El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que crea el Fondo Citrícola, “con destino al financiamiento de la actividad citrícola nacional”. Ese fondo, de 115 millones de pesos (unos tres millones de dólares), está destinado a otorgar un préstamo reembolsable para asegurar la realización de la cosecha de cítricos en Salto, en particular a la empresa Citrícola Salteña, del grupo Caputto, de la que dependen directamente 2.000 trabajadores. La firma, que se presentó a concurso de acreedores el 15 de febrero, mantiene una deuda de 43 millones de dólares; la mitad de esa suma (21,5 millones) se la debe al Banco República; diez millones a otras instituciones bancarias y acreedores comerciales, y 11 millones por una emisión de obligaciones negociables. También les adeuda a sus trabajadores quincenas, liquidaciones y licencias varias. Esta situación ponía en peligro el comienzo de la zafra de este año.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo que espera que el proyecto de ley “sea rápidamente considerado” en el Parlamento, y agregó que tiene tres objetivos: “dar el trabajo que necesita Salto para los trabajadores de la empresa Caputto directa e indirectamente vinculados”, “evitar el impacto que podría tener la no realización de la cosecha en aspectos ambientales y de riesgos sanitarios y en la salud, porque de perderse la fruta generaría problemas ambientales y plagas que podrían extenderse a otras plantaciones”, y “dar un incentivo para todos los impactos económicos que tiene esta actividad en el país y que trascienden a esta empresa en el departamento de Salto”.
El dinero será provisto por el Fondo para el Desarrollo de la Agencia Nacional para el Desarrollo (Fondes-Ande) y administrado por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería. Debe reintegrarse antes de los 12 meses y está condicionado a “determinados fines, como atender los costos directos e indirectos de la cosecha, la clasificación de la fruta, el empaque y la venta a nivel nacional y del exterior”, según indicó Murro en declaraciones al sitio de Presidencia. El ministro remarcó que en el caso de Caputto hay una intervención judicial desde que se aceptó el concurso de acreedores, y que la Justicia ha resuelto continuar la actividad de la empresa con “un interventor que es la Liga de Defensa Comercial”, en coadministración con representantes de la propia firma.
Finalmente, Murro destacó la actitud de los trabajadores de Citrícola Salteña, que en sus asambleas decidieron empezar a trabajar en la cosecha sin haber cobrado aún todos los créditos laborales adeudados por la empresa; y la de los titulares de obligaciones negociables, que postergaron hasta el 11 de abril “la ejecución de sus obligaciones”.