El Instituto Nacional de Estadística (INE) no se hizo presente este miércoles a una instancia de negociación convocada por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) a pedido de los trabajadores nucleados en la Agrupación de Censistas (AC). Sí estuvieron delegados de la Asociación de Empleados de Estadística y Censo (ASEEC) y de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys). La reunión era por el reclamo del incumplimiento del contrato acordado con el INE para realizar el censo nacional 2023.

Jacobo Calvo, integrante de la AC, dijo a la diaria que “no hubo aviso oficial por parte del INE a los trabajadores de su petición de suspensión. Tampoco dieron un motivo concreto por el que se ausentaban”. Señaló que del instituto no asistió tampoco ningún abogado ni representante legal.

El vocero agregó que “creemos que la ausencia es porque todavía tienen salarios y liquidaciones sin pagar, por lo que estarían acudiendo en una situación problemática para ellos”. Ahora, la instancia del miércoles se reagendó para el jueves 26. Los trabajadores estiman que en los próximos días el INE se pondrá al día con el pago de salarios en todo el territorio nacional, y que de esa manera asistirá a la instancia de la semana que viene sin el peso del reclamo salarial.

Con el objetivo de ir analizando la situación y a la vez ir tomando decisiones en conjunto, los representantes de los gremios localizados en Montevideo están organizando asambleas departamentales en Cerro Largo, Paysandú, Maldonado, Montevideo, Treinta y Tres y Rocha, a los efectos de que los trabajadores que cumplieron tareas en esos departamentos tengan voz y voto en las resoluciones.

El contrato que tenían los trabajadores era privado, en una triangulación con el INE y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Según el acuerdo con los trabajadores, por cada persona que sea censada, en una entrevista de menos de 15 minutos, se tenía que abonar 91 pesos. Por una entrevista de entre 15 y 30 minutos, se debía pagar la suma de 155 pesos, y de 30 a 45 minutos 202 pesos. “Esas cantidades nosotros nunca las vimos”, dijo Calvo.

En cuanto a qué pago recibían, dijo que a cada censista se le pagaba diez pesos por vivienda y 15 pesos por persona encuestada. “Era un promedio de entre dos y tres personas por domicilio, que aproximadamente terminaba siendo un promedio aproximado de 60 pesos por cada hogar”, detalló.

Documento para negociar

La AC confeccionó un documento que tenía previsto presentar a los representantes del INE, que fue aprobado por la ASEEC y Fuecys.

Un fragmento del texto, al que accedió la diaria, dice: “esta negociación se da en el marco de un nuevo incumplimiento de la empresa con trabajadores en situación de impago de salarios, liquidaciones o expidiendo recibos que no se corresponden con actividades realizadas por algunos empleados. En un contexto más amplio, esta negociación se da en un marco de privatización de las actividades que debería realizar el INE, de ausencia completa de diálogo entre la dirección de dicho ente público con los trabajadores, a pesar de las innumerables peticiones por parte de la ASEEC, y, por último, en un escenario de alta informalidad dentro del rubro Investigación de Mercado y Estudios Sociales (Gr. 19 subgr. 13) como es conocido por Fuecys”.

Los trabajadores denuncian que “han existido notables demoras en el pago de salarios y liquidaciones de los censistas. El más señero, el atraso en los pagos a los trabajadores que decidieron cambiar su contrato de ‘censista urbano’ al de ‘censista de operativos grupales’. Decenas de trabajadores se vieron afectados en el pago de sus salarios de mayo y junio, los cuales solamente pudieron cobrar el día 28 de julio. Recientemente está ocurriendo lo mismo con las liquidaciones y salarios del 20 de agosto al 20 de setiembre. Se solicita entonces un recargo de 10% por mora en proporción con los recargos que tuvo que pagar el trabajador”.

Otro de los reclamos expresa que “la empresa incumplió el convenio”, que establecía que cada 12 encuestas que hiciera cada trabajador se le pagaría una botella de agua de 600 ml. “Tal cláusula nunca fue cumplida ni expresada por parte del empleador, por lo que se solicita el reembolso de 60 pesos por jornada trabajada (precio de la botella). Del mismo modo, se expresa lo mismo en cuanto a la entrega del protector solar, a razón de 500 pesos por mes trabajado”.