La petrolera brasileña Petrobras cumplió lo anunciado y despidió a siete de los 20 trabajadores de la empresa MontevideoGas que antes había enviado al seguro de paro. Ayer, en asamblea, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) decidió continuar con la huelga de hambre de tres de sus integrantes y hacer hoy un paro parcial con movilización. Se reunirán a partir de las 11.00 frente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, donde están instalados los huelguistas, y marcharán hacia la plaza Independencia, donde están las oficinas de la empresa.

Alejandro Acosta, presidente de Uaoegas, dijo a la diaria que hay una reunión acordada con el gerente de MontevideoGas en la que participará el PIT-CNT. Añadió que no hay una fecha prevista para realizar la medida anunciada por la Federación de Funcionarios de ANCAP de no proveer de combustible a Petrobras, dueña de las empresas MontevideoGas y Conecta, y aseguró que todas las acciones serán coordinadas con el PIT-CNT.

Ayer, el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, aseguró en rueda de prensa que no se desecha ninguna medida de lucha, y no descartó que la actitud de Petrobras sea “una forma de beligerancia o agresión del gobierno de [Jair] Bolsonaro contra nuestro país”.

El diputado frenteamplista Luis Puig, que interviene en las negociaciones como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, dijo a la diaria que no ve que la patronal tenga intenciones de llegar a un acuerdo, porque tanto el Poder Ejecutivo como la mencionada comisión le han planteado varias opciones y no aceptó ninguna. Puig señaló también que hace un mes se propuso que la empresa y los trabajadores dejaran de lado los despidos y las medidas de lucha, respectivamente, y hubo “un rechazo categórico” por parte de Petrobras.

El legislador considera que la empresa brasileña tiene “una estrategia de desconocimiento de aspectos básicos de la legislación laboral”, y que sus acciones son “un intento clarísimo de destruir la organización sindical”, pero que al mismo tiempo “ponen en riesgo el suministro del servicio público” de gas por cañería. Opinó también que la única manera de que exista una negociación real es que se dejen de lado los despidos. “Es una empresa que se quiere ir, no tiene interés en desarrollar el servicio público, pero en medio de ese retiro se plantea reducir la plantilla de trabajadores”, apuntó. Para Puig, es “un acto de soberanía exigir a la empresa que no desmantele un servicio público”, y el gobierno “tiene que poner arriba de la mesa las obligaciones que tiene la empresa con el Estado”.

Gerardo Núñez, también diputado frenteamplista e integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, dijo que las críticas desde la oposición a las medidas adoptadas por el sindicato, y en especial al intento de que la planta de MontevideoGas funcione bajo control obrero, le llaman la atención porque “cargan las tintas sobre los trabajadores”, sin dedicarle “ni siquiera un minuto a criticar la impronta de esta transnacional”. “Los candidatos de la oposición sólo critican el accionar de los trabajadores y se olvidan de que hay una patronal durísima que está arrinconando a esos trabajadores. No veo ninguna muestra de solidaridad”, comentó. “Lo que nos deja mal parados es que las empresas sientan impunidad para maltratar a los trabajadores”, añadió.

Ayer, la empresa afirmó en un comunicado que los despedidos ya tenían causal jubilatoria y que los despidos no tienen relación con su retiro del país. “Aclaramos además que estos planes de reducción de costos no tuvieron alteraciones tras el anuncio de Petrobras de desinversión de los activos en el Uruguay”, aseveró.