El diputado por Barcelona Gerardo Pisarello explicó los alcances del recientemente aprobado ingreso vital mínimo en España

“Desde el sur, reconstruir la economía para cuidar la vida”, fue el tema de otro encuentro de la ronda organizada por la fundación Friedrich Ebert en Uruguay, que tuvo lugar la semana pasada. Allí se discutió sobre el ingreso mínimo vital y otras alternativas posibles por la seguridad material mínima.

En la conferencia virtual participaron el diputado por Barcelona Gerardo Pisarello; el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira; y la economista del Instituto Cuesta Duarte Alejandra Picco.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria a causa del coronavirus uno de los reclamos de las organizaciones sindicales y sociales es la creación de una renta básica temporal que asegure un ingreso mínimo a las personas que se quedaron sin trabajo como consecuencia de la pandemia. Esta no es una propuesta que esté en debate sólo en Uruguay, sino que se discute en diversos países.

El miércoles 10 de junio, el Congreso español aprobó por 297 votos a favor, 52 abstenciones y ningún voto en contra el decreto del ingreso mínimo vital, un beneficio destinado a las familias más vulnerables que va desde los 462 euros a 1.015 euros mensuales, según informó El País de Madrid. El gobierno de España estima que el dinero alcanzará a 850.000 hogares en los que viven más de 2,3 millones de personas.

El jueves 11 Pisarello dijo que “un gobierno progresista popular tiene que generar un escudo social para que no sean los más vulnerables los que paguen la crisis”. El diputado calificó la aprobación del ingreso mínimo vital de España de una medida extraordinaria en la historia de ese país. Explicó que se trata de “un ingreso inferior al salario mínimo”, que evitará situaciones de extrema pobreza. “Es un ingreso que no se pierde si las personas beneficiarias obtienen un trabajo con un determinado tipo de salario”, y a pesar de que se trata de un escudo, “no garantiza que las personas que lo reciben puedan desarrollar libremente sus planes de vida; no es una renta básica universal e incondicional, pero es un ingreso mucho menos burocrático que otras prestaciones sociales, que impide situaciones de degradación”, aseguró.

Pisarello dijo que medidas como esta se pagan con déficit y “posiblemente con deuda”, porque “España no tiene soberanía monetaria”. El dinero “sólo puede venir de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, entonces el gran problema que tenemos ahora no es sólo el del escudo social, [...] la gran pregunta es cómo se paga si no hay redistribución social. [...] ¿El dinero que venga a cambio de qué va a ser?”, se preguntó. “Si los créditos van a ser a cambio de recortes y ajustes, en unos cuantos meses vamos a volver a la situación anterior”, agregó y aseguró que “hay una parte de capitalistas lúcidos que están diciendo que si permiten que se hundan las economías del sur de Europa se van a hundir también ellos porque no van a tener a quién vender, no habrá consumidores y el mercado único se va a destruir”, por tanto proponen “hacer trasferencias directas”.

“Es posible que España pueda financiar sus políticas sociales no sólo con créditos sino, mediante trasferencias directas que van a suponer el endeudamiento de Europa, que tiene mejores condiciones para endeudarse, porque los mercados no le van a cobrar los intereses que cobrarían a España”, sostuvo.

Además de los estragos sanitarios producto de la pandemia en Europa, el diputado estimó que habrá “situaciones económicas delicadas con la posibilidad de nuevos retrocesos en materia de derechos humanos”. Dijo que en 2008 en España “la crisis se resolvió con un nuevo aumento de las desigualdades y aumento de la pobreza”, y el reto ahora es aprender que la economía tiene que defender “el derecho a la existencia de todas las personas” y evitar la acumulación del poder, en especial del poder privado que, a su entender, va en contra de la democracia.

Además, aseguró que las consecuencias de la pandemia serán similares a las de una guerra, pero sin edificios destruidos, con una gran caída de la economía, “que sólo se puede encarar con una política que ponga a los derechos en el centro”.

Pisarello sostuvo que hay gobiernos, como el boliviano, que están aprovechando la pandemia para restringir libertades, entre ellas la de movimiento, y que ejercen abusos en cárceles o mediante la represión abierta, como ocurre en Estados Unidos contra las manifestaciones de protesta por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía. “Estamos viendo cómo puede ser una excusa para el recorte de libertades. En Bolivia hay un riesgo de que se suspendan las reglas del régimen electoral con el congelamiento de las instancias electorales”, afirmó. Atribuyó los pocos casos de contagio por covid-19 en Uruguay a las políticas sanitarias llevadas adelante durante los 15 años por los gobiernos del Frente Amplio (FA). “Uruguay había entendido desde hace años que la salud pública es fundamental”, afirmó.

Derrota cultural

Por su parte, Pereira dijo que si bien en Uruguay hay un avance en cuanto al acceso a la salud, lo que se está viendo con la pandemia es la “mercantilización vinculada a la vacuna”. Además, fue muy crítico al señalar que en las últimas elecciones se perdió el debate cultural, ya que más personas salieron de la pobreza, hubo mayor poder de compra, pero, de todas formas, la población quiso cambiar.

No obstante, aseguró que Uruguay es un país con muchos avances y con una sociedad civil organizada, “tenemos un gobierno conservador pero no a un loco como [Jair] Bolsonaro”, sostuvo. El dirigente estimó que “las políticas sanitarias fueron bastante acertadas, y el sistema sí estaba en condicionales de dar respuesta, pero nunca fue tensionado. Hay 700 camas en Montevideo y nunca hubo más de 20 [ocupadas por casos de covid-19]. Sí es posible que fuera poca la movilidad en la cuarentena voluntaria, cada uno con sus propias reglas, sumado a la demografía, con ciudades pequeñas, un segundo factor [que contribuyó a los pocos contagios]. Hubo una unidad nacional y el mensaje del cuerpo científico era razonable”, afirmó.

A pesar de que dijo que una salida a corto plazo es posible, afirmó que algunas personas van a salir enteras y otras lo harán “a pedazos”, y no limitó ese problema a los más vulnerables, sino que lo extendió a quienes tienen, por ejemplo, una carpintería, una peluquería, o a los odontólogos, personas que no tienen espalda para afrontar la crisis.

Pereira aseguró que además de la renta básica, el PIT-CNT propone la exoneración del pago de servicios como la electricidad, el agua y la conexión a internet.

Para complementar, Picco dijo que antes del coronavirus 25% de los trabajadores no realizaban aportes a la seguridad social, pero no estaban en crisis, y que cuando dejaron de trabajar se vieron vulnerados. Sostuvo que las trasferencias hechas por el gobierno son insuficientes y afirmó que la seguridad social no estaba preparada para la cantidad de trabajadores que debieron ampararse en el seguro de paro.

Afirmó que la renta básica, de unos 16.000 pesos (menos que un salario mínimo), es viable económicamente porque Uruguay, tiene “cierta fortaleza económica y líneas de crédito”.

Estimó que la caída del producto interno bruto (PIB) este año será de entre 3% y 4%, pero la “recuperación será relativamente rápida”. “Una de las preocupaciones es el impacto que va a tener sobre la desigualdad. Se proyecta un incremento en la pobreza, y esos son los indicadores más difíciles de revertir. Poco se habla de cómo recuperar los mismos niveles de salarios y empleos. Hay que entender que la salida no va a ser homogénea”, afirmó.

“Atacar la desigualdad es algo que no depende de una única política, en los 15 años hubo avances, pero costó mucho tiempo: hoy nos preocupan no sólo los niveles de actividad. Tenemos enfrente un gobierno menos propenso a atacar estas problemáticas”, sostuvo.