Luego de que un artículo de la Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento plantea la eliminación de la mezcla de biodiésel, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) advirtió por los efectos de esta medida y de otras que, según entienden, planea el gobierno para Alcoholes del Uruguay (ALUR) —subsidiaria de Ancap— sobre el empleo.

“Ante la situación de posible cierre de ALUR Capurro (planta biodiésel) y ALUR Paysandú (planta de bioetanol), con una pérdida de 4.000 puestos de trabajos directos e indirectos, en donde se encuentran trabajadores afiliados a nuestro sindicato, nuestro gremio se declara en estado de preconflicto y analiza un plan de acción”, informó el STIQ.

Se trata de una decisión en línea con el reclamo que llevan adelante la Coordinadora de Sindicatos de Ancap –que nuclea a 12 sindicatos–, la Federación Ancap (Fancap), el sindicato de ALUR y el Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar, con quienes el gremio de la industria química coordina acciones y movilizaciones.

Semanas atrás, Diego Zipitría, presidente del STIQ, explicó a la diaria que en la planta Capurro trabajan 40 personas que se rigen por el derecho privado –ALUR es una sociedad anónima de propiedad estatal– y se llega a 100 trabajadores contando empleos indirectos, como fleteros y personal de seguridad. El cierre impactaría también en la planta industrial de la empresa Cousa, que aporta a ALUR la materia prima para producir biodiésel y tiene un contrato con el Estado por el servicio de molienda hasta 2028.

“La bandera del sindicato es no perder las fuentes de trabajo. Si quieren hablamos de eficiencia en la producción, el sindicato no se cierra; y si quieren que [la planta Capurro] pase a manos privadas, lo analizamos. Queremos ver quién está de acuerdo [dentro del sistema político] con cerrar una industria nacional, perder puestos de trabajo de calidad y contaminar más. Por ahora, sabemos que el herrerismo, dentro del Partido Nacional, siempre ha buscado el cierre de Ancap”, dijo Zipitría.

En la declaración del STIQ se menciona “que hasta el momento quienes mostraron interés en el tema han sido el senador [Guido] Manini Ríos [de Cabildo Abierto], Adrián Peña, ministro de Ambiente [del sector Ciudadanos del Partido Colorado], y algún Legislador de la oposición”. Los trabajadores entienden que “hoy urge concretar un diálogo social, cuya responsabilidad es de todos los partidos políticos”.

A su vez, recuerdan que “desde hace un año” realizan “gestiones ante el gobierno, oposición, ministerios y Poder Legislativo, con el objetivo de que se instale una comisión con participación de todos los involucrados”. Como actores de esa mesa de diálogo mencionan a los sindicatos, el directorio de ALUR, Ancap, Cousa, pequeños productores de granos y el sistema político.

La medida de eliminar el biodiésel viene siendo impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, como forma de reducir los costos de producción del gasoil y en busca de bajar el precio final del combustible que utilizan los sectores productivos. Si bien en la Rendición de Cuentas se propone elevar el mínimo legal de mezcla de bioetanol en naftas —sube de 5% a 8,5%, aunque Ancap ya mezcla por encima—, en el STIQ entiende que el cierre de la planta de Paysandú es “el próximo paso” del gobierno contra ALUR.