En la sesión de la Cámara de Senadores de este martes los legisladores de la coalición de gobierno votaron afirmativamente el proyecto de ley de personería jurídica de los sindicatos, que ya tenía media sanción desde finales de 2021, momento en que la Cámara de Diputados también lo aprobó. El resultado de la votación en la cámara alta fue de 17 a 29 votos a favor de la aprobación de la ley.

Además, los senadores se pronunciaron sobre dos agregados que Cabildo Abierto (CA) quería incorporar al proyecto: el voto secreto en los sindicatos y eliminar el descuento automático de la cuota sindical. Sin embargo, esas iniciativas no fueron acompañadas por la coalición y no prosperaron.

El primero en tomar la palabra durante la sesión fue el legislador cabildante Raúl Lozano, que ofició de miembro informante del proyecto. Comenzó su oratoria destacando que el Parlamento recibió a delegaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los sindicatos y los empresarios para escuchar su opinión sobre la ley. En ese sentido, indicó que “no es un proyecto consensuado en su totalidad, pero tampoco las partes se opusieron firmemente. Hay artículos que contemplan aspiraciones del movimiento sindical, y otros que incluyen las del sector empleador”.

De acuerdo a Lozano, la personería jurídica le confiere a la entidad gremial “un marco legal claro y objetivo” que favorece las actuaciones de organizaciones “conforme a derecho, en favor de sus integrantes y facilitando su propia operativa”. Además aclaró que el proyecto no alude a la personería gremial, “garantizada en nuestro ordenamiento jurídico vigente”, sino a la personería jurídica. Por lo tanto, sostuvo, “de ninguna manera se puede decir que se estén limitando los derechos que tienen relación con el ejercicio de la actividad gremial propiamente dicha”.

En misma línea se posicionó el senador blanco Jorge Gandini, que afirmó que el proyecto no violenta la libertad sindical y que establece un registro para que “empleadores y trabajadores tengan una modalidad de organización de su personería jurídica adaptada a su realidad”. Según él, “de ahora en adelante todo aquel que asuma obligaciones, o derechos, o reciba dineros de los trabajadores o de otro origen legal, tendrá la seguridad de la transparencia que el mismo pertenece a la organización y no a las personas físicas que se colocan en ese lugar”.

Lozano también se refirió a la iniciativa de su partido que plantea agregar a la ley un artículo que vuelva obligatorio el voto secreto en los sindicatos. Apuntó que se consultó a la delegación del PIT-CNT sobre la elección de sus autoridades por voto secreto y que desde la central sindical “no mostraron una firme oposición al respecto”: “La mayoría de los gremios, según lo manifestaron, ya eligen sus autoridades por medio del voto secreto. Nosotros propusimos en la comisión que para transparentar y darle mayor calidad democrática a la elección de las autoridades en los distintos gremios de base, la elección se hiciera por voto secreto”, planteó.

La propuesta de CA sobre en la forma de sufragar en los sindicatos también contó con el apoyo del senador nacionalista Sebastián da Silva, ya que dijo tener “una convicción firme, inmodificable e incambiable” que lo ha hecho ser “uno de los blancos más saravistas”. Sin embargo, sus correligionarios no mostraron la misma adhesión a esa propuesta. Sobre el proyecto en general, agregó que “el mensaje que hay que dar es de tranquilidad a los sindicalizados, ya que a partir de hoy van a poder tener más transparencia”.

Los argumentos en contra

Por el lado de la oposición se destacó la intervención del senador frenteamplista Óscar Andrade, quien señaló que su fuerza política no acompañó la iniciativa por “razones de contenido y de oportunidad”. Explicó que las relaciones laborales en Uruguay tienen como característica una “altísima autonomía” sin intervención del Estado. En segundo lugar, apuntó que el proyecto no atiende un “problema principal” que es la conflictividad laboral. De acuerdo al senador, el origen de la conflictividad laboral en Uruguay tiene que ver con incumplimientos laborales de los empresarios y no con la Ley de Negociación Colectiva.

En cuanto al contenido del proyecto, Andrade apuntó que “no incorpora sanciones y mayores obligaciones para los empresarios para cumplir con dar información durante las instancias de negociación colectiva”. Pero, principalmente, indicó que todos los sindicatos grandes del país tienen personería jurídica, por lo tanto, el proyecto perjudica a las asociaciones de trabajadores más pequeñas que no la tienen. En ese sentido, planteó que los trabajadores reciben sanciones por no tener personería jurídica, pero el proyecto no indica sanciones para las empresas que no las tengan.

Andrade señaló que para defender la ley se argumentó que tiene como objetivo levantar una de las observaciones que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a raíz de las quejas del sector empleador sobre algunos puntos de la ley de negociación colectiva. Sin embargo, sostuvo que los empleadores afirmaron que con esta ley la queja se mantiene porque “su objetivo no es la personería jurídica de los sindicatos, es que el Estado no participe en la negociación colectiva”.

“Esto no permite levantar la queja en la OIT, genera dificultad para la formación de sindicatos nuevos de los trabajadores en situación más precaria”, aseguró. Además, insistió en que la mayoría de los sindicatos tienen personería jurídica y retó a los parlamentarios de la coalición a nombrar cinco asociaciones de trabajadores que no la tengan, pero no obtuvo respuesta.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta también se sumó a las críticas y señaló que no ve en este proyecto “una norma que establezca facilidades para la obtención de la personería jurídica”. Al igual que Andrade, afirmó que “un altísimo número de sindicatos tienen personería jurídica” y agregó que no tiene claro que ocurra lo mismo en las cámaras empresariales. “La transparencia parece estar flechada hacia determinado lugar”, observó.

Dijo que uno de los argumentos de las empresas para no presentar información durante la negociación colectiva es que los sindicatos no tienen personería jurídica, por lo tanto, no tienen garantías si la información se filtra. No obstante, apuntó que en los casos en que los sindicatos sí tienen personería, las empresas igual no presentan información. En ese aspecto, sugirió que el proyecto debería incorporar que se vuelva obligatorio que las empresas proporcionen “la información correspondiente para poder negociar de buena fe”.

PIT-CNT: “Una instancia más de regulación de la libertad sindical”

En el PIT-CNT no tenían “idea” de que el proyecto “se iba a tratar hoy”, dijo a la diaria Joselo López, vicepresidente de la central sindical. De hecho, este lunes sesionó el Secretariado Ejecutivo pero el tema no fue discutido porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo en el Parlamento. “No sabemos si es parte de la negociación de CA por la reforma jubilatoria o si tiene otra connotación, porque si bien sabíamos que este proyecto estaba en carpeta, no sabíamos que se iba a votar hoy”, señaló López.

De todos modos, López recordó que el movimiento sindical rechaza la ley bajo el argumento de que “la autonomía sindical debería mantenerse tal cual está definida por la ley de libertad sindical”, aprobada en 2006. A su entender, la aprobación del proyecto supone “una instancia más de regulación de la libertad sindical” y, al igual que Andrade, sostuvo que “la gran mayoría” de los gremios ya tiene personería jurídica porque, entre otras cosas, “la necesitan por las cuentas bancarias”. También aseguró que “la gran mayoría” de los sindicatos “resuelve sus elecciones por voto secreto y son contados con los dedos de la mano aquellos que votan en congreso [a mano alzada] sus elecciones”.

No obstante, el vicepresidente del PIT-CNT valoró que los dos agregados propuestos por CA hayan fracasado. “Está claro que esto es menos nocivo que lo que estaba impulsando por alguna otra vía” el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos, señaló.

En tanto, la secretaria general de la central obrera, Elbia Pereira, coincidió en que “es evidente que lo que se pretende con esto es intentar regular las acciones que lleva adelante el movimiento sindical”. En diálogo con la diaria, recalcó que la mayoría de los sindicatos ya tiene personería jurídica y define sus autoridades por voto secreto; por lo tanto, sostuvo, la ley “en cierta manera es un saludo a la bandera”.

Pereira definió la iniciativa como “el intento de regular lo autorregulable” y cuestionó al gobierno por “tratar de querer intervenir dentro de las internas de las organizaciones sindicales”. Agregó, además, que no existe un descuento automático de la cuota sindical porque “cada trabajador autoriza con su firma el descuento”.