La Federación de Transporte y Carga Forestal (FTFC) emitió este martes un comunicado sobre “los hechos de pública notoriedad relacionados al estado y correcto uso de caminería rural en días de lluvia, en este caso en Paysandú, pero que aplica a todo el país”.

El lunes de la semana pasada, en medio de las intensas lluvias que cayeron sobre casi todo el país y que afectaron entre otras cosas el estado de la caminería rural, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, posteó en su cuenta de X un video que mostraba un camión tritren cargado de madera recorriendo un camino vecinal junto a un cartel que indicaba la prohibición de circulación de vehículos pesados en caminos rurales en días de lluvia, y escribió: “Cayendo agua y con cartelito que te dice que no podés circular. Y después alguno se molesta si digo que los de UPM son unos atrevidos”.

Días antes, y adjuntando un video de similares características, Olivera expresaba: “Los señores de UPM pensarán que somos un país bananero y pueden hacer lo que quieran. En plena emergencia vial, CERO respeto a las normas, a las autoridades, a los vecinos. CERO sensibilidad. Se agotó la paciencia con estos atrevidos”.

Olivera, además, en declaraciones a la prensa, advirtió que enviaría a la Junta Departamental sanducera un proyecto para la aplicación de multas ejemplarizantes y cargó contra los transportistas de carga que violan la normativa.

El martes pasado Olivera definió una serie de medidas para su departamento: “En seis meses han caído 1.700 mm de agua. La situación de nuestra caminería está comprometida. La zafra de granos peligra y es por eso que junto a todos los interesados hoy acordamos medidas excepcionales para que la zafra no se resienta. Juntos, los sanduceros vamos a salir adelante”, escribió en X.

El viernes, el Poder Ejecutivo decretó la emergencia nacional vial por el mal estado de la caminería rural en todo el país por las lluvias.

Situación particular de cada camino

La FTFC manifiesta coincidir con Olivera en “aplicar el sentido común para buscar soluciones”, y entiende “la importancia de considerar la realidad de cada camino a efectos de habilitar su utilización luego de las lluvias”. Pero, para la gremial, el “régimen que limita el uso 72 horas después de cada evento no considera la situación particular de cada camino, que puede permitir su uso antes o después de ese tiempo dependiendo de las características del camino y la intensidad de los eventos en los distintos lugares”.

“Por eso hay que recorrer cada camino antes de volver a circular con el fin de garantizar un transporte seguro. Esto aplica a cualquier actividad del transporte y es la manera más eficiente de manejar los reinicios. A ninguna empresa, de ningún rubro, le sirve que los caminos estén deteriorados. Todos necesitamos trabajar, retomar la actividad cuanto antes y el país mover la producción, a ningún actor le sirve que un camino no se pueda usar o presente condiciones inseguras”, agrega el comunicado.

La gremial de transporte forestal aclara que antes de las lluvias cortan la actividad, y se “derivan los camiones vacíos que estén en el monte o yendo hacia él a cargar a acopios intermedios (pensado justamente para cargas en días de lluvia, y ubicados en lugares estratégicos en cuanto a caminería), o simplemente quedan detenidos en el lugar”. En tanto, los camiones que “estuvieran saliendo del monte cargados al momento de comenzar la lluvia, si la situación lo amerita, quedan detenidos lo antes posible en lugar seguro, dejando libre circulación de tránsito”, agregan.

La FTCF finaliza poniéndose “a la orden para buscar las mejores soluciones con respeto, mediante el diálogo y el intercambio de ideas”.

La semana pasada la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), otra gremial empresarial vinculada al sector, había emitido un comunicado en el que señaló a Olivera por venir “apuntando contra las empresas y los trabajadores del transporte de carga, pretendiendo encontrar allí a los únicos responsables del estado de la caminería rural de su departamento, y queriendo avalar con esto la instauración de multas y nuevos costos asociados a la actividad”.

“Por supuesto que compartimos la preocupación por la situación de la caminería y las rutas nacionales, algo por lo cual trabajamos hace años, sin embargo, eso no amerita plantear nuevos impuestos, más costos, medidas persecutorias ni desconectadas de la realidad productiva, sino que plantea la necesidad de encontrar soluciones reales, que no afecten el trabajo cotidiano”, manifestó la gremial, que también se puso a disposición para “buscar mecanismos de trabajo en conjunto para alcanzar soluciones a los problemas”.