en la última edición del programa Yo Estudio y Trabajo, que comenzó en 2018.

“Además, el MTSS, a través de la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass), elaboró con el BPS y organizaciones sociales el Proyecto de Ley modificativo de las elecciones de los Directores sociales del BPS y colaboró sustantivamente con otros ministerios en proyectos”, como el de la ley de los “cincuentones”, así como en la reforma de la Caja Notarial y la Caja Militar, y las mejoras de gestión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, afirma la cartera en su informe. Recuerda que trabajó en promover el empleo para personas con discapacidad y el acceso de los artistas a la jubilación, y en atender la situación de las personas trans.

De acuerdo con los números del informe, también se avanzó en el cooperativismo durante este período. En diez años se triplicó el número de cooperativas, se aprobó más de un centenar de convenios y se otorgó un número similar de créditos. A esto se sumó el asesoramiento y la capacitación a cooperativistas, así como la formación en cooperativismo para docentes y estudiantes.

En cuanto a la gestión, entre los cambios que enumera el ministerio aparece la extensión de los trámites en línea. Una de las transformaciones del último período fue la de habilitar que todos los trámites que se hacen ante el MTSS se puedan iniciar en internet. Además, la cartera “ocupa uno de los primeros lugares de la Administración, con trámites en línea de punta a punta”.

El MTSS también avanzó en la implementación de mecanismos para hacer denuncias y su seguimiento online, comenzó a aplicar un “Sistema de Notificación Electrónica” y está en proceso “el desarrollo de una interfaz entre el sistema de citaciones a audiencias de conciliación individuales con el de notificaciones electrónicas”.

Apps, UPM y trabajo decente

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve el acceso al “trabajo decente”, la “oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social”. Su definición incluye también la “libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”. Entendido de ese modo, el trabajo decente está consagrado también en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

También el MTSS alude a ese concepto y a esas metas. Señala en su informe que en diciembre de 2015 se firmó el primer Programa Tripartito de Trabajo Decente de Uruguay, con representantes de la OIT. Afirma que según esa organización, Uruguay ocupa el primer lugar en América y el cuarto en el mundo en cantidad de convenios internacionales de trabajo y seguridad social ratificados.

Entre sus planes estratégicos, el MTSS enumera metas como la de aumentar la protección social y disminuir las desigualdades y la informalidad en el trabajo.

En su informe, el ministerio también presenta una lista de asuntos pendientes durante la transición. Allí la cartera menciona la necesidad de avanzar hacia la formalización y el control de las aplicaciones que ofrecen servicios de transporte, en la capacitación de repartidores en moto y bicicleta, y en la formalización de su empleo. Otro ítem alude a la tarea de “promoción de inversiones de alto impacto en el mundo del trabajo (como UPM)”.

El documento también alude a procesos a los que se debe dar seguimiento: licitaciones por vencer que necesitan renovarse, compromisos de participación en encuentros internacionales o la nueva convocatoria a Consejos de Salarios para aquellos acuerdos que están vigentes sólo hasta 2020. A partir de este año, estos asuntos, al igual que las políticas nacionales de trabajo, quedarán a cargo de la nueva administración.