En 2013 el Poder Ejecutivo reglamentó un decreto para la protección del medioambiente (52/013); el articulado reguló el tratamiento de “los residuos derivados del uso de productos químicos, biológicos y otros bienes en la actividad agropecuaria, hortofrutícola y forestal”. Estos residuos son envases de productos químicos o biológicos, por ejemplo, fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre otros.
Para el correcto manejo de estos envases, el artículo 2 del decreto estableció que los fabricantes, formuladores o importadores deben estar inscritos en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), en coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). La finalidad del articulado es que los residuos no afecten el medioambiente y, entre otras cosas, establece sanciones. Para las empresas que incumplan con esta ley se fijaron multas para infracciones consideradas leves y que impliquen únicamente incumplimientos administrativos, que van desde 50 a 1.000 unidades reajustables (UR, entre 64.550 pesos y 1.291.000 pesos a 2021); para las infracciones consideradas leves, pero cuyas consecuencias “van más allá de un mero incumplimiento administrativo”, la multa es de entre 100 y 5.000 UR (129.100 y 6.455.000 pesos); para las infracciones consideradas graves, la sanción puede ser de entre 200 UR (258.200 pesos) y 7.000 UR (9.037.000 pesos).
Como son varias las empresas que producen o importan productos químicos, el mismo año que se reglamentó la ley la Asociación Civil Campo Limpio inició sus actividades en Uruguay con el objetivo de gestionar los envases de agroquímicos y fertilizantes. Siete años después, Campo Limpio tiene 85 socios y logró recolectar 1.519 toneladas de desechos, 20% más que en 2019. Aldo Invernizzi, gerente de Campo Limpio, dijo a Tiempo Agrario que el año pasado la recuperación de envases empezó de manera “rara”, producto de la pandemia generada por la covid-19, pero después, como la actividad agropecuaria no se vio tan afectada por la emergencia sanitaria, los niveles de recuperación fueron altos. “En la operativa de los centros de acopio casi que no notamos ningún cambio”, dijo Invernizzi al programa radial. Además, comentó que entre 2013 y 2018 crecieron tanto en cantidad de centros de acopio (en la actualidad hay 17 en todo el país) como en la recuperación de materiales. De manera ilustrativa, dijo que cada bidón de 20 litros recuperado pesa un kilo, por lo que, en total, se gestionó el equivalente a un millón y medio de bidones, aunque aclaró que no es el único tipo de envase que recuperan; otros son la plastillera, las bolsas de los silos, cajas de cartón y todos los envases que contengan agroquímicos o fertilizantes.
En conversación con la diaria, Invernizzi agregó que en 2013 sólo alcanzaron a recolectar 10% de los envases que se comercializaron, mientras que en 2020 el porcentaje llegó a 40%. “Es un camino lento pero vamos creciendo año a año”, dijo.
La ONG es parte de CropLife Latin America, una organización instalada en 18 países de América Latina que desarrolla programas con la participación de fabricantes, importadores, autoridades, distribuidores y agricultores.
“En otros países está muy avanzado el sistema de reciclaje”, dijo Invernizzi, y comentó que Uruguay “está bien” en esa materia. “Diría que tirando hacia arriba, pero la realidad es que tenemos un decreto de ley desde 2013 y lo que vemos es que no hay control de ciertos actores que tienen responsabilidades”, advirtió. En su opinión, uno de los puntos flacos son los comercios que deberían recibir los envases vacíos en los lugares donde no hay centros de acopio; eso está establecido por la ley y debería ser controlado por la Dinama, pero según Invernizzi, en los hechos no sucede, y por lo tanto la recolección de materiales está sujeta a la “concientización de los productores”. “Los importadores están controlados y es muy fácil, porque pasan por la Aduana y si no están en el programa no los dejan importar”, explicó.
Sobre el aumento en 2020 dijo que lo atribuye al incremento de esa conciencia en los productores. “Cada vez tenemos más productores que están trabajando con el programa, porque si bien el año pasado se incorporó un centro más, es relativamente chico y está en una zona ganadera, actividad que no usa muchos productos, como sí lo hace la zona granjera. Lo que sí creció fue el acopio de material en los centros ya existentes”, dijo.
Los planes y los socios
Invernizzi recordó que se trata de una ley de responsabilidades compartida, y explicó que Campo Limpio fue conformado por las empresas que importan al país; en tanto, los distribuidores y productores también tienen sus cometidos. Los distribuidores deben recibir los recipientes y los productores están encargados de acondicionarlos, ya que 98% de los envases se reciclan, por lo que “tienen que estar en ciertas condiciones”, y eso implica una limpieza de tres lavados por cada bidón.
Explicó que la gran ventaja de esa técnica de lavado es que cuando se va a aplicar el producto en la chacra, el agua de se vierte en el equipo con que se va a trabajar, entonces no hay contaminación. Ese proceso es “clave” porque permite que la ONG acceda al material descontaminado para después ser reciclado y, además, “a nivel ambiental también es beneficioso, porque muchas veces los productores no lavan el envase en el lugar del cultivo; se lo llevan para sus casas y ahí los lavan, y esa agua la terminan tirando, por ejemplo, en el pasto, y no es lo ideal”. Además de ser lavados, los recipientes deben ser perforados, porque pueden quedar a la intemperie y no deben acumular agua de lluvia; tampoco pueden ser reutilizados, y las tapas van por separado porque en las ranuras puede quedar algo de producto.
Después de que los envases son acondicionados y llegan a los centros de acopio, son picados o prensados y se los envía a los recicladores, que fabrican varios productos que deben estar autorizados por la Dinama. No se pueden hacer elementos que estén contacto con la comida ni con los niños. Se los llama “de bajo riesgo”, y un ejemplo es la madera plástica, “que vuelve al agro como postes”. También se puede hacer graseras o bolsas de residuos. “Para nosotros es fundamental la parte final de la cadena porque es la salida, no podemos crecer y aumentar lo que juntamos si después no tenemos una salida; por eso trabajamos mucho con las empresas recicladoras, para que puedan hacerse conocer y desarrollar sus productos”, dijo Invernizzi, y reconoció que en ese paso hay un “cuello de botella” porque se están haciendo menos cosas de las que se podría: “A nivel mundial se usa mucho el reciclado en lo que es la señalética de las rutas, o para hacer bancos de plaza”, algo que en Uruguay no sucede, comentó.
Sobre la cadena de reciclaje dijo que la ONG, por ley, fue creada y financiada por las empresas importadoras: “Son nuestros socios”, dijo. En tanto, las empresas recicladoras con las que trabajan ‒Abbaplast (que fabrica maderas plásticas) y la cooperativa de la Unión Rural de Flores (URF) ‒ deben procesar el plástico y venderlo a otras empresas para que terminen el proceso.
Invernizzi aclaró que el programa no es autosustentable, ya que algunos materiales reciclados tienen un valor y “a nosotros nos sirve recuperar algo de dinero, pero con otros materiales tenemos que pagar para que los lleven. Hay una fracción de envases que no se pueden lavar y esos los enviamos a destrucción, por lo que hay que pagar; por suerte es un porcentaje muy menor”.
Para 2021 Campo Limpio tiene pensado abrir un nuevo centro de acopio en Melo, donde esperan recolectar productos particularmente de la zona arrocera. “Esto surgió a impulso de las gremiales y productores locales, tenemos mucha esperanza de que funcione bien. Obviamente no va a ser un centro como puede ser uno del litoral, donde hay más superficie de agricultura, pero hay muchos productores alineados, por lo que creo que va a ir bien”, aseguró.