Cerrar los ojos, estar cansada y seguir. Las cuidadoras y cuidadores de los establecimientos de larga estadía para personas mayores (elepem) conviven con la informalidad, bajos salarios y baja sindicalización. Tras los brotes por covid-19 en residenciales y la exigida situación del sistema sanitario, este sector, integrado mayoritariamente por trabajadoras, ha sido un protagonista silencioso. Según datos que brindó María Luján Giudici, subdirectora general de Salud, el 13 de abril en la Comisión de Salud Pública, hay 9.627 funcionarios en los elepem del país –estos datos incluyen a todo el personal, no sólo a los cuidadores–. En la comparecencia destacó que existen 1.278 centros y 52 se encuentran en estado crítico. Para definirlos de esta forma se tuvo en cuenta factores como: no tener director técnico, el hacinamiento de los residentes, las denuncias previas con tenor de riesgo sanitario y el incumplimiento de la continuidad del trámite de habilitación. A los establecimientos donde se observan tres o más indicadores, que son 15, se los denominó “elepem críticos a priorizar”.
Soraya Larrosa, vicepresidenta del PIT-CNT y militante de más de 30 años en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), contó a la diaria que el sector de trabajadores en los elepem se compone mayoritariamente por mujeres. Entiende que las condiciones de trabajo de este sector son “muy malas”. “Hay mucha informalidad, muchísima; cuando vamos a los Consejos de Salarios solamente se discute el salario, no las condiciones de trabajo”, señaló. Agregó que esta situación se ve potenciada porque “muchos residenciales todavía están clandestinos”, pero aseguró que “aún en los residenciales reconocidos hay informalidad”. “Es difícil discutir con los representantes de los residenciales, porque permanentemente se quejan de que los ingresos no les dan para tener un presupuesto para salarios más altos”, indicó.
Larrosa relató un punto fundamental para comprender la situación de las cuidadoras y cuidadores: “No es que sea un sector poco sindicalizado, muchas veces cuando intentan armar sindicatos los despiden; no es que no haya voluntad de los trabajadores”. Sin embargo, manifestó que en algunos lugares se han logrado instalar mesas sindicales, aunque no todos los residenciales tienen representación. “A veces cuando se quieren organizar los comienzan a despedir, el perder el trabajo siembra mucho miedo”, expresó, y agregó que “hay excepciones, residenciales que pagan muy bien y que tienen muy buenas condiciones de trabajo y se cumplen todos los protocolos, pero son más los otros”.
Muros de distancia
Solange Santos es enfermera y cuidadora en un residencial de Lavalleja. Hace 18 años trabaja con personas mayores, pero en un año y medio piensa jubilarse. Es integrante del Movimiento de Familiares y Residentes de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores, también de la Red de Personas Mayores. Desde que comenzó la pandemia siente presión en diferentes frentes: la presión de no contagiarse, el cuidado de los residentes, y no contagiar. “Sabés que les estás negando el derecho de ver a su familia, de pasar tiempo con ellos, que todas las medidas se tomaron sin consultarlos, pero, a su vez, tenés el deber de cuidarlos para que no se vayan a enfermar”, explicó.
Desde su perspectiva, el trabajo de las cuidadoras es “poco valorizado por la gente y mal pago”. “Tenés presiones, no todos tienen un perfil para trabajar con personas mayores ni están preparados; ni siquiera a los enfermeros nos preparan para trabajar con las personas mayores”, indicó. Entiende que este tipo de situaciones “siempre pasaron” pero con la pandemia “se acentuaron”. “Me pongo en el lugar de gente que uno conoce, donde hay solo un cuidador para 15 personas y ese cuidador hace todo: cocina, limpia, los atiende. Sabemos que estas situaciones se dan y ¿qué hace esa persona si tiene covid? ¿Cómo resuelven?”, se preguntó Santos.
La enfermera manifiesta que desde el Instituto Nacional de Personas Mayores deberían impartirse cursos de capacitación “en temas específicos” y desde un enfoque de derechos del familiar, del residente y de los trabajadores. “Nosotros como trabajadores también tenemos derechos. Para hacer mejor nuestro trabajo quizás estaría bueno que nos capacitaran en los derechos que tienen los residentes, porque no todos los saben. Al no haber capacitación, repercute en los cuidados”, enfatizó.
Residencial en Montevideo.
Foto: Federico Gutiérrez
En el residencial donde trabaja ella aún no hubo casos de covid-19, pero marcó que de igual forma los residentes “sufren muchísimo” la falta de contacto directo con sus familiares. Debido al aumento de casos en el departamento, las visitas no están permitidas. La situación generó que se buscara formas alternativas para que las personas mayores estuvieran en contacto con sus familiares. El establecimiento de larga estadía tiene un patio amplio rodeado por muros: de un lado se ubica al residente, con las medidas de protección, y del otro lado se acerca el familiar. “Eso es una solución porque ellos conversan, pasan charlando, sin exponerse”, contó.
Santos piensa que si se detectara un caso positivo la situación en el residencial cambiaría totalmente. “¿Qué haríamos nosotros? La mayoría iríamos a encuarentenarnos para atenderlos. ¿Cómo los atendemos? Tendrían que ir personas extrañas también, que para ellos es todo un tema, los afecta. Hay que considerar muchas cosas. Me imagino que en esos casos la presión debe ser mucha, debe ser muy duro trabajar en esas condiciones”, reflexionó.
la diaria también conversó con una trabajadora de un residencial donde sí hubo casos positivos, que prefirió mantener su nombre confidencial. Contó que cuando se dio el primer caso dentro del centro sintió que “fue realmente caótico”. Primero algunos residentes dieron positivo, después funcionarios. “Estuve en cuarentena una sola vez, pero tuve compañeras con tres o cuatro cuarentenas, compañeros contagiados, compañeros que contagiaron a los familiares. En uno de los casos, un hijo de una compañera terminó en el CTI, fueron meses muy complicados”, recordó.
La trabajadora expresó que fue muy duro ver lo que había provocado el aislamiento en los residentes: “Depresión, adelgazamiento, miedo, mucho miedo”. Sumó que en el establecimiento donde trabaja hay una baja de residentes importante, personal fue enviado a seguro de paro y algunos fueron despedidos. “Es estresante, muy agotador, requiere mucho esfuerzo físico y mucho esfuerzo emocional”, finalizó.
La salud mental desde una perspectiva comunitaria
El 14 de abril el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEN) presentó una serie de recomendaciones ante la situación de emergencia sanitaria en los elepem, que catalogaron de “crisis humanitaria”. Se hizo hincapié en la necesidad de “atender la situación de salud mental de las y los trabajadores a cargo del cuidado en los elepem”, ya que “se trata de un sector poco visibilizado en sus aportes, no muy valorizado socialmente y con un bajo salario por su trabajo, que hace más de un año viene sosteniendo el cuidado en condiciones muy estresantes”. Robert Pérez, doctor en Salud Mental Comunitaria y coordinador del CIEN, dijo a la diaria que se debe resaltar “la necesidad del carácter político del tema: muchas veces se plantea que la salud mental es un tema individual, cuando claramente hay una transmisión comunitaria”. Agregó que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta por parte de autoridades.
Pérez enfatizó que los residenciales “se han cerrado para todo el mundo menos para los trabajadores y trabajadoras”, y agregó que “es mentira que haya una burbuja en el residencial”, porque debido a las condiciones laborales, el personal debe trabajar en más de un lugar. Entiende que esta problemática “por lo menos debería llevar a repensar si efectivamente las medidas de cierre de visitas fueron acertadas”.
“Juntamos el estigma sobre esta población, la baja capacitación, la baja sindicalización y los bajos salarios, y tenemos como resultado una población altamente vulnerable, que queda expuesta a los poderes y tensiones que se generan entre los familiares y los dueños, lo que nos da una baja calidad del cuidado”, resaltó Pérez. El coordinador del CIEN recalcó que “sería muy distinto si estas personas ganaran un salario digno que les permitiera vivir plenamente y dedicarse al trabajo de cuidados exclusivamente, y no hacerlo como una estrategia de supervivencia hasta que se consiga algo mejor”.
Advirtió que los cuidados “no pueden pensarse de forma unilateral” y reafirmó que la persona que recibe el cuidado, los trabajadores y trabajadoras, las familias y los gestores deben ser parte activa. “Hay que poder analizar la situación desde una óptica integral, y las condiciones de cada uno de estos sectores incide en las de los demás”, sumó.