El grupo, 9 subgrupo 01, de los Consejos de Salarios, “Industria de la construcción y actividades complementarias”, firmó ayer el convenio colectivo de la octava ronda de negociación, que regirá hasta el 31 de marzo de 2023. El acuerdo incluye cuatro ajustes salariales fijados para el 1 de mayo de 2020, el 1 junio de 2020 (que se aplicarán en forma retroactiva), el 1 de abril de 2021 y el 1 abril de 2022, y una cláusula gatillo para el mantenimiento del salario real. La retroactividad generada por el ajuste correspondiente a mayo, equivalente a 3,71%, se pagará conjuntamente con la primera quincena de agosto, y a partir del 1 de junio regirá un aumento de 4,20%.

El convenio incluye una salvaguarda para mantener el salario real. Si el salario real cae por debajo de 158 (con base en 1989=100), se aplicará un correctivo automático que llevará el salario a 164,74, que es el salario de abril más el correctivo de 3,71%. En ese caso, se aplicará al mes siguiente de la caída el correctivo necesario para alcanzar el salario real a 164,74, que es “el salario que se pretende mantener durante todo el convenio”, según dijo el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Daniel Diverio. Esta salvaguarda es válida para cualquier momento del período, sin importar la cantidad de aportantes.

Si al 31 de marzo de 2021 el promedio de los cotizantes del sector al Banco de Previsión Social (BPS) del año civil previo se mantiene dentro de la franja 39.000-52.000 trabajadores (como en la actualidad), se aplicará el factor de corrección necesario para mantener el salario real igual a 164,74, el que se incorporará al ajuste a otorgarse el 1 de abril de 2021. Si la cantidad de aportantes promedio del año civil previo es menor a 39.000 trabajadores, el correctivo también será menor y dependerá de la cantidad de aportantes (a menor cantidad de cotizantes, menor aumento). Si el promedio de cotizantes es menor de 34.000 trabajadores no se aplicará corrección. Por el contrario, si la cifra supera los 52.000 trabajadores se ajustará al alza, también con una escala progresiva según la cantidad de aportantes.

Diverio explicó que la franja de cotizantes funciona como un “blindaje” para empresarios y trabajadores: “El empresario tiene un blindaje, que es no tener que pagar aumentos salariales, por eso pusieron un número bien alto, y nosotros pusimos un número bien bajo, porque es difícil que en la construcción pasemos a tener 39.000 cotizantes en el corto o mediano plazo”, indicó. Para que esto suceda, tiene que darse una situación extrema, por ejemplo, que UPM se vaya, indicó. “No hay perspectivas de que el nivel de aportantes caiga tanto”, aseveró.

En abril de 2021 y de 2021 se aplicarán ajustes equivalentes a 90% del centro del rango meta de la inflación del Banco Central. Asimismo, se otorgará un ticket alimentación mensual para todo trabajador que cumpla un mínimo de 30 horas efectivamente trabajadas al mes, durante el período 01/04/2021–31/03/2022. Al 31 de marzo de 2023 se aplicará el factor de corrección necesario para llevar el salario real a 164,74, y ese coeficiente será parte del ajuste a otorgarse el 1 de abril de 2023.

El acuerdo también incluye la creación de un fondo de contingencia para atender “solidariamente a los trabajadores de la industria en situación crítica alimenticia [y] de vivienda”, mediante canastas solidarias de alimentos y la refacción de viviendas dañadas por catástrofes climáticas, entre otras medidas. Para su funcionamiento, se dispondrá un monto de 50 millones de pesos en 2020 provenientes del fondo acordado sobre contingencia sanitaria en el protocolo de covid-19. Este fondo se incrementará en 20 millones en 2021, como resultado de la redistribución de los fondos que ingresan del BPS al Fondo Social de la Construcción.

Asimismo, las partes acordaron crear una comisión bipartita para trabajar en temas de salud y seguridad ocupacional y continuarán trabajando en una comisión bipartita de asuntos laborales que estudie “la inclusión de personas con discapacidad, la inserción de la mujer en la industria y el abordaje en políticas de género, [temas que] han sido materia de preocupación y trabajo permanente en la industria”.

Por otra parte, se acordó crear una bolsa de 300 horas mensuales, no acumulables, que será destinada a la actividad sindical de los delegados departamentales y/o nacionales, y se define que a partir de 2021 la hora mensual destinada a la asamblea de seguridad ocupacional será paga en su totalidad. Se crea una comisión bipartita que tendrá como cometido trabajar en mejoras al protocolo de prevención y atención de conflictos y las relaciones laborales en la industria.