Los trabajadores contratados de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) están preocupados por la situación de 81 contratos de servicios personales que vencen el 31 de diciembre, según expresaron en cartas enviadas la semana pasada al director de ese organismo, Eduardo Andrés, y a la Comisión de Presupuesto del Senado, a las que accedió la diaria.

La preocupación está motivada en que sobre estos 81 contratos no tienen conocimiento de “que se hayan iniciado los trámites de renovación”, “cuando el trámite requerido para ello puede llegar a superar los dos meses de demora”, expresan en la carta a los legisladores.

Por su parte, en la carta al titular de la Dinama explican que el 30 de junio “vencieron 71 contratos y los trámites de renovación se iniciaron tardíamente”. “Todos esos trabajadores estuvimos más de dos meses y medio sin percibir el salario por este motivo, lo que además de ser inadmisible para un organismo público, representa una gran injusticia para personas que, a pesar de no cobrar, concurrieron todos los días a cumplir sus labores y sostener las funciones”, agregan.

Los contratados de la Dinama informan que esta situación fue planteada al ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, en una reunión que mantuvieron con él, el 26 de octubre, pero no han tenido “novedades al respecto”.

En la misiva dirigida a Andrés, los contratados plantean que si no se inician los trámites de renovación de forma urgente, “la situación descrita volverá a repetirse, generando nuevamente atrasos para el cobro de los haberes, con el perjuicio económico directo de los trabajadores que esto acarrea”. Pero, además, advierten que “el clima de incertidumbre que se origina con estos hechos ha ocasionado” la renuncia “de varios trabajadores contratados en áreas claves” para el organismo, debilitando “sensiblemente las capacidades” de algunas divisiones, “sobre todo de personal con presencia en territorio, vinculado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y a la Gestión Costera”.

Sostienen que la creación de un Ministerio de Ambiente “no puede realizarse en base a una institución debilitada. Desarmar los equipos que actualmente están cumpliendo funciones impediría continuar avanzando en las tareas que se ejecutan en la actualidad (no sin cierta dificultad) y que se vinculan a compromisos asumidos a nivel nacional e internacional”, y que si se continúa por ese camino habrá “una sobrecarga del personal presupuestado para poder atender la demanda que se recibe diariamente”, y colapsará el “funcionamiento del organismo”. Por todo esto, exigen que se inicien “sin demora” los trámites de renovación de todos los contratos de servicios personales.